Rodrigo Morales M.
El miércoles de la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo una memorable sesión en la que se confirmó que el arbitraje electoral dotado de autonomía e imparcialidad ha llegado a su fin. Se debatió en torno a la validez de la elección de ministros a la corte.
El proyecto presentado por el magistrado Reyes Rodríguez, señalaba lo que muchos vimos y la totalidad de ejercicios de observación consignó: no se trató de una elección que haya respetado los mínimos de integridad electoral, o para decirlo en otras palabras, se trató de la primera elección abiertamente no democrática desde el inicio de la transición.
Pero de manera puntual, y para fundamentar la nulidad de la elección, el proyecto señalaba que tras la estrategia sistemática de los acordeones hubo dinero ilícito y una afectación a la autenticidad del sufragio. Los candidatos negaron haber financiado la impresión de acordeones, pero estos existieron y la ley expresamente señala que no podía haber en la contienda otro financiamiento que aquel que provenía del bolsillo de los contendientes. Quien haya sido el que pagó los acordeones violó la ley.
Por otro lado, el impacto que tuvieron los acordeones en el resultado final de la elección ha sido profusamente documentado; es decir, es legítimo poner en duda la autenticidad del voto. Pero frente a estas evidencias, los colegas del magistrado Reyes que ostentan la mayoría en la Sala Superior no se conmovieron y les pareció que hacían falta pruebas más contundentes, como si los acordeones hubieran sido producto de generación espontánea y no hubieran tenido impacto en los comicios. En fin, lo que casi todos vimos como evidencias, aquellos magistrados lo juzgaron como conjetura.
Es muy preocupante. Salir a jugar un partido de futbol, o cualquier otro deporte, a sabiendas de que el árbitro tiene los dados cargados, no sólo afecta la calidad de la contienda, sino que siembra incentivos perversos entre los jugadores. No parece que estemos dimensionando la gravedad de ese hecho. En fin, se perdieron sistemáticamente todas las oportunidades para reconducir el contrahecho proceso electoral judicial y desafortunadamente en septiembre emergerá un poder judicial carente de toda legitimidad democrática.
Sin duda lo vamos a lamentar. Reconstruir un arbitraje que merezca ese nombre, que otorgue confianza a todos los contendientes puede ser una empresa muy desgastante y compleja, y más cuando esa preocupación, la de restaurar un arbitraje creíble, no está en el corazón de la reforma electoral que se avecina.
* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.
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