ABORTO, ENTRE LA CLANDESTINIDAD Y LA PERMISIVIDAD

Por Miguel Villarello

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Ante su práctica en un aura de semiclandestinidad, además del estigma social que se le otorga, el aborto sigue siendo un problema de salud pública, que además de afectar a las mujeres, por lógica, afecta a familias enteras.

Los argumentos morales y religiosos contra la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia han entorpecido la discusión pública sobre el aborto e impedido que la gente tenga una percepción clara sobre sus repercusiones sociales y sanitarias.

Sin embargo, esta situación en los últimos años ha empezado a cambiar para un amplio sector femenino o para quienes están de acuerdo, mientras que, para otro amplio sector social no deberíamos de dar ese paso: la permisividad del aborto y acabar con una vida en gestación.

Hablando en términos generales, se sabe que una de las causas por las cuales las mujeres recurren al aborto es el embarazo no planeado.

Partiendo de ese punto general habrá que tomar en consideración sus causas y consecuencias, no obstante que se ha avanzado en muchos aspectos del aborto, sobre todo en el legal y médico, es sabido que mientras el embarazo no planeado se ha generalizado, un buen porcentaje de ellos, según estudios, terminan en abortos inducidos.

Por otra parte, están los abortos clandestinos, sin embargo, de cualquier forma, un aborto pone en riesgo la salud de la mujer sobre todo en los estratos socioeconómicos de bajos recursos; ante ambas circunstancias queda la salida de actuar con prontitud en su resolución con el propósito de proteger la salud y vida de las mujeres, además de la del feto.

ESTADÍSTICA

Entre los datos estadísticos se informa que un gran porcentaje de mexicanas practica algún método para no concebir, por ejemplo, 7 de cada 10 mediante algún método anticonceptivo, una se aplica en algún método tradicional y sólo 2 ningún método; no obstante que se trata de cifras de finales del 2015.

A pesar de que el uso generalizado de anticonceptivos se toma como factor primordial para la reducción de la tasa de fecundidad en los últimos años ha ocasionado familias de sólo dos hijos.

Según cifras médicas detrás de cada aborto inducido está un embarazo no planeado, que en 2010 se estimaba que más del 50% de los embarazos en el país no fueron planeados.

En el plano general también está la situación que orilla a pensar que se generaliza cada vez más el embarazo no planeado, de lo que se sospecha que se debe a leyes más permisivas; pues al año en el país se estima que anualmente por cada mil mujeres 8 se embarazan sin planearlo, tasa semejante a otros países de América Latina.

Otro dato es que 7 de cada 10 embarazos no planeados se presentan en regiones de alto desarrollo como Cuidad de México, Monterrey, Torreón, Guadalajara y, por el contrario, 4 de cada 10 son en zonas de bajo desarrollo como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, circunstancia que ajustó a México igual que otros países estudiados por organismos internacionales en este tema y que tiene que ver con el desarrollo cultural.

Otro dato que orilla a pensar que un embarazo no planeado, por cualquiera que sea la circunstancia, termina en un aborto inducido es que es sabido que la penalización del aborto no evita su práctica.

Pues se estima que más de la mitad de los embarazos no planeados en el país se resuelven mediante un aborto inducido, ello a pesar de la normativa restrictiva en la mayoría de las 32 entidades federativas como Coahuila.

Dicha tasa, a nivel nacional, se traduce en más de 1 millón de abortos inducidos cada año, lo que representa una cifra de poco más de 40 por cada 1 mil mujeres entre los 15 y 44 años y, lo que es peor, la tasa sube de acuerdo con la zona socioeconómica de desarrollo.

Por ejemplo, 26 de cada mil mujeres llegan al aborto inducido en las ciudades poco desarrolladas, mientras que 54 por cada mil en las localidades más desarrolladas.

Los especialistas insisten en que la tasa va en aumento, pues hoy las mujeres están enfrentando mayor dificultad para prevenir los embarazos no planeados, pero se sienten más motivadas para evitar tener nacimientos no planeados.

En tanto, las estimaciones de aborto por edad muestran el patrón siguiente:  mientras que 55 de cada mil mujeres entre los 20 y 24 años tienen dificultades para prevenir el embarazo no planeado, 44 de cada mil en edad de 15 a 19 ocupan el segundo lugar en esta circunstancia, ésta última va en aumento.

