Abren puerta a posponer la elección de juzgadores

Contempla el gobierno diferir de 2027 a 2028 la segunda tanda de elección popular de magistrados y jueces. Analistas ven que la reforma electoral afecta la confianza de los inversionistas

Ciudad de México, 09/03/26 (Más).- Con el objetivo de descongestionar el calendario electoral, reducir costos y facilitar la organización de una votación considerada compleja, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de posponer la elección popular de magistrados y jueces de distrito que forma parte de la reforma judicial.

La elección de personas juzgadoras prevista para 2027 se deriva de la reforma judicial aprobada en 2024, que introdujo en México la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. El proceso comenzó el 1 de junio de 2025 con la primera votación nacional para cargos del Poder Judicial de la Federación, considerada histórica por ser la primera vez que estos puestos se sometieron al sufragio ciudadano. En esa jornada se eligieron 881 cargos judiciales, entre ellos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados de circuito y jueces de distrito.

La reforma estableció que la renovación del Poder Judicial se realizaría de forma escalonada en dos tandas, por lo que el proceso se completará con una segunda elección en 2027. En esa votación se someterá al sufragio la mitad restante de magistrados de circuito y jueces de distrito, además de otras posiciones pendientes dentro del sistema judicial, con lo que se concluirá la transición hacia un modelo en el que todos los juzgadores federales sean elegidos por voto popular.

La mandataria señaló que existe la probabilidad de trasladar este proceso hasta 2028, propuesta que, indicó, podría enviarse al Congreso para su definición.

De acuerdo con información publicada por El País, el planteamiento también podría dar margen al Gobierno federal para replantear aspectos de la reforma judicial y atenuar los efectos adversos que diversos analistas y actores económicos han señalado en materia de inversión y confianza empresarial.

El cambio se plantea en un contexto en el que, pese a un incremento en las reuniones entre autoridades y empresarios, la llegada de capitales al país ha mostrado un menor dinamismo del esperado. Analistas han advertido que el entorno internacional, marcado por la incertidumbre comercial y arancelaria, se suma a factores internos como las recientes reformas políticas que, consideran, han generado señales poco favorables para la inversión.

“El Gobierno, y el partido en el poder, están conscientes de que han emitido señales negativas para la inversión con la manera como se hizo esta reforma”, sostuvo Gerardo Leyva, coordinador del Laboratorio Interdisciplinario de Estadísticas y Datos Sociales de la Universidad Iberoamericana. “En ese sentido, ahora se van a dar la oportunidad de hacer ajustes al proceso de elección, posiblemente, para buscar mecanismos que permitan que deje de ser tan detrimental para la imagen de la calidad técnica de los juzgadores”, añadió.

La reforma judicial se concretó con una primera elección realizada en junio de 2025, cuando se sometieron a voto popular alrededor de 850 cargos del sistema judicial, entre ellos integrantes de la Suprema Corte y jueces de distintas instancias. Este proceso marcó la primera ocasión en que integrantes del Poder Judicial fueron elegidos mediante sufragio ciudadano.

Desde su aprobación, el cambio ha generado críticas de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ha advertido riesgos para la independencia judicial, así como del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha pedido cautela y certeza jurídica ante reformas que podrían afectar la confianza de los inversionistas.

A estas preocupaciones se suma la revisión del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), proceso que ya influye en la planeación de las empresas. En este contexto, el banco de inversión Morgan Stanley redujo recientemente su perspectiva sobre la deuda soberana mexicana al advertir riesgos relacionados con el déficit fiscal y con la posible complejidad de la negociación comercial.

Algunos indicadores económicos también reflejan el clima de cautela. La formación bruta de capital fijo, indicador que mide la inversión en capacidad productiva, registró un crecimiento mensual de 0.4% en noviembre de 2025, pero una caída anual de 5.7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza acumuló en marzo doce meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

“La incertidumbre jurídica, sobre todo la reforma judicial, está encareciendo en buena medida la inversión en nuestro país”, señaló Cynthia Valeriano López, profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey. “Podemos observar cómo las empresas están optando por otros mecanismos de resolución de conflictos. Aquellas que pueden trasladan sus disputas a tribunales internacionales y las que no, recurren a mecanismos alternativos como la mediación. Ese es un indicador del nivel de confianza”, agregó.

Entre los cuestionamientos a la reforma judicial destacan dos aspectos principales: la posibilidad de que la elección popular de jueces derive en una mayor influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la preocupación de que el nuevo sistema reduzca los incentivos meritocráticos para ocupar cargos judiciales, lo que podría afectar la calidad técnica de las resoluciones.

En paralelo, la presidenta envió al Congreso una propuesta de reforma electoral que plantea reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir el número de escaños en el Senado y modificar el peso de las diputaciones plurinominales. Aunque la iniciativa no contó con el respaldo de todos los partidos aliados de Morena, una encuesta de Enkoll para El País y W Radio reportó que cerca del 80% de los encuestados respalda la mayor parte de la agenda planteada.

En el plano económico, especialistas continúan advirtiendo sobre el bajo crecimiento del país. En una reciente reunión de consejos consultivos, Banamex estimó que el Producto Interno Bruto de México apenas ha acumulado un avance de 0.9% en los últimos siete años, cifra inferior al potencial histórico de la economía nacional.