Acaricia Duarte su libertad

Ciudad de México, noviembre 6. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó ante la jueza federal Ángela Zamorano Herrera el beneficio de libertad anticipada, tras permanecer 3 mil 125 días en prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Con una densa barba negra, lentes fotocromáticos y el uniforme caqui del Reclusorio Norte, Duarte afirmó que lleva nueve años sin ver a sus hijos y que está listo para reinsertarse en la sociedad. La jueza confirmó que el exmandatario ha cumplido más del 95 por ciento de su condena y que actualmente no enfrenta ningún otro procedimiento penal vigente, lo que le permite solicitar el beneficio preliberacional.

Duarte, acompañado de su defensa, llegó a las 10 de la mañana del lunes 3 de noviembre al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para presentar la petición. Su abogado, Pablo Campuzano, aseguró que el exgobernador se entregó voluntariamente en 2018 y aceptó un procedimiento abreviado solicitado por la propia fiscalía, por lo que hoy -dijo- el Estado mexicano y la Fiscalía de Veracruz buscan incumplir esos acuerdos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República sostuvo lo contrario.

Durante la audiencia, que se prolongó más de ocho horas, el fiscal Manuel Granados Quiroz afirmó que Duarte no se entregó, sino que fue detenido como prófugo de la justicia tras fugarse en 2016 cuando dejó el gobierno de Veracruz y se emitió una orden de captura en su contra.

Recordó que el exgobernador fue localizado en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México en julio de ese año. Para la FGR, estos hechos muestran que Duarte representa un riesgo para las víctimas y la sociedad, además de que -según la fiscalía- aún enfrenta procedimientos penales del fuero común que justificarían prisión preventiva.

El ambiente cambió cuando la jueza aclaró que Duarte tuvo otra causa penal federal por delitos electorales y tres más en el fuero común de Veracruz por desaparición forzada, incumplimiento del deber legal y peculado, pero todas ellas están sobreseídas. Detalló que los 3 mil 125 días que lleva en prisión equivalen a un poco más del 95 por ciento de su pena, por lo que cumple con los requisitos legales para solicitar la libertad anticipada. Por ello, la jueza decidió revisar a partir del 12 de noviembre las pruebas presentadas por ambas partes.

La defensa enlistó 24 pruebas documentales y testimoniales, que incluyen la participación de funcionarios activos del sistema penitenciario. La FGR presentó 12 pruebas que fueron refutadas tanto por la defensa como por la propia fiscalía en algunos puntos. La jueza Zamorano calificó como un “total absurdo” que ambas partes pidieran excluir las pruebas del contrario y resolvió admitir la totalidad de los elementos presentados.

Casi al final de la audiencia, Duarte pidió la palabra. Aseguró que ha seguido puntualmente las actividades obligatorias dentro del penal e incluso da clases de derecho a otros reclusos. Señaló que su caso se ha complicado porque “cuando el tema político se incorpora con el tema penal, todo se complica”. Afirmó que no ha sido acusado de robar un solo peso, que no está inhabilitado y que no entiende por qué el fiscal insiste en calificaciones subjetivas ajenas al objetivo de la audiencia.

El exgobernador insistió en que lo único que busca es justicia y reiteró que lleva casi nueve años sin ver a su familia. Aseguró que la víctima en su caso es el Estado mexicano y dijo no desearle mal al testigo que declaró en su contra. Con la voz entrecortada, afirmó: “Yo sabía a lo que me exponía al ser gobernador. A otros gobernadores les ha costado esto mismo en estos tiempos tan difíciles, pero a usted lo único que le pido es justicia”.