Las cifras sorprenden, pues, por ejemplo, la Ciudad de México tiene la cifra más alta de aborto con 54 de cada mil mujeres, mientras que Nuevo León ostente una cifra baja con 17 mujeres por cada mil, aspecto que puede deberse a que, por ser una entidad fronteriza, ofrece la posibilidad para las embarazadas y que desean abortar muchas cruzan la frontera con Estados Unidos para buscar procedimientos legales y seguros.

EMBESTIDAS ANTIVALORES

Con respecto al tema del aborto, de su permisividad o legalización, Michelle Cortez, del Frente Nacional por la Familia, hace el llamado para fomentar el desarrollo de la moralidad, que va por pasos “y tenemos que hacer el esfuerzo para que nuestras nuevas generaciones ante tantas embestidas culturales y educativas antivalores que se tienen”.

“Es decir, tenemos que colaborar con nuestra juventud para que esto se frene y efectivamente podamos encontrar una sociedad humanitaria”.

El tema, continúa Michelle Cortez, es importante para más de 14 organizaciones trabajando por la cultura de la vida: “que le hablan a la sociedad civil y necesitamos despertar y concientizarnos de que estos temas, el alcance práctico en nuestras vidas, si los dejamos avanzar se va a ir viendo cada vez más entre nuestros hijos, y la forma en que ellos viven, y se desarrollan dentro de esta sociedad”.

Por lo que refiere que para las organizaciones Provida la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a permitir el aborto en Coahuila descriminalizando a las mujeres que se sometan a él: “fue un día lamentable, triste históricamente, y estamos en espera de hacer un análisis de la sentencia y emitir en un momento dado, además de solicitar  a nuestros representantes lo que jurídicamente proceda para poder continuar esta lucha que no termina, en favor de la vida a través de muchas vías de trabajo”.

“En Coahuila hay organizaciones que se dedican a lo asistencial y acompañar el dolor de la mujer que aborta, de la mujer de cualquier edad que se encuentra en situación vulnerable, hay organizaciones que se encargan de promover la cultura de la vida, la visión esperanzadora que necesitamos para desarrollarnos humanamente”, concluye la representante del Frente Nacional por la Familia.

COMPLICACIONES

En cuanto al aborto en sí, los especialistas médicos estiman que 4 de cada 10 mujeres que se someten a abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica, problemática que se acentúa entre las que viven en el medio rural y que padecen situación de pobreza.

Inclusive establecen que el aborto clandestino generalmente es inseguro y emiten algunos registros reveladores en cuanto a la carga que representan para la salud de las mujeres y para las instituciones: sólo en un año, a finales del 2010, los hospitales públicos atendieron a más de 160 mil mujeres derivado de complicaciones por abortos inducidos; que una por cada cuatro que presentaron este tipo de complicaciones no recibieron atención adecuada, circunstancia que las convierte en vulnerables a sufrir consecuencias postoperatorias para su salud.

Otra complicación del aborto se relaciona, afirman los estudiosos del tema, con el método utilizado y con la persona que lo realiza.

Derivado de ello, se estima que casi el 30 de cada 100 abortos son inducidos con el medicamento misoprostol, puesto que se considera que casi 40 de esos 100 procedimientos requirieron atención médica debido a un conocimiento escaso del medicamento y su uso entre las mujeres y quienes los suministraron.

Otro dato más es que para los abortos no inducidos con misoprostol los más seguros serían los procedimientos quirúrgicos realizados por médicos, que los abortos autoinducidos con un método distinto a dicho medicamento son los más inseguros pues representan el 16% del total.

MISOPROSTOL

Se afirma que el misoprostol es un medicamento muy seguro, que es indicado y hasta autorizado por la Organización Mundial de la Salud con fines de interrupción del embarazo; en cuanto a su funcionamiento, al ingerir este medicamento se producen contracciones en el útero y se provoca la dilatación del cuello uterino, esto permite la evacuación del producto del embarazo en los días siguientes.

Se sabe que este medicamento empezó a utilizarse a finales de los 80 y para 2020 se han adelantado las investigaciones al respecto por lo que se le considera altamente efectivo para un aborto médico temprano, que el mismo se utiliza en centros de salud y en casa por las mujeres pues lo prefieren por sobre procedimientos de aborto quirúrgico, como la aspiración manual endouterina o la dilatación o el legrado.

