Ciudad de México, 15/12/25 (Más).- La senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena acusó al expresidente Vicente Fox Quesada y a su familia de acaparar más de tres millones de metros cúbicos de agua mediante catorce títulos de concesión, en un contexto marcado por la reciente aprobación de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la promulgación de la nueva Ley General de Aguas.
La legisladora aseguró que este caso exhibe con claridad el modelo de privilegios que imperó durante décadas, en el que el recurso hídrico fue tratado como mercancía y concentrado por quienes ostentaban poder económico, mientras muchas comunidades padecían escasez.
La información fue dada a conocer por Infobae, que reportó que Mícher respaldó los cambios legislativos recientes en materia hídrica, al argumentar que buscan detener los abusos en la asignación del recurso y garantizar el acceso al agua como un derecho humano, gestionado de manera pública y comunitaria.
En sus declaraciones, la senadora hizo énfasis en que las reformas rompen con el esquema de acumulación que se instauró durante administraciones anteriores.
En paralelo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que investiga 150 concesiones de agua en el estado de Chihuahua, adjudicadas a funcionarios y familiares durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Según Efraín Morales López, titular de la dependencia, estas concesiones representan un volumen aproximado de 47 millones de metros cúbicos de agua, lo cual, afirmó, podría abastecer a muchísimas comunidades.
Ante estos señalamientos, Vicente Fox reaccionó a través de su cuenta oficial en la plataforma X, donde calificó las recientes reformas como una amenaza para el acceso al agua y criticó la falta de controles y transparencia en su implementación. “Ayer aprobaron una medida que pone en riesgo tu agua. Sin controles, sin transparencia. Sin responsabilidad”, publicó el exmandatario el pasado 7 de diciembre.
En otro mensaje, Fox aseguró que las modificaciones a la ley dejarán sin agua al campo mexicano, al considerar que responden más a una lógica de obediencia política que al interés general.
El debate sobre la distribución y uso del agua en México se intensifica tras la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, que ha sido impulsada por el oficialismo como una herramienta para combatir la inequidad en el acceso al recurso, mientras que sectores de la oposición la consideran una amenaza para la producción agrícola y las libertades en el manejo del líquido.
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