Acusa Rubén Moreira a Morena de lo mismo que aplicó en Coahuila

El ahora diputado priista critica reformas electorales que, en la forma y el fondo, se parecen a las que impulsó como gobernador. Durante el moreirato, órganos electorales fueron cuestionados por su cercanía con el poder

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila, 28/04/26 (Más).- Como coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez acusa a Morena de imponer reformas electorales sin discusión y por la vía rápida, ignorar a la oposición y capturar al árbitro electoral. Pero en Coahuila, como gobernador, fue uno de los principales impulsores del rediseño electoral local y operó dentro de un sistema donde el control político sobre la autoridad electoral pasaba por un Congreso dominado por la mayoría absoluta del PRI que aprobaba todas sus iniciativas en pocas semanas.

Cuando se revisa su paso por la gubernatura de Coahuila, Moreira Valdez no fue un crítico del sistema electoral, sino uno de sus rediseñadores y controladores. En 2014 presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral y luego otras iniciativas también formaron parte del paquete que desembocó en el nuevo Código Electoral aprobado en 2016 y en un árbitro electoral altamente cuestionado por su parcialidad.

Hoy, Rubén Moreira Valdez denuncia que Morena busca capturar la integración del INE y ha criticado procesos de designación de consejeros por opacos, sesgados y sin consenso. Sin embargo, en Coahuila, antes del nuevo IEC, la integración del antiguo IEPC pasaba por el Congreso local.

En noviembre de 2006, ya en el moreirato, con Rubén Moreira Valdez instalado como subsecretario de Gobierno, donde controlaba la política local, el Legislativo designó como consejero a Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante con una votación dividida y no de consenso pleno.

A la postre, la figura de Lara Escalante fue altamente cuestionada porque como notario público dio fe en documentos claramente vinculados con el aparato estatal.  Durante el gobierno de Rubén Moreira Valdez, la oposición cuestionó con fuerza el desempeño del órgano electoral y particularmente la gestión de Leopoldo Lara, al grado de asociarla con una etapa de crisis y pérdida de credibilidad del instituto. La oposición, entonces panista, recriminaba a Moreira lo que ahora él y su partido han criticado.

Pero desde antes hubo control político: Homero Ramos Gloria, fallecido en junio de 2024, fue uno de los casos más ilustrativos de la cercanía entre el órgano electoral y el aparato del Estado. Su trayectoria pública lo llevó de la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero después a la Secretaría de Gobierno, luego a la Procuraduría General de Justicia durante el sexenio de Rubén Moreira Valdez y, más tarde, a la magistratura del Tribunal Superior de Justicia.

Otros consejeros electorales también fueron señalados por vínculos con el poder, como Alejandro González o Marco Antonio Kalionchiz.

En la elección de gobernador de Coahuila de 2017, bajo la presidencia del IEC de Gabriela María de León Farías, el episodio que más alimentó la sospecha de un posible fraude fue la interrupción y posterior congelamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Mientras el candidato panista Guillermo Anaya Llamas sostuvo que el conteo rápido del instituto le daba una ventaja cercana a dos puntos, el PREP quedó frenado cerca de las 2 de la mañana con 71.9% de avance, y después la tendencia pública amaneció favoreciendo al priista Miguel Riquelme Solís. Aquel vuelco del resultado, sumado a las fallas del sistema y a las acusaciones de la oposición, detonó marchas y denuncias de irregularidades.

Cuando Rubén Moreira Valdez llegó a la gubernatura en 2011, el gran cambio institucional vino con la reforma federal de 2014, él no se limitó a acatarla: la impulsó políticamente en Coahuila. La reforma constitucional electoral que promovió fue aprobada por unanimidad en lo general, igual que el nuevo Código Electoral de 2016 en un momento en que la oposición actuaba en favor de iniciativas de gobierno.

Como opositor, Moreira Valdez denunció fast track, falta de apertura y captura del árbitro. Pero durante su sexenio ocurrió un patrón claramente reconocible de fast track legislativo para iniciativas del Ejecutivo en general.

Una muestra oficial revisada por Más evidencia que la mayoría de sus proyectos se dictaminó en menos de un mes, algunos hasta en 21 días y hasta tan sólo 13 días. Desde el propio Congreso se llegó a admitir en tribuna que había iniciativas del gobernador que se aprobaban “en una semana” e incluso “en cuestión de horas”; aunque no todas corrieron con esa velocidad, el conjunto sí muestra un Congreso priista con capacidad de procesar rápidamente las prioridades del Ejecutivo.

El político que hoy se presenta como defensor de la autonomía electoral y del debate plural fue, en Coahuila, un actor central de un modelo donde el rediseño de las reglas y la integración del árbitro nunca estuvieron lejos del poder político que él encabezaba.