Ciudad de México, 28 nov (EFE).- Tras el acuerdo con transportistas y agricultores, el Gobierno de México anunció este viernes que abrirá varias mesas de atención para ofrecer seguridad en las carreteras del país y tratar diferentes temas relacionados con el campo, entre ellos subsidios al precio del maíz y la ley de aguas, con el objetivo de poner fin a este conflicto.
En la conferencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la reunión celebrada el jueves se pactó la calendarización de los programas y las fechas en las que la Secretaría de Agricultura atenderá en los diferentes estados las peticiones relacionadas con el campo.
Según Icela Rodríguez, los apoyos se entregarán directamente en cada uno de los estados y municipios que lo distribuirán a los productores agrícolas y a los pequeños productores.
“No damos recursos a las organizaciones, eso ya no, eso es del pasado neoliberal donde había montón de organizaciones que recibían los recursos del campo, ellos los distribuirían y luego los líderes se quedaban con una buena parte de los recursos”, explicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el mismo acto.
De igual manera, se instalará una mesa en la Cámara de Diputados de la República para la atención, las observaciones y las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua, expuso.
“A quien defiende el privilegio de acaparar agua (…) Ahí no estamos de acuerdo porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos. El agua es un derecho, no un privilegio y ni una mercancía”, reiteró la presidenta.
En materia de las reclamaciones de los transportistas, la funcionaria anunció que se debatirá con las organizaciones sobre la seguridad en las carreteras, al remarcar que ayer mismo acabaron los bloqueos.
“Ya estamos en la salida de este conflicto”, subrayó.
El jueves, agricultores y transportistas mexicanos anunciaron el retiro de los bloqueos que mantenían desde el lunes en distintas vías y aduanas del país, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre sus demandas.
Entre sus principales peticiones están precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.
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