Astillero
Por Julio Hernández López
Más allá de los resultados del pasado martes en las elecciones intermedias en Estados Unidos, México necesita revisar y corregir los puntos débiles que permiten a republicanos y demócratas, derechas y ultraderechas, aprovecharlos para tratar de frenar el proceso llamado Cuarta Transformación y abrir paso a opciones serviles a los intereses de la élite no sólo estadunidense.
Uno de esos temas, con dos afluentes, es el del crimen organizado y la corrupción política y gubernamental. No van separados, aunque se les pretendiera dar ese tratamiento: la corrupción en altos niveles constituye de facto una forma de crimen organizado, y éste a su vez está cada vez más integrado a los aparatos de gobierno, en sus tres niveles, y de la política (candidaturas, campañas, financiamiento, resultados, cobro de ganancias).
El caso de Rubén Rocha Moya ha sido la piedra angular de la cimentación en el segundo piso de la 4T de una política federal de protección gremial, de espíritu de cuerpo, que considera que extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, o sujetarlo a un proceso judicial firme en México, significaría iniciar una caída en cascada de personajes en situaciones similares, un efecto dominó.
Por ello se sostiene la defensa, directa o indirecta, de personajes acusados de corrupción en casos diversos ante los cuales la Cuarta Transformación en general (sus voces más relevantes, los ejércitos de cuentas actuantes en redes sociales) y Palacio Nacional (con la Presidenta en sus mañaneras haciendo esfuerzos poco exitosos para defender lo indefendible, desgastando su credibilidad) tratan de apostar al paso del tiempo y a la irrupción de subsiguientes escándalos que hagan olvidar los anteriores.
El contexto de colusión entre criminalidad y ejercicio de la política (con la reciente exhibición escandalosa de Guadalupe Taddei y el contratismo corrupto, ni más ni menos que en el instituto encargado de organizar las elecciones federales) propicia las campañas del trumpismo y sus aliados en México contra el proceso llamado 4T, más allá de volteretas o continuidades electorales en las cámaras de Estados Unidos.
Extrañas renuncias 1: Claudia Arlett Espino renunció el pasado 9 de septiembre al segundo cargo en importancia en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), la muy poderosa secretaría ejecutiva. Lo hizo un día antes de que iniciara el proceso electoral federal, por motivos de salud, según argumentó. Un mes y 10 días después, fue nombrada directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, puesto que ya había ocupado antes de irse al INE. Es decir, colaboró con Guadalupe Taddei, saltó antes de que estallaran los videos del contratismo amoroso y se fue con Maru Campos, envuelta también en el escándalo. El pasado lunes renunció a la oficina norteña. ¿Cuál será el siguiente destino de Arlett Espino?
Extrañas renuncias 2: Yeraldine Bonilla Valverde renunció ayer a la secretaría general de gobierno de Sinaloa, luego de pasar de este cargo al de gobernadora interina al solicitar licencia Rubén Rocha Moya el 2 de mayo del año en curso y, luego de 112 días de ese interinato, haber sido devuelta a la secretaría general luego que el gobernador titular regresó brevemente al puesto y, en medio de una breve escaramuza regresó al ostracismo protegido y le sustituyó Graciela Domínguez Nava. Así, Bonilla Velarde regresa a su curul local. Notable fue el agradecimiento expresado a Rocha Moya.
Y, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas a proveedores del INE y a la ex consejera presidenta Taddei, y se ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la República, con la propia Taddei en destino desconocido, ¡hasta mañana, en espera de una investigación creíble y justiciera del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas, activista destacado en diversas luchas sociales!
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