Artículo 19
Por Marco Clavel*
México parece haber encontrado una fórmula peculiar para proteger derechos y luego negarlos. Primero, los reconoce en la Constitución; después, genera leyes para restringirlos. Finalmente, estrecha las vías judiciales para evitar que sean exigidos. La contradicción es evidente, y esto es preocupante, porque los derechos hoy en día sólo están a salvo en el papel.
Históricamente el juicio de amparo ha sido la gran herramienta para defender nuestros derechos frente al poder. Durante años, personas y organizaciones de la sociedad civil han utilizado este juicio para cuestionar decisiones del Estado que de otra manera no hubieran sido resueltas. Por ejemplo, cuestionar las leyes que afectan negativamente la libertad de expresión, combatir las respuestas de las autoridades cuando se niegan a revelar información sobre sus acciones, o incluso, para controvertir aquellas decisiones que dejan en indefensión al medio ambiente ante el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.
Como todo en derecho, la figura del amparo era cuestionable y también dejó mucho que desear; sin embargo, era la mejor justicia que conocíamos. A pesar de ello, en octubre de 2025 cambiaron las reglas. La reforma a la Ley de Amparo tuvo efectos concretos en dos grandes temas. El primero fue endurecer los requisitos para demostrar quiénes tienen el derecho de acudir a los tribunales —lo que los abogados conocen como interés legítimo— y quiénes no. El segundo fue reducir los supuestos donde se podía obtener una suspensión; es decir, que el juez impida que un daño ocurra mientras avanza el juicio.
En pocas palabras: menos personas pueden acceder al juicio de amparo, y es casi imposible obtener una suspensión en la mayoría de los casos. Ante una justicia que históricamente ha quedado a deber, la solución del legislador con la reforma de 2025 fue dificultar todavía más la posibilidad de exigir cuentas al Estado.
En México, la Constitución promete mucho cuando se trata de derechos. En cambio, las autoridades suelen cumplir muy poco. Para cerrar esa brecha, se usa el juicio de amparo: para volver reales los derechos que solo existen en papel. Una reforma que limita el acceso al juicio de amparo limita el acceso a nuestros derechos.
¿La justicia puede cerrar sus puertas cuando se le cuestiona que se impide acceder a ella?
Por esto, ARTICLE 19 presentó un amparo¹ contra la reforma. Buscamos que el juez confirmara que las nuevas barreras para defender nuestros derechos son inconstitucionales. La respuesta que recibimos fue difícil de creer: ni siquiera se estudiaron nuestros argumentos por considerar que el amparo no era la vía para hacerlo. Pero el propio juzgado, inadvertidamente, nos dio la razón en los motivos que nos orillaron a activar dicho proceso, nos negó utilizar el juicio de amparo para defender derechos.
Lejos de aceptar esta decisión, pedimos a un Tribunal² Superior para que revisara la sentencia del juzgado. En el Tribunal nos dieron la razón y revocaron la sentencia, enviando así a la Suprema Corte el asunto para su estudio. Ahora, el Máximo Tribunal debe resolver una pregunta incómoda: ¿puede la justicia cerrar sus puertas cuando lo que cuestionamos es, precisamente, que se nos impide acceder a ella?
Y esta delicada discusión llega en un momento particularmente oportuno. Donde se expiden a vapor legislaciones deficientes: las leyes antimemes —Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y Ley Federal de Derecho de Autor— o Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, por decir algunos ejemplos. Todas estas normas tienen una fórmula común: prometen proteger derechos, se redactan de mala manera y, en el proceso, ponen en riesgo no solo el derecho “protegido”, sino muchos más. Todo esto en nombre de la ciudadanía y sus derechos.
Ante un Estado que parece estar empeñado en multiplicar reglas deficientes en vez de garantizar el cumplimiento de las ya existentes, la discusión ante la Suprema Corte abre una oportunidad para reivindicar la protección de los derechos. Ahora le corresponde al Máximo Tribunal recordar una premisa fundamental: el juicio de amparo existe para proteger personas frente al poder, no para proteger al poder frente a las personas.
*Marco Clavel es coordinador legal del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19 México y Centroamérica.
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