Ciudad de México, 17/06/26 (Más).- La creciente participación de las Fuerzas Armadas en actividades económicas, obras de infraestructura y administración de empresas públicas ha dado paso a la conformación de una estructura de poder que diversos analistas denominan “élite empresarial-militar”, fenómeno que, según especialistas, se ha fortalecido durante los últimos años al amparo de la militarización de distintas áreas de la vida pública en México.
De acuerdo con un análisis publicado por el portal Nexos, esta red estaría integrada por mandos castrenses, empresarios, intermediarios y actores políticos que han encontrado en la expansión de las funciones militares una oportunidad para acceder a contratos, recursos públicos y proyectos estratégicos, generando vínculos que trascienden el ámbito de la seguridad nacional.
El texto sostiene que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en sectores como la construcción, la administración aeroportuaria, el turismo y la operación de infraestructura pública ha derivado en nuevas dinámicas económicas que concentran recursos y decisiones en organismos militares, muchas veces bajo esquemas de limitada transparencia.
Uno de los casos señalados es el de Grupo Mundo Maya, empresa vinculada a la operación de aeropuertos y proyectos turísticos administrados por el Ejército.
Una investigación periodística documentó presuntas irregularidades en la asignación de contratos por más de 100 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones a empresas de reciente creación, compañías previamente inhabilitadas y grupos empresariales relacionados entre sí.
El reporte también indica que en apenas tres años el gasto en contrataciones de dicha empresa pasó de 249 millones a casi mil millones de pesos, mientras que una proporción importante de los contratos habría sido asignada de manera directa o mediante procedimientos restringidos.
Paralelamente, organizaciones civiles han advertido sobre el crecimiento sostenido del presupuesto militar. Un informe de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia señala que entre 2006 y 2026 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó a una tasa promedio anual de 7.9 por ciento, alcanzando un máximo histórico de 286 mil 308 millones de pesos en 2024.
Además del presupuesto federal, el estudio destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina administraban al cierre de 2025 fideicomisos por más de 87 mil millones de pesos, recursos que, según el documento, operan con mecanismos de supervisión limitados.
La publicación también advierte que la reforma constitucional al artículo 129, aprobada en 2024, eliminó restricciones históricas sobre la participación militar en funciones civiles durante tiempos de paz, lo que, a juicio de los autores, consolida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en áreas tradicionalmente reservadas a instituciones civiles.
Otro de los ejemplos citados es el Tren Maya, proyecto que además de la infraestructura ferroviaria incluye hoteles, aeropuertos y desarrollos turísticos bajo control militar. Según el análisis, más del 60 por ciento de los contratos relacionados con la obra fueron otorgados mediante adjudicación directa o concursos restringidos.
El artículo compara la evolución del modelo mexicano con experiencias registradas en países como Cuba, Venezuela y Pakistán, donde conglomerados empresariales vinculados a las Fuerzas Armadas han adquirido una influencia determinante en sectores estratégicos de la economía nacional.
Los autores advierten que la expansión de los intereses económicos militares puede generar riesgos asociados a la opacidad, la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, la concentración de poder y la reducción de mecanismos de rendición de cuentas.
Aunque reconocen que México aún se encuentra lejos de los niveles observados en otros países, sostienen que el fortalecimiento financiero y político de las Fuerzas Armadas representa una tendencia que merece atención pública, debido a sus posibles implicaciones para la transparencia gubernamental, la competencia económica y el equilibrio institucional del país.
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