Por Horacio Cárdenas Zardoni
Nosotros, como mucha gente, nos hemos preguntado a lo largo de todos estos años ¿por qué el gobierno de México se sintió en la obligación de realizar, y pagar el rescate de los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados luego de la explosión en la mina de Pasta de Conchos? La mina era operada por un particular, y los mineros mantenían una relación laboral con ese particular, todo el asunto del rescate debió dirimirse entre los deudos de los fallecidos y la empresa. En todo caso el gobierno lo que debió hacer es velar por los intereses de los afectados, hacer que se cumpliera la ley para que la empresa no evadiera sus responsabilidades, y hasta allí. Lo de los programas sociales de apoyo, becas y demás debió quedar solamente como una aportación adicional, por razones humanitarias, pero no como una obligación. Ni siquiera debió meterse a hacer un monumento memorial, y hasta eso realizó, como si a alguien le importara o haya dicho siquiera que qué bonito les quedó, y esté en camino de convertirse en atractivo turístico o sitio de peregrinación.
En cambio, el gobierno ha destinado al rescate de los mineros cantidades ingentes de dinero, durante el sexenio pasado se gastaron algo así como mil quinientos millones de pesos, es muy probable que en este se gasten una cantidad similar, hasta que eventualmente, logren, si es que es posible, el rescate de hasta el último de los mineros fallecidos.
Luego hace dos años o poco más ocurrió otro incidente, esta vez en la mina El Pinabete, ¿y qué cree?, pues que allá va el gobierno a asumir los costos del rescate de los cuerpos, en una repetición paso por paso de lo ocurrido con Pasta de Conchos, aunque afortunadamente estaban los cuerpos más cerca de la superficie, que en el caso anterior. El gasto ha sido menor, pero no ha sido una cantidad despreciable, varios cientos de millones de pesos, que pudieron tener un mejor destino.
La verdad es que después de que Andrés Manuel López Obrador desapareciera el Fondo para la atención de desastres naturales, el FONDEN, se suponía que el gobierno federal asumiría los costos de todas las tragedias, climáticas, geográficas, y humanas, y que además lo haría con una responsabilidad y una honradez, que permitirían que alcanzara el dinero para todo. La gente de Acapulco, golpeada por dos ciclones sin que el gobierno tuviera la decencia de avisarles que se pusieran a cubierto, podrán certificar que su nivel de vida bajó sustancialmente a raíz de todo lo que perdieron y nadie les ayudó a recuperar. Allí sí que la mano del gobierno se ha visto mucho menos dadivosa que con el caso de Pasta de Conchos.
Sería cosa de ver, si en los presupuestos de los años anteriores a la llegada de la cuarta transformación al poder, se contemplaba asumir costos como los mencionados de los rescates, si era a cargo de los fondos, o de plano no le entraban, nos consta a los coahuilenses que ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña le entraron con dinero al rescate, sabían que era tirarlo a un pozo de carbón, con escasas posibilidades de hallar los cuerpos, y aunque lo lograran, no por eso quedaría satisfecha la población.
De momento el país está emboletado en otras cuestiones, bueno, hasta que ocurra la siguiente tragedia en una mina, en una presa, con un terremoto o un huracán, está el asunto de los desaparecidos, por ejemplo, uno que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Claudia Sheinbaum, no sabemos si al grado de desestabilizarlo, como el de Ayotzinapa lo hizo con el de Peña Nieto. Pero lo que sí, es que hay asuntos que son de relevancia innegable, pero no por los motivos de tener contenta a la opinión pública, sino para que le saquemos un aprendizaje al problema, y que no se repita.
Eso es lo verdaderamente importante. Considere usted que si en el asunto de Pasta de Conchos y El Pinabete el gobierno se ha gastado más de dos mil millones de pesos en los pasados seis años, ese dinero no ha servido para evitar que ocurran otras tragedias. El dinero que se han gastado, y seguramente se van a gastar en tapar el entuerto del campo de exterminio, que es de entrenamiento, pero asesinaban gente allí, lo deseable es que redundara en que ni un solo hombre y ni una sola mujer desaparecieran, fueran reclutados para sicarios de algún cártel, y terminaran sus días en un enfrentamiento o en las celdas de alguna prisión.
Al gobierno le es más fácil gastar en cuestiones de relaciones públicas, y si de pasada sobra un poco o un muchísimo de dinero por las obras que se contratan, pues qué mejor, antes que invertir en la enseñanza y el aprendizaje, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Por más que se habla, en términos de los accidentes mineros, pero lo mismo va para las víctimas de los huracanes y de los terremotos, de la garantía de no repetición, nadie en la administración pública mexicana se compromete a algo así. Cierto, nadie ve el futuro, nadie adivina lo que va a pasar o cuando, pero para políticos que se especializan en prometer lo que no van a cumplir de todos modos, hacer un esfuerzo por invertir, no sé, en inspecciones, en revisiones, en manuales, en capacitación, en seguridad, es dinero mucho mejor aplicado, que en remover la tierra para sacar los cadáveres, que repetimos lo dicho al principio, debería ser un asunto estrictamente entre el patrón y los trabajadores y sus familias, nada tiene el gobierno que meterse en eso, a sabiendas que no va a sacar nada bueno.
En eso es en lo que se deberían concentrar: ni un solo accidente minero más, ni un solo desaparecido, ni un solo secuestro, ni un solo… pero no, el gobierno de México no funciona así, será porque la sociedad tampoco lo exige así.
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