Ciudad de México, 04/06/26 (Más).- Abogados de 13 presuntos narcotraficantes expulsados de México y llevados a Estados Unidos solicitaron formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores asistencia consular para que sus representados sean repatriados y juzgados en territorio mexicano.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la petición fue presentada el 3 de junio por el abogado Marco Antonio Avilés Huerta ante la Cancillería, encabezada por Roberto Velasco Álvarez, en favor de detenidos que forman parte del grupo de 92 personas trasladadas a Estados Unidos entre 2025 y 2026.
Entre quienes buscan regresar a México se encuentran seis presuntos operadores ligados a Los Zetas y al Cártel del Noreste, organización considerada heredera de esa estructura criminal. La solicitud incluye a Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “El Z-13”; Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27”; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “El Alfa Metro”, y Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”.
También figuran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, y Carlos Alberto Monsivais Treviño, alias “La Bola”, señalados como integrantes del Cártel del Noreste, con presencia principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El abogado no reveló la identidad de las otras siete personas incluidas en la gestión.
Avilés Huerta cuestionó que el Gobierno mexicano haya permitido los traslados a Estados Unidos sin, según su dicho, respetar los procedimientos legales previstos en tratados internacionales. Afirmó que se trató de una medida arbitraria e ilegal, y pidió que exista voluntad política para solicitar la repatriación de sus clientes.
El caso se relaciona con el proceso judicial que se sigue en la Corte Federal del Distrito de Columbia contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “El Z-40” y “El Z-42”, antiguos líderes de Los Zetas, extraditados a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Ambos enfrentan acusaciones por empresa criminal continua, conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado internacional de dinero.
El litigante comparó la situación de sus representados con el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que en ese expediente sí se habría observado el debido proceso. En su opinión, esa diferencia evidenciaría un trato desigual frente a personas acusadas de delitos similares.
Avilés Huerta sostuvo además que los detenidos enfrentan restricciones en Estados Unidos, como limitaciones para comunicarse con sus familias, realizar llamadas o recibir visitas, debido al régimen bajo el cual fueron trasladados. Advirtió que, si la Cancillería no ofrece una respuesta satisfactoria, promoverá un amparo y eventualmente acudirá ante instancias interamericanas de derechos humanos.
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