Abusos y violencia en centros de rehabilitación

Por cada cinco anexos, debidamente certificados por la Subsecretaria de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, existe uno que funciona ilegalmente, donde, bajo amenazas y un “código de honor” de silencio, se ocultan vejaciones y maltratos, como medio eficaz para superar las adicciones

Por Miguel Villarello

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Saltillo, Coah. – El reciente hecho en que perdió la vida un joven en un anexo en Ramos Arizpe, al parecer a manos de sus mismos compañeros y de quienes lo tenían a su cuidado, destapó la falta de regulación y vigilancia de este tipo de centros de rehabilitación de adicciones.

Los centros que funcionan ilegalmente develan una escalada violaciones y abusos en la falsa creencia de la práctica del maltrato como medio eficaz para rehabilitarse.

Por si eso fuera poco, hay especialistas que calculan que por cada cinco centros debidamente certificados por la Subsecretaria de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud existe uno que funciono ilegalmente.

Aunque el rumor de quienes han pasado por esos anexos es que las terapias de rehabilitación utilizadas para reinsertar a los internos en una vida de convivencia y salud mental, alejados de las adicciones son en muchos casos muy violentas.

Inclusive se dice que hasta practican un “código de honor” no escrito para no dar a conocer a la sociedad ese tipo de maltrato, código que deben respetar sin quejarse ni decir a sus familiares la forma en que son tratados para superar su afición a las sustancias adictivas.

Otro rumor no confirmado dice que en dichos lugares se permite el ingreso de algunos estupefacientes y el alcohol sin restricciones para el consumo de los internos.

RECUENTO

De acuerdo con datos consultados electrónicamente existen centros de atención en la Laguna de Coahuila donde la mayoría de los internos tratan de rehabilitarse principalmente del consumo de cristal, pero algunos no cuentan con permisos para operar, su personal no está debidamente capacitado y su infraestructura es deficiente.

En enero del 2022 un anexo de la colonia Nueva Torreón fue escenario de un hecho de violencia cuando varios internos golpearon a un compañero, quien perdió la vida horas más tarde, el centro de atención fue clausurado. En marzo el anexo Génesis 2021 fue objeto de aseguramiento por la autoridad ante una denuncia anónima de movimiento de personas armadas, se constató que el sitio funcionaba “como de operación mixta”, sin el permiso y con menores internados en condiciones inseguras.

En junio de 2022, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un centro de rehabilitación, ubicado en la zona centro del municipio de Arteaga, que fue denunciado por delitos de violación y abuso sexual contra una mujer. También se recibió una denuncia contra un anexo que trabajaba de manera clandestina en Torreón, donde hombres y mujeres adultos estaban internados junto con menores, ambos fueron clausurados.

Otro caso en junio del año pasado fue el de un joven asilado en un anexo llamado “Familia Sepia”, sitio en el interno había sido golpeado severamente por sus compañeros y que dejó de existir por causas no confirmadas en el Hospital General de Salud de Saltillo. La sospecha de que recibió una atención tardía; hizo que la familia denunciara al anexo por negligencia.

Otro caso que derivó de una inspección entre varias autoridades de Salud y judiciales fue el del anexo “Sánate Laguna AC”, que fue clausurado por operar de manera ilegal y por maltrato y agresión sexual de dos personas contra varios menores de edad internados.

En julio, 15 mujeres escaparon de otro centro de rehabilitación por ser víctimas de abuso y violación que sufrían de parte de sus “padrinos”, el sitio operaba irregularmente y estaba ubicado en la colonia La Merced de Torreón, ilegalmente.

Sin embargo, habrá que precisar que los casos mencionados están relacionados principalmente con aspectos de inseguridad y práctica de la violencia sistemática en contra de las personas internadas y unos cuantos relacionados con aspectos que tiene que ver con la regulación sanitaria.

RECIENTE

El más reciente fue el sucedido en un anexo en Ramos Arizpe, a finales de febrero del 2023, que por presunta práctica habitual de violencia entre los internos y la negligencia de quienes administraban el lugar, un joven dejó de existir a manos de varios de sus compañeros.

Entonces se dio a conocer que el lugar funcionaba sin los permisos de la Secretaría de Salud estatal por lo que de inmediato fue asegurado por la autoridad judicial y clausurado.

Hoy continúa la carpeta de investigación abierta, pues se sigue el acopio de datos de prueba y están vinculadas a proceso cinco personas por el delito de homicidio.