No obstante, la venta y utilización de este fármaco está permitida en algunos países, ciertas investigaciones dan muestra de que el misoprostol tiene una efectividad hasta del 80% para la inducción de un aborto en el primer trimestre del embarazo y se considera como una alternativa segura y accesible a las mujeres.

TRABAJO Y RESPONSABILIDAD

Para Esther Quintana Salinas, activista política y defensora de los derechos de las mujeres, es urgente trabajar en la cultura de la prevención, del derecho responsable de la sexualidad y que el Estado invierta a largo plazo para que cambie la mentalidad de los mexicanos y nos hagamos cargo de nuestros actos.

“El Código Penal es un tema que compete a la sociedad y ésta lo debe entender, sabemos que el aborto está tipificado como un delito pues consiste en privar de la vida a un ser en cualquier momento de la gestación, aunque hay excluyentes, por ejemplo, que sea producto de una violación, malformaciones genéticas, que corra peligro la vida de la madre, que sea producto de inseminación artificial sin consentimiento de la madre o el tipo de aborto culposo debido a un accidente, son conductas que no son sancionables”, explicó.

Pero lo que se busca, considera: “es recurrir al aborto nadamas porque simple y sencillamente no lo quiero tener, o sea, una calentura, te vas y te acuestas y sales embarazada, ese es un acto de irresponsabilidad y hoy pretenden que no se penalice, ni se sancione”.

“Pero nunca se ha hablado que los legisladores pongan en la mesa el ejercicio del derecho a la sexualidad con responsabilidad, que se tiene que trabajar en ese aspecto, legislar en la cultura de la prevención y que el Estado invierta a largo plazo para que cambie la mentalidad de los mexicanos y nos hagamos cargo de nuestros actos”, concluye.

ABORTO

Simple y llanamente, el aborto es la interrupción o finalización prematura del embarazo en forma natural o voluntaria y que se hace antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.

El aborto se diferencia del parto prematuro o pretérmino pues en este último sobrevive el feto y, de acuerdo con la situaciones en que se presente, existen varios tipos de aborto, como alguna circunstancia en que éste ocurra de forma espontánea, cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo se le conoce como aborto inducido, además del aborto terapéutico, aborto indirecto, aborto médico, quirúrgico, por inducción laboral o métodos tradicionales como el uso de ciertas hierbas.

DIMENSIÓN EMOCIONAL                   

Principalmente propiciadas por patrones culturales y sociales que limitan sus posibilidades para tomar decisiones individuales, algunas mujeres viven situaciones de gran conflicto emocional cuando se enfrentan a un embarazo no deseado.

En consecuencia, una parte de ellas toman la decisión de abortar y lo hacen en condiciones sumamente difíciles, arriesgándose a la estigmatización social pues se consideran transgresoras de valores morales y religiosos muy conservadores en Coahuila; sin embargo, esta circunstancia para interrumpir su embarazo significa una experiencia que ellas asumen de acuerdo con sus condiciones individuales y con el entorno social y laboral en el que se desenvuelven.

No obstante que todas interrumpen su embarazo por varios factores, un pequeño porcentaje presenta secuelas emocionales y sentimientos de culpa después de un aborto; y es que todo depende de la atención que reciban por parte de su familia, los médicos o los servicios de salud a donde acudieron.

De acuerdo con ciertos estudios en México la Iglesia católica ha jugado siempre un importante papel en el contexto político del país e influido en la actitud de sectores sociales muy amplios respecto a la sexualidad y la reproducción, además de contener sectores sociales fuertemente conservadores.

De ahí que la percepción de la Iglesia en cuanto al aborto se traduce en normas y principios morales rígidos que operan como un poderoso dispositivo para mantener las condiciones de subordinación y de desigualdad social de las mujeres.

Debido a ello, los argumentos morales y religiosos contra la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, más tratándose de un aborto, causan problemas a la discusión pública sobre el tema ya que, además, impiden a la gente tener una percepción clara sobre sus repercusiones sociales y sanitarias.

No obstante que a partir de los años 90 la situación y el pensamiento comenzó a cambiar, se denotaron movimientos cívicos de mujeres y otros sectores sociales involucrados en la promoción de los derechos de ellas encaminados al mejoramiento de sus condiciones de salud que, en un aspecto, han intensificado el esfuerzo para hacer visible su situación respecto del aborto.

