Adalid de la honestidad se autocontrató en el CONAHCYT

Durante su gestión como servidora pública, María Elena Álvarez-Buylla autorizó el financiamiento de un proyecto de investigación dirigido por ella misma, en medio de una crisis de becas que dejó sin apoyo a miles de estudiantes de posgrado en México. Además, se asignaron recursos a una investigación encabezada por su madre, lo que ha sido señalado como un conflicto de interés

Redacción Más

María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien durante el sexenio pasado se proclamó como adalid de la austeridad y transparencia en el ámbito científico, autorizó durante su gestión como directora del entonces Conacyt (hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) el pago de 751 mil pesos para financiar un proyecto de investigación encabezado por ella misma. La asignación se dio mientras miles de estudiantes de posgrado en todo el país, incluidos más de un centenar del Cinvestav, quedaron sin becas ni apoyo económico para continuar sus estudios.

De acuerdo con información publicada por el portal Emeequis, Álvarez-Buylla, entonces titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y adscrita al Instituto de Ecología, gestionó y firmó como responsable técnica un proyecto titulado ‘Patrones Genéricos y Sistémicos de la Diferenciación y la Proliferación en los Nichos de Células Troncales: Raíz de Arabidopsis thaliana como sistema de estudio teórico-experimental’. La investigación fue financiada con recursos públicos por un monto de 751 mil pesos.

El caso ha generado fuertes cuestionamientos, no solo por el evidente conflicto de interés al autoasignarse recursos siendo máxima autoridad del organismo, sino también por el contraste con la situación crítica que vivían –y aún viven– miles de estudiantes e investigadores del país, quienes han sido excluidos del sistema de becas debido a reformas estructurales y recortes presupuestales implementados bajo su administración.

Además, durante ese mismo periodo, el Conacyt también destinó 2 millones 733 mil pesos a un proyecto dirigido por Elena Roces, madre de Álvarez-Buylla. Esta investigación abordaba los efectos de la hiperinsulinemia y obesidad en la diferenciación celular en ratas, sin que se diera a conocer si se sometió al mismo rigor que el resto de las propuestas concursadas. Ambos proyectos recibieron apoyo del mismo fondo mientras la institución limitaba apoyos a nuevas generaciones de científicos.

Mientras se financiaban estos proyectos familiares, más de 125 estudiantes de maestría y doctorado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se quedaron sin beca de manutención desde enero de 2024. A nivel nacional, reportes independientes estiman que entre 1,000 y hasta 5,000 estudiantes podrían haber sido afectados, debido a que aproximadamente 2,400 programas de posgrado fueron excluidos del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) entre 2024 y 2025, tras la entrada en vigor de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La falta de becas ha obligado a muchos estudiantes a suspender sus investigaciones, aplazar la conclusión de sus tesis o abandonar sus programas. En el Cinvestav, se implementó de forma temporal un esquema llamado Sep-Cinvestav para cubrir parte del vacío, pero con reglas cambiantes y sin garantías de continuidad. En 2025, el programa Becas Elisa Acuña sustituyó al esquema anterior, pero dejó fuera a esta institución tras un ajuste en las reglas de operación, dejando a los estudiantes en total indefensión.

En paralelo, la gestión de Álvarez-Buylla en el Conacyt también enfrentó críticas por otros episodios polémicos, como los retrasos en el desarrollo y aprobación de la vacuna mexicana Patria contra la covid-19. Originalmente anunciada para finales de 2021, su uso de emergencia fue aprobado por Cofepris recién en junio de 2024, tres años después de lo proyectado y en un contexto donde las variantes del virus habían ya mutado significativamente.

A principios de octubre, el periódico Milenio dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el manejo de 57 millones de pesos del Conacyt durante el año 2021, relacionados con la extinción de fideicomisos. Álvarez-Buylla respondió mediante una carta difundida en redes y medios como La Jornada, en la que afirmó que las anomalías fueron detectadas previamente por el Órgano Interno de Control del Conacyt y que ya estaban bajo revisión.

Actualmente, el antiguo Conacyt fue elevado a rango de secretaría y opera bajo el nombre de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez desde enero de 2025. Sin embargo, los problemas derivados de la gestión anterior siguen teniendo impacto en el sistema nacional de ciencia, donde miles de estudiantes continúan sin acceso a becas, en medio de recortes, burocracia y reconfiguración institucional. Mientras tanto, los logros académicos derivados del proyecto de Álvarez-Buylla –publicaciones en revistas especializadas y la titulación de tres estudiantes– no han sido suficientes para amortiguar las críticas por lo que muchos consideran un uso privilegiado de los recursos públicos. El contraste entre los discursos de austeridad y combate al dispendio, y las decisiones tomadas desde la cúpula del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), alimentan el desencanto entre sectores académicos que hoy reclaman con fuerza: ni justicia, ni ciencia, ni bienestar.