Al respecto el coordinador regional Sureste de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, reveló que el sitio donde se cometió el crimen, en el municipio de Ramos Arizpe, funcionó anteriormente como un crematorio ilegal. Hoy está asegurado y que, aparte del delito de homicidio, cuenta con 32 denuncias de diversos tipos, en su mayoría lesiones leves o maltrato físico.

URGE CONTROL

Aparte de que son pocos los anexos de rehabilitación dados de alta ante la autoridad, hay muchos que por desgracia son clandestinos, incluso algunas veces los usan para beneficio de la persona que lo está manejando, reveló a principios de marzo la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez.

Son muy pocos los que están dados de alta, reconoció y comentó que las cifras conservadoras los ubican en 70 centros de rehabilitación funcionando en la entidad legalmente. 

Luego de alertar a la ciudadanía para que denuncie estas situaciones y que corroboren que los anexos cuentan con permisos al momento de ingresar a un paciente, la legisladora aseguró que “por nuestra parte los legisladores nos basamos en los medios porque a través de ellos se difunde y presionar a la autoridad para que revise este tipo de situaciones”.

¿Ha faltado legislar por parte del Congreso para acabar con este tipo de hechos?, se le cuestionó y Rodríguez Márquez respondió que sí se ha legislado, se han hecho exhortos, “pero en ese sentido llegas a la disyuntiva de ¿cómo saber que hay casos en los que no se cumple la ley o existe una laguna legal?”.

FLEXIBLE

A su vez el secretario de Salud de Coahuila reconoció que no existe un control muy estricto en la regulación de anexos, sobre todo en los particulares.

Roberto Bernal Gómez aseguró con referencia al anexo de Ramos Arizpe donde falleció una persona que “sí tenemos supervisión, pero no dependen de nosotros esos, nosotros apoyamos, no es una supervisión propiamente porque no son nuestros ni son del gobierno, la mayoría son particulares”.

Explicó que estaba “por tratar eso con el fiscal y el magistrado presidente del Poder Judicial y nos reuniremos la próxima semana, aquí la idea es fortalecer los centros de adicciones, el crear nuevos va a ser muy elaborado”.

Se le pregunta en cuanto a que existen ciertos anexos que se instalan burlando la vigilancia que pudiera emprender la Secretaría de Salud a través de la regulación sanitaria, ello en el sentido de que nada más se instalan y ni permisos solicitan.

Y refiere que para eso es la reunión con la FGE y el TSJ; ¿hasta hoy no ha habido una regulación estricta?, “sí, si la hay, nosotros supervisamos también y les damos el apoyo, pero no dependen de nosotros”.

¿Existe una ley federal que establezca cómo regular las situaciones dentro de los centros de rehabilitación?

“Sí la hay federal”.

¿El tema está bien regulado?

“Es que se abren muchos y no hay un control muy estricto de esto, para eso es lo que queremos hacer estas reuniones”.

¿La Secretaría de Salud o Regulación Sanitaria estatal han recibido denuncias ciudadanas de centros o anexos que estén funcionando de manera ilegal?

“La mayoría están captados, pero igual, los abren de un día para otro y perdemos el control”.

¿Cuántos centros de rehabilitación están registrados en los informes de Salud en la entidad?

“Suman 64 en todo el estado”.

¿Con permiso, legales y con acciones de revisión?

“Sí, los datos se pueden checar en Regulación Sanitaria”.

REVISIÓN EFECTIVA

Reconoció el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, la falta de supervisión efectiva y trabajo conjunto de las dependencias que intervienen en la revisión de anexos.

Sin descartar que estos anexos pueden ser útiles para la atención de adicciones, afirmó que tienen que estar regulados totalmente e informó que en los dos últimos años se han tenido tres o cuatro problemas de este tipo en la entidad.

“Eso nos demuestra que hace falta la supervisión efectiva de las autoridades y para nosotros como conocedores de las conductas delictivas para la prevención también debe ser importante”.

Y después de reconocer que sí se han hecho supervisiones, que el año pasado se hicieron prácticamente revisiones en todo el estado exhortó a hacerlas no sólo la FGE sino también con salud y protección civil y otras dependencias municipales que tiene que ver con la reglamentación para exigirles mejor atención.

Estimó que debe haber unos 40 anexos en todo el estado y precisó que sí se han clausurado dos anexos derivado de esas supervisiones y que se clausuran cuando sucede el evento como la muerte de una persona.