Así, el primer paso se relacionó con el debate público sobre el tema y se logró la modificación de las leyes, en segundo término, el pensamiento se transformó respecto de la opinión de la Iglesia católica y los grupos conservadores que promueven la vida.

Al respecto hay estudios, correspondientes a la década del 2010, que cuentan que la mayoría de las personas, principalmente las mujeres, están de acuerdo con la práctica del aborto en casos de violación, cuando el embarazo pone riesgo la vida o la salud de la mujer y por alteraciones del producto; además que las clínicas del sector Salud deberían ofrecer servicios de aborto en este tipo de casos.

MARCO LEGAL

En definitiva, el aborto está penalizado en el país, sin embargo, los códigos penales de las entidades federativas de los estados contemplan circunstancias bajo las cuales la interrupción del embarazo no se castiga, pero todos lo autorizan en casos de violación.

Por ejemplo, en el caso de Coahuila están los Artículos 195 y 196 del Código Penal, el 195 dice que: “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”; y el 196 dicta que: “Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”, pero recientemente fueron derogados por la SCJN.

A pesar de la existencia de este marco jurídico el acceso de las mujeres al aborto seguro está muy restringido, pues la mayoría de los códigos penales dejaron de lado los instrumentos normativos adecuados para dar cumplimiento a esas mismas leyes y los hospitales públicos con capacidad para atender casos de aborto legal son muy pocos en México.

Así, por ejemplo, saltan a la vista estadísticas como según las leyes los estados rigen los casos en los que el aborto es permitido legalmente: en 32 entidades si es a causa de una violación, en 27 si existe riesgo para la vida de la madre, en 29 si el aborto es imprudencial, en 13 estados se permite el aborto si el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas; en 8 si es debido a una inseminación artificial no consentida por la mujer y solamente en un estado es permitido el abortar por razones socioeconómicas, es decir, si la madre tiene 3 o más descendientes.

Al respecto trascendió a principios de la semana la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto sesionó y su Pleno, compuesto por 11 ministros, determinó y emitió su resolución tras una controversia constitucional emitiendo un criterio irreversible legamente y que tiene que ver con la estigmatización criminal hacia las mujeres que se sometan a un aborto.

POLÉMICA

Y se creó la polémica. Fue a principios de la semana que la Corte sesionó en primera instancia para discutir la despenalización del aborto en Coahuila, ello a pesar de que en la entidad todavía no se considera legal la interrupción del embarazo como en la Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca, pero existen opciones para que las embarazadas se practiquen un aborto en Saltillo.

En su estudio de varios artículos del Código Penal de Coahuila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó artículos que supuestamente criminalizaban la interrupción del embarazo voluntario, sancionaban la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil mediante una pena menor a la establecida para el delito de violación; lo anterior de acuerdo con estadísticas de colectivos cívicos a favor de la legalización del aborto.

En concreto ambos artículos mencionados, el 195 y 196 del código local quedaron sin efectos tras la resolución de la Corte por mayoría de 10 de sus 11 ministros.

Las reacciones no se hicieron esperar y al día siguiente, el Partido Acción Nacional afirmó que seguirá en la lucha de la defensa de la vida: “porque sentimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analizó el derecho a la vida establecido en la Constitución Mexicana”.

Así lo dio a conocer su dirigente estatal, Jesús de León Tello, y expresó que la postura es clara: “decir que el PAN seguirá en la lucha en la defensa de la vida que en Coahuila su constitución local establece que debíamos de cuidar la vida desde la concepción, y que es una disposición local que la SCJN no analizó en un sistema federal y que se trata de temas que deben ser regulados por los congresos locales para definir cuál es la política que debe de verse desde la perspectiva de los derechos humanos de la vida”.

Por su parte la Conferencia Episcopal Mexicana fue más dura en sus comentarios preliminares y por medio de su cuenta de Twitter @IglesiaMexico publicó un mensaje de unas cuantas líneas en el que se lee textualmente: “Quienes estamos convencidos del valor de la vida no tenemos necesidad de una ley homicida como la que están aprobando; esperamos que tu opción por la vida no esté condicionada por una ideología, sino que esté motivada por la fe, la esperanza y el amor. #SíALaVida”.

