Ciudad de México, noviembre 18. A La Laguna se la está tragando la tierra poco a poco. La extracción excesiva de agua subterránea compacta los sedimentos y hace descender el suelo donde se levantan viviendas, escuelas y carreteras. En Torreón se ha reportado una tasa de hundimiento de 1.7 centímetros anuales, mientras que en puntos de la región se han identificado deformaciones de entre 13 y 14 centímetros por año.
Una investigación de la UNAM, encabezada por Enrique Cabral Cano y Daniel Hernández Luna, identificó una superficie afectada de aproximadamente 2 mil 940 kilómetros cuadrados, casi tres veces el área de hundimiento registrada en Ciudad de México.
Otro estudio, publicado en Nature Cities y realizado en 465 ciudades, documentó para Torreón un descenso de 17 milímetros anuales, equivalentes a 1.7 centímetros. Las cifras corresponden a mediciones y escalas diferentes. El terreno se mueve a distintas velocidades según la zona.
El trabajo regional también ubica al 58% de los habitantes en categorías de vulnerabilidad alta o muy alta. Se trata de una evaluación de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que el porcentaje no equivale a una proporción de viviendas dañadas.
Marcos Adrián Ortega Guerrero, del Instituto de Geociencias de la UNAM, campus Juriquilla, refiere registros desde 1992 y grietas de varias cuadras en Mieleras, junto a la sierra: dañan iglesia, escuela y centro comercial.
El descenso puede pasar inadvertido durante años. Después aparecen bardas fracturadas, pisos desnivelados, calles deformadas y daños en edificios o instalaciones subterráneas. La extensión de la zona afectada exige mediciones, una grieta visible no permite conocer el comportamiento de todo el terreno cercano.
Este proceso se conoce como subsidencia. Al disminuir el agua entre los sedimentos, las partículas soportan mayores esfuerzos y se reacomodan, reduciendo el volumen del subsuelo. Cuando unas porciones descienden más rápido que otras, se producen deformaciones diferenciales capaces de romper construcciones, tuberías y colectores.
Las alteraciones también comprometen las pendientes necesarias para desalojar el agua. Las depresiones pueden favorecer la acumulación de lluvia o aguas residuales, dañar redes de agua potable y drenaje y aumentar los riesgos de inundación. Las reparaciones afectan el patrimonio de las familias y obligan a instituciones y autoridades a destinar recursos a infraestructura deteriorada.
Celso Manuel Valencia, doctor en Ecología y Recursos Naturales, de Prodefensa del Nazas, vincula abras, grandes zanjas, con contracción de arcillas; también reporta dolinas y socavones menos frecuentes, con mecanismos distintos.
Chalco, geológicamente distinto, supera 40 centímetros anuales en algunos sectores. Pozos causaron compactación, depresiones y anegamientos. Estudios citados por Milenio reportan más de 10 mil millones de pesos para controlar arroyos y drenaje superficial. Ese antecedente advierte de reparaciones potencialmente multimillonarias en La Laguna, todavía sin una estimación total regional.
La presión sobre el acuífero Principal-Región Lagunera aparece en el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una recarga media anual de 534.1 millones de metros cúbicos frente a un volumen concesionado de 645 millones 546 mil 22 metros cúbicos. La diferencia arroja una disponibilidad negativa de 111 millones 446 mil 22 metros cúbicos anuales.
El volumen concesionado corresponde al Registro Público de Derechos de Agua, con corte al 30 de diciembre de 2022. Es la cifra utilizada para calcular la disponibilidad administrativa, distinta de una medición actual del bombeo efectivo. Conagua concluye que no existe agua disponible para nuevas concesiones.
Los especialistas plantean reducir y regular la extracción, cuantificar su relación con los movimientos del suelo y localizar las áreas de mayor riesgo para proteger a las personas, sus propiedades y su salud.
Valencia propone parques hundidos y zanjas esponja. Infiltrarían lluvia al acuífero colgado, recuperarían presión hidrostática y aminorarían riesgos de dolinas o socavones. Ambientalistas y el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) definieron proyectos y sitios; los considera económicos, pero siguen desatendidos.
Estas obras favorecerían la captación pluvial y las condiciones del subsuelo superficial; no resolverían la sobreexplotación del acuífero principal ni revertirían la subsidencia.
La UNAM desarrolla un estudio integral relacionado con el amparo en revisión 543/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa resolución ordenó medidas para la preservación, suministro y saneamiento sustentables del acuífero, con participación de quienes promovieron el juicio.
Ortega espera cerrar en 2026 la etapa inicial: campo, sistematización y revisión previa. Integrará lluvia, infiltración, extracción, contaminación, espesores sedimentarios y deformaciones para ubicar recortes de bombeo. Conagua utilizaría el modelo, supervisado por los promoventes; su efecto dependerá de aplicarlo. Ambientalistas llevan más de cuatro décadas alertando.
La compactación puede implicar pérdida irreversible de porosidad y capacidad para almacenar agua. Recuperar los niveles del acuífero no garantiza restituir la estructura original del terreno, y los hundimientos pueden continuar después de reducir la extracción.
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