FEDERACIÓN ALEJADA

La legisladora Mayra Valdés Gonzáles tiene una perspectiva muy personal: “En el caso de los anexos estamos con la misma problemática que las minas, la Federación es la que debe destinar más recursos a los centros de rehabilitación y reformarse la Ley de Salud para definir una periodicidad en las supervisiones preventivas de los anexos en la entidad”.

Dentro del contexto de que la Ley Estatal de Salud brinda atribuciones a la Secretaría de Salud del Estado para que supervise los centros de rehabilitación, pero por desgracia no especifica la periodicidad de esas revisiones se le pregunta si hay posibilidades para reformar esta reglamentación y que Salud emprenda un trabajo más eficiente al respecto.

Y contesta que “creo que tiene que ser una ley federal, porque estos anexos corresponden a la Federación, pero es lo que siempre nos ha pasado y nos detiene aquí en Coahuila en muchos aspectos, es decir, está la ley, pero no te marca ni hay una supervisión ni revisión periódica en el caso de los anexos”.

“A nivel nacional el presidente debe seguir implementando este tipo de revisiones de anexos periódicas para que se den cuenta en qué situación están a la fecha, por ejemplo, los anexos cómo están operando, cómo están funcionando, porque a lo mejor en su momento se dio la autorización, el permiso y dejaron de venir, eso quedó hace un par de años y ya no regresaron”, concluye.

18 ANEXOS SUSPENDIDOS EN 2022

Casi 15 días después del incidente en el anexo en Ramos Arizpe la Secretaría de Salud estatal emitió un comunicado dando cuenta de que la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario continuaba las verificaciones de los 64 centros de rehabilitación en la entidad.

Que sólo en el 2022 llevó a cabo 115 verificaciones y 18 suspensiones en las 8 jurisdicciones que comprende Coahuila por causas como el incumplimiento de espacios físicos, señalización y falta de integración de documentación de tratamientos completos, además por denuncias ciudadanas.

Sin embargo, no dio a conocer si aplicaron clausuras de anexos, especificó que las revisiones consistieron en verificar que cumplen “con aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, presentar certificado de fumigación, contar con sanitarios y regaderas exclusivas de hombres y mujeres en caso de contar con servicio mixto, contar con agua potable, los dormitorios deben estar separados por sexo y, en el caso de haber menores, estos deben estar separados de adulto; contar con consentimiento por escrito del padre o tutor en caso de haber menores, contar con lineamientos y disposiciones por escrito del proceso de recuperación al que el usuario se va a incorporar y contar con manual de procedimientos aprobados por la Comisión Nacional contra las Adicciones”.

El boletín indica que en las revisiones de anexos participan la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional contra las Adicciones.

FALTA REGULAR

Los protocolos o acciones que se hacen al interior de los anexos o centros de rehabilitación están fuera del tema de los derechos humanos, revela la diputada Luz Elena Morales Núñez.

“En consecuencia sí hace falta una regulación, estamos valorando si podemos hacerla desde el nivel estatal, pero el problema que se tiene es que no existe regulación nacional ni sobre todo las partidas presupuestales para la atención de las personas en situación de drogadicción”.

Luego de recordar que en los últimos 10 años existen varios delitos que se puedan estar cometiendo adentro de los anexos y que se han clausurado algunos, la legisladora insiste en que “tenemos que buscar los fondos necesarios para crear una política pública de atención, las de prevención existen bien o mal, pero a nivel nacional se acabaron con todos los fondos de la prevención de conductas de riesgo y la prevención de delito”.

“Preocupa el consumo de alguna sustancia porque te genera una adicción, la persona lo inicia para que se te quite el hambre, por ejemplo, pero al final de cuentas las secuelas que te deja son devastadoras, por eso, en ese sentido tenemos que seguir dando información sobre las secuelas que está dejando el consumo de sustancias”.

DIGNIDAD

La directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila se va más por el camino de los derechos humanos y la adecuada salud mental en el tratamiento de las adicciones dentro de los anexos.

“Estamos tratando con personas y desde ese momento la dignidad tiene que estar de por medio y la atención profesional siempre tiene que ir de la mano”.

Berenice de la Peña resalta que es importante que cada manejo que se vaya haciendo tanto de adicciones como de salud mental requiere mantener su propia regulación para poder ejercer este tipo de acciones con mayor profesionalismo.

