Ciudad de México, 02/11/26 (Más).- Trabajadores y extrabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron un presunto esquema de cobro de cuotas salariales de hasta 15 mil pesos mensuales para conservar sus puestos, mediante depósitos bancarios y entregas de dinero en efectivo.
Los señalamientos alcanzan al diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, a quien los denunciantes atribuyen una supuesta influencia en la asignación de plazas dentro de la instancia encargada de vigilar el uso de los recursos públicos del organismo electoral.
De acuerdo con una investigación de la periodista Aurora Zepeda, publicada por Excélsior el 30 de octubre y retomada por distintos medios de comunicación, los exempleados aseguraron que las aportaciones eran establecidas desde el momento de su contratación y que los trabajadores recibían instrucciones sobre las cantidades que debían entregar y las cuentas bancarias donde realizarían los pagos.
Según los testimonios divulgados, los subdirectores, con ingresos aproximados de 73 mil pesos netos mensuales, debían entregar hasta 15 mil pesos, distribuidos en pagos quincenales de siete mil 500 pesos; esta cantidad representaría más del 20 por ciento de sus percepciones, mientras que para las jefaturas de departamento se habrían establecido cuotas superiores a siete mil pesos mensuales.
Los denunciantes describieron un mecanismo mediante el cual determinadas plazas laborales quedaban condicionadas a la entrega periódica de recursos económicos. Las cantidades variaban según el nivel jerárquico de los empleados y, de acuerdo con sus versiones, no existía posibilidad de negociar las aportaciones exigidas.
Parte del dinero presuntamente era depositado en una cuenta bancaria cuya titular sería una funcionaria del Gobierno de Veracruz.
La investigación periodística señaló que los extrabajadores proporcionaron estados de cuenta relacionados con esas operaciones, mientras que otros pagos se habrían realizado en efectivo mediante intermediarios.
Las acusaciones también incluyen presuntas prácticas de hostigamiento laboral, vigilancia sobre las actividades del personal y revisiones de teléfonos celulares para impedir filtraciones de información. Los exempleados solicitaron mantener reservadas sus identidades ante el temor de posibles represalias.
El caso involucra al Órgano Interno de Control del INE, cuya función consiste precisamente en investigar irregularidades administrativas, supervisar procedimientos internos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por ello, los señalamientos sobre posibles cobros indebidos dentro de su propia estructura han generado cuestionamientos sobre la transparencia e independencia de esa instancia.
La investigación también señala que, después de la llegada de Víctor Hugo Carvente Contreras como titular del OIC, se produjeron cambios en la plantilla laboral y distintas plazas habrían sido distribuidas entre personas vinculadas con Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Los exempleados atribuyeron al diputado Sergio Gutiérrez Luna una presunta participación en el control de algunos puestos, aunque estas afirmaciones no han sido acreditadas mediante una resolución oficial.
Los señalamientos llegaron a la Cámara de Diputados durante la comparecencia de Carvente Contreras, celebrada el 30 de octubre ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia. En esa reunión, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, entregó al contralor la investigación periodística y solicitó esclarecer los posibles cobros irregulares.
La legisladora cuestionó que trabajadores del organismo encargado de combatir la corrupción pudieran estar sometidos a un sistema de cuotas para conservar sus empleos. Durante su intervención mencionó presuntos pagos de hasta 14 mil pesos mensuales en subdirecciones y siete mil pesos en jefaturas de área, cifras ligeramente distintas de las publicadas originalmente por Excélsior.
La comparecencia también permitió conocer otras investigaciones administrativas dentro del INE. Carvente informó que su dependencia tiene registrados 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción desde mayo de 2025, de los cuales 13 permanecen en investigación y cinco se encuentran en procedimientos de responsabilidad. Los asuntos incluyen posibles conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de licitaciones, abuso de funciones y daño patrimonial, sin que se haya establecido que estos expedientes correspondan a las denuncias por diezmos.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación envió personal a las instalaciones del edificio Zafiro del INE para revisar las actividades del propio órgano fiscalizador, en un contexto de cuestionamientos sobre las investigaciones relacionadas con la administración de Guadalupe Taddei Zavala. La revisión añade un elemento de supervisión externa sobre las tareas de la Contraloría.
En respuesta a las acusaciones, Sergio Gutiérrez Luna difundió una carta aclaratoria publicada por Excélsior el 31 de octubre, en la que rechazó cualquier relación con los presuntos cobros y negó haber intervenido en la distribución de plazas del órgano electoral. El legislador calificó los señalamientos como “totalmente falsas” y sostuvo que no mantiene personal cercano dentro de la estructura del OIC.
También aseguró que conoció a Víctor Hugo Carvente el día de su toma de protesta ante la Cámara de Diputados y que posteriormente solo coincidieron en algunas ocasiones por motivos institucionales. Agregó que la designación del contralor fue realizada mediante un procedimiento de evaluación desarrollado por las comisiones legislativas correspondientes.
Sobre los depósitos presuntamente realizados a una funcionaria del Gobierno de Veracruz, el diputado rechazó cualquier vínculo con la beneficiaria señalada y consideró inverosímil que se le atribuyera una relación con personas que trabajan en la administración estatal. Asimismo, pidió que las denuncias fueran investigadas y que, de comprobarse las irregularidades, se sancionara a los responsables.
Gutiérrez Luna atribuyó las acusaciones a una campaña política en su contra y recordó que anteriormente se desempeñó como representante de Morena ante el INE durante los procesos electorales de 2021 y 2024. El legislador sostuvo que su participación en controversias relacionadas con la autoridad electoral ha motivado nuevos señalamientos sobre su actuación pública.
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