Redacción Más / IA
Un Tribunal absolvió de manera definitiva a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en La Estafa Maestra, un esquema de corrupción donde 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La resolución del Tribunal concluyó el proceso contra Robles, siendo la única exsecretaria de Estado investigada por la Fiscalía por este caso. La acusación se limitó a omisiones durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, sin imputarle delitos financieros. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
A pesar de la promesa inicial de la Fiscalía de investigar La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, esta se limitó a atribuir omisiones administrativas a Robles. Durante el proceso judicial, la FGR no indagó la ruta del dinero ni las empresas fantasma, incumpliendo sus compromisos iniciales.
La sentencia del Tribunal, aprobada por unanimidad, determinó que las imputaciones y pruebas de la Fiscalía eran insuficientes para sostener la acusación de un delito, considerando que se trataba solo de faltas administrativas. La Fiscalía, en realidad, no investigó a fondo La Estafa Maestra, según la resolución.
La investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción reveló los desvíos de recursos públicos en convenios entre dependencias y universidades. Robles, dirigente de Sedesol, hizo convenios millonarios sin licitaciones, permitiendo el desvío a empresas fantasma y evitando procesos legales.
La Estafa Maestra, publicada en 2018, evidenció la ilegalidad de las empresas «contratadas» por universidades. Durante el proceso judicial, se reveló que la Fiscalía nunca investigó la trama de corrupción a fondo. La esposa de Robles, Emilio Zebadúa, quien manejaba los recursos, nunca fue imputado.
El proceso judicial inició en 2019 y llevó a la prisión preventiva de Robles por tres años. A pesar de los recursos judiciales para cambiar la medida cautelar, la defensa no logró alterar la situación hasta 2022, cuando Robles continuó su proceso penal en libertad.
Finalmente, el Tribunal decidió que la conducta de Robles podría ser sancionada administrativamente, desechando la vía penal. La Fiscalía apeló, pero con la resolución del Tribunal, se cierra el caso, y Robles queda absuelta de manera definitiva.
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