Penales de Sinaloa son tierra de nadie

Culiacán, Sinaloa, 10/10/26 (Más).- Ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares, equipos de internet satelital y mercancías sin inspección, presuntos sobornos a custodios, privilegios para internos, fugas, enfrentamientos y denuncias de tortura forman parte de las irregularidades documentadas en el sistema penitenciario de Sinaloa, particularmente en el Centro Penitenciario de Aguaruto, donde los problemas de seguridad y gobernabilidad se han mantenido durante varias administraciones estatales.

De acuerdo con información de medios nacionales, documentos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y evaluaciones de organismos de derechos humanos, las anomalías incluyen presuntos actos de corrupción entre personal penitenciario, deficiencias en los controles de acceso, presencia de objetos prohibidos y falta de personal de custodia. Los registros también documentan antecedentes de autogobierno, fugas de internos vinculados con la delincuencia organizada y homicidios al interior de los reclusorios.

Uno de los expedientes de Asuntos Internos, fechado el 28 de noviembre de 2024, documentó presuntas irregularidades ocurridas en abril de ese año, cuando custodios habrían permitido el ingreso de un refrigerador de aproximadamente 20 pies, un equipo de internet satelital Starlink y diversos paquetes sin inspección. El reporte también señaló que una integrante del personal de custodia presuntamente omitía revisar las maletas y mochilas de otros trabajadores que ingresaban al centro penitenciario.

Las actas describen posibles omisiones en las mesas de revisión y en los accesos vehiculares. En uno de los casos, el jefe de servicios y vigilancia habría dejado de supervisar las inspecciones, lo que permitió el ingreso de artículos a cambio de dádivas en especie y dinero. El documento refiere la entrada de dos automóviles que transportaban aproximadamente 20 cajas con alimentos y productos diversos, sin que se efectuaran las revisiones correspondientes.

Otro informe describe un caso ocurrido el 9 y 10 de abril de 2024, cuando un custodio presuntamente recibió tres aguacates a cambio de no inspeccionar una caja de cartón con artículos destinados a un interno. El reporte también señala que el trabajador habría recibido otros objetos de visitantes para permitir el ingreso de paquetes sin someterlos a los procedimientos de seguridad.

Las irregularidades incluían el incumplimiento de las reglas para las visitas. El 14 de junio de 2024, personal del penal habría permitido que cuatro mujeres permanecieran en el módulo 2 para visitar a internos, pese a que ese viernes no estaba autorizado el ingreso para visitas conyugales ni para otras modalidades de convivencia. El expediente atribuye los hechos a omisiones de supervisión por parte del personal responsable.

La documentación incluye un caso del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, donde la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal Preventiva identificó un posible conflicto de intereses relacionado con un custodio que, al mismo tiempo, actuaba como abogado de un interno. De acuerdo con el expediente CHJEP/SSP/024/-2023, el trabajador habría tramitado como defensor de oficio la libertad condicional del recluso.

Celdas con privilegios y antecedentes de autogobierno

Las condiciones de Aguaruto también fueron exhibidas mediante imágenes de cámaras de videovigilancia difundidas por EL UNIVERSAL, en las que, según la publicación, se observaba a internos utilizando teléfonos celulares, consumiendo presuntas drogas y ocupando habitaciones equipadas con pantallas de plasma, salas y otros artículos. En algunas imágenes también aparecían mujeres que, de acuerdo con fuentes estatales consultadas por el medio, serían sexoservidoras.

Los registros fueron presentados como indicios de los privilegios que algunos internos habrían mantenido dentro del centro penitenciario, donde el uso de celulares está prohibido. Autoridades estatales relacionaron esas condiciones con el llamado autogobierno, un fenómeno en el que grupos de internos ejercen control sobre actividades y espacios de una prisión, lo que puede facilitar el tráfico de drogas, las extorsiones y otras actividades ilícitas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación General 18/2010, advirtió sobre los problemas asociados con el autogobierno en los centros penitenciarios del país. En Aguaruto, los antecedentes periodísticos y oficiales han documentado durante años el hallazgo de teléfonos, drogas, armas, dispositivos de comunicación y otros objetos cuya presencia evidencia deficiencias en los mecanismos de inspección.

