Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 04/08/26 (Más).- La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene abiertos 29 expedientes de investigación por hechos que podrían constituir faltas administrativas graves, relacionados con las cuentas públicas de seis municipios de 2020 a 2024.
Los procedimientos continúan dirigidos contra “quien o quienes resulten responsables” aunque ninguno de los funcionarios involucrados es identificado públicamente en el informe.
La mayor cantidad corresponde a Múzquiz, con seis expedientes; le siguen Francisco I. Madero, Frontera, San Juan de Sabinas y Torreón, con cinco cada uno, mientras que Monclova concentra tres.
De los 29 casos, 27 se originaron en la revisión de la Cuenta Pública 2022 y dos en la de 2023, ambos correspondientes a Múzquiz, además de otros dos de Torreón para ese mismo ejercicio. Todos aparecen con el estatus “en proceso”.
En Francisco I. Madero están abiertos los expedientes DI-87, DI-90, DI-91, DI-94 y DI-96 de 2025; Frontera acumula los DI-115, DI-118, DI-121, DI-124 y DI-125; y Monclova los DI-159, DI-160 y DI-167. En San Juan de Sabinas permanecen cinco investigaciones, mientras que en Torreón se reportan tres expedientes de la Cuenta Pública 2022 y dos de la correspondiente a 2023.
La concentración de los casos en sólo seis ayuntamientos contrasta con lo ocurrido en las revisiones más antiguas. La ASE informa que las investigaciones relacionadas con posibles faltas graves de las cuentas públicas 2017, 2018 y 2019 ya fueron concluidas y archivadas.
En cambio, las observaciones no solventadas de los ejercicios 2020 a 2024 todavía se encuentran en valoración o investigación para determinar si existen responsabilidades.
El documento Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al Primer Semestre de 2026 funciona como un corte de caja de los expedientes históricos al actualizar lo qué ocurrió con observaciones detectadas en auditorías anteriores, si se abrió una investigación, si fue clasificada como grave o no grave, si se remitió a otra autoridad, si concluyó sin responsabilidad, si hubo sanción o si el asunto continúa detenido. Su finalidad es comunicar al Congreso y a la ciudadanía el estado de los procedimientos promovidos por la ASE ante las autoridades competentes.
El documento también contiene menciones sobre procedimientos relacionados con cuentas públicas de hace más de una década. En el Tomo II, la Auditoría reporta que por la revisión de la Cuenta Pública 2014 inició 89 procedimientos para fincar responsabilidades resarcitorias contra funcionarios. 37 corresponden a municipios, 17 a sistemas de agua, tres a sistemas DIF y 32 a entidades paraestatales.
Varios de esos expedientes fueron iniciados en 2016 y todavía aparecen como “en trámite”. En esa condición se encuentran procedimientos relativos a los municipios de Matamoros, Monclova, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Torreón y Villa Unión, así como sistemas municipales de agua y organismos públicos descentralizados.
Otros fueron convertidos en denuncias, pero el informe no ofrece en ese apartado una explicación general sobre cuánto dinero se buscaba recuperar ni por qué algunos asuntos han tardado cerca de diez años en resolverse.
El rezago resulta especialmente relevante porque el seguimiento no representa una nueva auditoría ni la reapertura automática de los casos. Consiste únicamente en registrar lo que informan contralorías, tribunales, fiscalías y otras autoridades encargadas de continuar los procedimientos.
Es decir, la ASE puede detectar y promover una responsabilidad, pero la sanción final depende en numerosos casos de los órganos internos de control o del Tribunal de Justicia Administrativa.
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