Ciudad de México, 21 ago.– La abogada Silvia Delgado García, conocida por haber integrado el equipo legal que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos, presentó denuncias contra periodistas y organizaciones civiles por presunta violencia política de género. La litigante, recientemente electa como jueza penal en Chihuahua, recurrió a esta figura legal para acusar a quienes revelaron y cuestionaron su candidatura en el pasado proceso electoral.
De acuerdo con el portal El País en México, Delgado García denunció al director de la organización Defensorxs en Chihuahua, Miguel Alfonso Meza, así como a los directores de 14 medios de comunicación que retomaron una investigación en la que se calificó a la abogada como una candidata “altamente riesgosa” para el Poder Judicial. El propio Meza denunció en redes sociales que el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC), al admitir la queja, requirió información personal suya al SAT, a Meta y a su compañía telefónica. Aunque el SAT y la empresa de telefonía se negaron a entregarla, Meta sí proporcionó su correo y número celular, los cuales terminaron en manos de la abogada.
Uno de los medios implicados, BI Noticias, confirmó que el 2 de mayo el IEEC admitió la queja y dictó medidas de protección a favor de Delgado García. El medio adelantó que prepara su defensa con el argumento de que las publicaciones responden al interés público y que la figura de violencia política de género se está utilizando como herramienta de censura.
Silvia Delgado fue la segunda candidata más votada en las elecciones judiciales de Chihuahua, con más de 23.000 sufragios, lo que le permitió asegurar un cargo como jueza por los próximos nueve años. Su trayectoria cobró notoriedad desde 2016, cuando formó parte del equipo que defendió al líder del Cártel de Sinaloa.
Una figura usada como “vía expedita de censura”
El caso reavivó el debate sobre el uso de la violencia política en razón de género (VPG) como mecanismo legal. Organizaciones como Artículo 19 alertaron que esta figura, diseñada originalmente para proteger a las mujeres en política frente a ataques misóginos, se ha convertido en una vía rápida para limitar la crítica y la libertad de expresión.
Leopoldo Maldonado, director de la organización, señaló que a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha incrementado el uso de herramientas legales contra periodistas y medios. Explicó que la VPG, al ser un proceso administrativo electoral, permite imponer sanciones casi inmediatas —como disculpas públicas, capacitaciones o multas—, lo que la convierte en una vía expedita de censura.
Más casos recientes de denuncias similares
El de Delgado García no es un caso aislado. En julio, el Tribunal Electoral de Tamaulipas sancionó al periodista Héctor de Mauleón, de El Universal, por una columna en la que señalaba presuntos vínculos de una magistrada con una red de huachicol. También la actriz y conductora Laisha Wilkins enfrentó una denuncia por un comentario en redes sociales sobre la candidatura de Dora Martínez a la Suprema Corte, mientras que la ciudadana Karla María Estrella, de Sonora, fue sancionada por una publicación crítica hacia la diputada del PT Diana Karina Barreras.
Incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido que no toda la confrontación política constituye violencia de género, pues la democracia implica debate y disenso. Sin embargo, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierten que la aplicación expansiva de esta figura se ha convertido en un mecanismo de censura incompatible con la Constitución mexicana.
Con las denuncias presentadas por la abogada de El Chapo contra periodistas y medios de Chihuahua, el debate sobre el uso político y restrictivo de la violencia política de género vuelve a ponerse en el centro de la discusión pública.
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