“Más allá de los mitos de que para rehabilitarlos algunos utilizan métodos muy fuera de lo común, habrá que considerar que se trata de circunstancias que las personas han vivido y, en ese sentido, más allá de ver las circunstancias en las que llegan a un centro de rehabilitación habrá que ver las circunstancias de prevención”.

“Lo que estamos haciendo para evitar que se llegue a acciones de ese tipo de violencia, para evitar que una persona o una familia llegue a una situación de tal manera que es la forma en que lo enfrenta”.

Por ello precisa que en la UAdeC se tiene la vinculación con las instituciones que se especializan para atender las adicciones, es decir, canalizar a las personas a tratamiento como es el caso del Centro de Integración Juvenil y algunos psicólogos particulares que tratan este tipo de eventualidades relativas a las adicciones.

Aborda el mito de la violencia que se utiliza para el tratamiento de rehabilitación de las adicciones y sostiene que “la violencia siempre va a ser violencia, necesitamos erradicarla y encontrar los caminos profesionales para poder llegar al objetivo de sanar y acompañar en esta reconstrucción de la persona y que pueda tener una salud mental adecuada”.

LEY ESTATAL DE SALUD Y ADICCIONES

En cuanto a la Ley Estatal de Salud el Artículo 149 Bis sostiene que el Programa contra las Adicciones es de orden público e interés social y tiene por objeto Inciso I establecer los procedimientos y criterios fundados en principios de investigación científica y profesional para la sensibilización, prevención, tratamiento y asistencia a personas farmacodependientes del tabaco, alcohol, narcóticos o a una o más sustancias psicoactivas.

El Inciso II indica que se debe regular la prestación del tratamiento y asistencia integral a personas que usan, abusan o son dependientes del consumo de sustancias psicoactivas y deseen recuperarse de su adicción.

En el Capítulo IV del Programa Contra la Farmacodependencia el Artículo 154 resalta que “El Gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Salud Federal ejecutará el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia de conformidad con los acuerdos que al efecto se celebren, mismo que será obligatorio para los prestadores de los servicios de salud del Sistema Nacional y Estatal de Salud, así como en todos los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia”.

Es decir, que se debe tener un padrón de anexos en la entidad los cuales deben aplicar actividades preventivas, de urgencias, de tratamiento, de rehabilitación y reinserción social, así como de reducción de daños y riesgos.

El Artículo 154 Bis 3 señala que, para el tratamiento de los farmacodependientes la Secretaría deberá crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

Para revocar una licencia sanitaria está el Artículo 248 que dicta que la autoridad sanitaria local podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado en casos como, I cuando se compruebe que el ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado constituyan riesgo o daño para la salud; II cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado exceda los límites fijados en la autorización, III porque se dé un uso distinto a la autorización y VI cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria para otorgar la autorización, entre otros.

Mientras que el Artículo 264 habla de la vigilancia sanitaria que se realizará mediante visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria estatal competente y que deberá realizar las respectivas diligencias de conformidad con las prescripciones de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Y finalmente el Artículo 266 que dicta que las verificaciones podrán ser ordinarias y extraordinarias, las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo.

Sin embargo, en ninguna parte se indica la periodicidad de las verificaciones a los centros de rehabilitación.

NOM-028, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 que habla de la prevención, tratamiento y control de las adicciones tiene el objetivo de establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones.

Esta Norma aplica para prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

No obstante, muchos de los establecimientos especializados en atención a la rehabilitación de las adicciones y que están certificados estiman que la mayoría de los anexos ilegales desconocen por completo esta NOM-028-SSA2-2009.

Derivado de todo lo anterior la Secretaría de Salud y el Comité Estatal Contra las Adicciones, si es que existe en Coahuila, además de la CONADIC, tendrán que reforzar sus acciones de regulación y vigilancia tanto sanitaria como en seguridad y derechos humanos en los centros de rehabilitación contra las adicciones diseminados en la entidad.

Asimismo, está la necesidad de que la Secretaría de Salud incremente la cantidad de sus inspectores, pues los casi 80 que tiene hoy no se den abasto para recorrer el estado y verificar de manera adecuada los anexos e identificar los que funcionan irregularmente.

Por su cuenta los diputados deberán analizar la posible modificación de la ley y dar mayores atribuciones a los verificadores para que ellos mismos detecten áreas de oportunidad en cuanto a inseguridad de los internos y pongan la voz de alarma preventiva con el fin de evitar una clausura sin llegar a un caso extremo, por ejemplo, cuando ya se presentó un hecho de muerte o violencia extrema en un anexo.