Ciudad de México, 10/07/25 (Más).- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector no comprometen la solidez del sistema financiero nacional.
En declaraciones ofrecidas tras la prórroga concedida por el gobierno estadounidense para la entrada en vigor de las sanciones, Romano aseguró: “No hay más bancos ni casas de bolsa involucradas en esta investigación”.
El titular de la ABM destacó que las medidas impuestas se mantienen en el plano administrativo y no se ha comprobado fehacientemente la comisión de delitos. Además, señaló que la prórroga concedida hasta el 4 de septiembre, en lugar del 21 de julio como inicialmente se había establecido, fue resultado de una negociación coordinada con la Secretaría de Hacienda.
“Esta prórroga habla muy bien de la relación con Estados Unidos”, expresó Romano, quien añadió que este plazo permitirá a las instituciones afectadas reorganizar sus operaciones.
El dirigente de la organización que representa a más de 50 instituciones bancarias en México descartó que exista una crisis de credibilidad en el sistema financiero nacional. Indicó que la ABM no tenía conocimiento previo sobre las acusaciones de Estados Unidos.
“Esto no es algo que sucede por primera vez en el sistema financiero global. Siempre habrá un caso o dos casos que puedan ser objeto de acusaciones, no es usual, pero tampoco es inusual”, dijo.
También enfatizó que, si se llegaran a comprobar irregularidades, las instituciones implicadas deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.
Las declaraciones de Romano ocurrieron luego de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra Intercam, CIBanco y Vector por supuestas operaciones de lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos y su vinculación con empresas chinas proveedoras de insumos para la elaboración de fentanilo.
La sanción impide a estas entidades operar dentro del sistema financiero estadounidense. Según el Departamento del Tesoro, entre 2013 y 2021, un operador del Cártel de Sinaloa utilizó mecanismos financieros para blanquear al menos dos millones de dólares a través de Vector. Además, entre 2018 y 2023, Vector realizó pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas vinculadas al tráfico de precursores químicos.
El Departamento del Tesoro justificó el aplazamiento de las sanciones como una muestra de reconocimiento a las acciones del gobierno mexicano.
“Esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN”, señaló el organismo estadounidense, que también destacó la asunción temporal de la administración de las entidades sancionadas como una medida preventiva.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras la emisión de las sanciones, intervino temporalmente a las tres entidades señaladas. Posteriormente, asumió el control de sus divisiones fiduciarias, en el caso de Intercam y CIBanco. El objetivo de estas acciones, de acuerdo con las autoridades mexicanas, es salvaguardar los recursos de los clientes y asegurar la integridad de las operaciones financieras.
Las sanciones afectan a entidades que manejan en conjunto activos por un valor estimado en 22,000 millones de dólares. Pese a esto, tanto la Secretaría de Hacienda como la ABM han insistido en minimizar el impacto potencial en el sistema financiero nacional.
Las autoridades han subrayado que las tres entidades representan una fracción menor del sector bancario mexicano y que el resto de las instituciones mantienen estándares sólidos de cumplimiento normativo.
El caso ha abierto un nuevo frente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia financiera. Expertos han advertido que, aunque México ha reforzado sus mecanismos contra el lavado de dinero, persisten brechas regulatorias dentro del sistema financiero que facilitan el surgimiento de flujos ilícitos. En este contexto, los incentivos del sistema financiero internacional y la capacidad de los grupos criminales para adaptarse a los controles representan desafíos persistentes.
La extensión del plazo hasta septiembre otorga a las autoridades mexicanas una ventana para implementar ajustes institucionales y reforzar sus controles internos. No obstante, el desarrollo del caso continuará bajo el escrutinio tanto de autoridades estadounidenses como de organismos nacionales. El gobierno mexicano ha insistido en que mantendrá la colaboración con Estados Unidos para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley.
Por lo pronto, Emilio Romano ha reiterado que no existe evidencia que implique a otras instituciones financieras, ni elementos que permitan proyectar una crisis sistémica en el corto plazo. La ABM sostuvo que seguirá trabajando con sus agremiados para fortalecer los protocolos de prevención y cumplimiento.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.