Y luego de quedar en emitir su postura las siguientes horas, la Diócesis de Saltillo prefirió esperar dicha declaración de la CEM para fijar su postura también a través del jerarca de la Iglesia Católica en Saltillo, Monseñor Hilario González García.

La Iglesia Cristiana hizo lo propio y tras una sesión extraordinaria convocada por la Alianza Ministerial Evangélica de Coahuila que se integra por 3 mil iglesias cristianas en reunión con más de 30 de sus pastores, emitió una carta a la ciudadanía.

Comentaron que luego de exponer los principios bíblicos que defienden la vida y que prohíben expresamente terminar con la existencia del ser humano, además de ser analizados los fundamentos jurídicos de la Constitución Mexicana, tratados internacionales que ha suscrito el país, así como la Constitución de Coahuila y los códigos civil y penal locales emitieron un posicionamiento con “consenso absoluto”.

“Nos pronunciamos en favor de la vida de todos los niños y niñas defendiéndola desde el momento de su concepción y hasta su muerte natural, rechazamos toda propuesta judicial o legislativa que traiga como consecuencia la muerte de cualquier ser humano, especialmente de los que ya se encuentran en el vientre materno…, nos pronunciamos en favor de los derechos humanos de todos los mexicanos especialmente en favor de los niños y niñas que están por nacer”, expuso.

PROBLEMA DE SALUD

Vamos de lo internacional a lo nacional, de acuerdo con datos de la OMS a principios del 2000 por año se practicaban poco más de 50 millones de abortos en el mundo; de ellos, más de 20 millones se practicaron en condiciones inseguras que provocaron la muerte de 78 mil mujeres, sólo en un año.

Otro dato fue que, de casi la totalidad de las muertes asociadas al aborto inseguro el 99% de los registros ocurrieron en países con altos niveles de pobreza y marginación social y, contrario a ello, en los países de alto desarrollo el peligro de fallecer por complicaciones del aborto inseguro fue de 1 por cada 4 mil procedimientos.

Estas circunstancias ocasionan los problemas de salud pública ya que en los países industrializados las normas permiten el aborto y las mujeres tienen acceso a servicios de salud para interrumpir su embarazo de forma segura pues se las practica personal capacitado; mientras que en muchos países en desarrollo se cuenta con leyes restrictivas pues permiten el aborto sólo en circunstancias específicas.

Por consecuencia, el riesgo de morir o de sufrir secuelas físicas por un aborto es significativamente mayor entre las mujeres pobres y con dificultades para tener acceso a servicios de salud o emergencia en países de América Latina y el Caribe, pues según la estadística cada año alrededor de 4 millones de abortos inseguros se practican en estas regiones ocasionando la muerte de 5 mil mujeres.

A pesar de estas dificultades para conocer la magnitud real del problema, en México existen evidencias que permiten ubicar al aborto como un problema social y de salud pública urgente de atender.

PREVENCIÓN

A pesar de que en la actualidad existe una gran variedad de métodos para el control de la fertilidad, el embarazo no deseado y el aborto son problemas a los que cotidianamente se enfrentan muchas mujeres entre los 15 y 40 años de cualquier sector socioeconómico.

A principios del presente siglo se estimaba que el 45% de los embarazos en México eran no deseados; de ellos, el 20% culminaban con un aborto inducido, y un 30% en un nacimiento no deseado.

No obstante, para muchas mujeres en Coahuila que enfrentan un embarazo no deseado, sea por las circunstancias que sean, la maternidad representa una experiencia impuesta por los patrones culturales que prevalecen socialmente, en algunos sectores demasiado conservadora, pues, independientemente del contexto de que se trate, esta maternidad no deseada que en casi el 40% de los casos deviene en aborto, significa importantes costos sociales y psicológicos para las mujeres y bebés que nacen en estas condiciones; además del costo para el Estado vía la Salud Pública.

Al final de cuentas quedan las palabras de los colectivos cívicos, algunos legisladores y sobre todo especialistas médicos y mujeres: urge trabajar en el ejercicio del derecho a la sexualidad con responsabilidad, se tiene que trabajar en la cultura de la prevención y que el Estado invierta a largo plazo para que cambie la mentalidad de los mexicanos y se hagan cargo de sus actos.