La prisión de Culiacán también ha albergado a integrantes de alto perfil del Cártel de Sinaloa. Entre ellos se encontraban Juan José Esparragoza Monzón, conocido como “El Negro” o “El Azulito”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”; Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña González, “El 20”; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”, y Francisco Zazueta, “El Pancho Chimali”. Varios de estos internos escaparon en marzo de 2017, en una evasión que exhibió las vulnerabilidades del sistema de seguridad.

Después de la fuga de Esparragoza Monzón, autoridades estatales desmantelaron la celda que ocupaba, descrita en reportes periodísticos como un departamento equipado con aire acondicionado, cocina, pantallas, televisión de paga, sala, electrodomésticos y equipo de sonido. La existencia de estas comodidades generó cuestionamientos sobre la supervisión del personal penitenciario y los mecanismos que permitieron mantener esos privilegios dentro de la prisión.

Según antecedentes publicados sobre el caso, no se impusieron sanciones administrativas a los custodios por los privilegios que presuntamente tenía el interno antes de su fuga. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por la evasión, pero los reportes disponibles señalan que la carpeta fue enviada al archivo temporal. En relación con la fuga, también se informó de un proceso penal contra un exencargado de la dirección del penal, cinco custodios y un civil por el delito de evasión de presos.

El penal de Aguaruto fue construido en 1969 y se encuentra en una superficie aproximada de 125 mil metros cuadrados, a un costado de la carretera Culiacán-Navolato, en la sindicatura del mismo nombre. A lo largo de su historia ha registrado fugas, motines, riñas, homicidios y decomisos de armas, incluidos episodios relacionados con personas vinculadas a grupos delictivos.

Diagnósticos reprobatorios y falta de gobernabilidad

Las deficiencias de seguridad también se reflejaron en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la CNDH, que otorgó al sistema penitenciario de Sinaloa una calificación general de 5.85 puntos, inferior a los 6.16 obtenidos en 2022. La evaluación comprendió los cuatro centros penitenciarios estatales: Aguaruto, en Culiacán; El Castillo, en Mazatlán; Goros II, en Ahome, y la Región del Évora, en Angostura.

De acuerdo con los resultados difundidos, el centro penitenciario de la Región del Évora obtuvo 6.32 puntos; El Castillo, 6.20; Aguaruto, 6.03, y Goros II, 4.87. Este último fue el único que se ubicó por debajo de los cinco puntos y nueve décimas, además de registrar la mayor caída respecto del año anterior, con una disminución de 1.35 puntos. Todas las prisiones tuvieron una calificación inferior a la del periodo previo, excepto la de la Región del Évora.

El diagnóstico identificó deficiencias compartidas por los cuatro centros, entre ellas insuficiencia de personal de seguridad y custodia, salarios considerados insuficientes y problemas en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias. También señaló la presencia de actividades ilícitas y deficiencias en las condiciones de gobernabilidad.

En Goros II y El Castillo, la CNDH detectó que algunas personas privadas de la libertad ejercían funciones de autoridad, situación que corresponde a condiciones de autogobierno o cogobierno. Este tipo de prácticas implica que internos asumen atribuciones que corresponden a las autoridades penitenciarias, con posibles consecuencias para la seguridad y el respeto a los derechos de la población recluida.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, señaló que el sistema penitenciario de Sinaloa y del país opera con un modelo que considera obsoleto y pidió utilizar los resultados de la evaluación para construir una agenda de mejoras. Entre las recomendaciones formuladas por la CNDH se encuentran combatir el autogobierno, denunciar actividades ilícitas, revisar la situación de quienes ejercen funciones de autoridad dentro de los penales y fortalecer los controles de contratación del personal.

El diagnóstico también documentó deficiencias relacionadas con la atención a grupos prioritarios. Sinaloa figuraba entre las 12 entidades que no contaban con centros penitenciarios diferenciados para hombres y mujeres, por lo que las internas permanecían en instalaciones mixtas que, según el informe, presentaban carencias en servicios médicos especializados, atención ginecológica y espacios para visitas íntimas.

En la población penitenciaria estatal se contabilizaron mujeres embarazadas, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas que viven con VIH o sida, personas con farmacodependencia y extranjeros. El diagnóstico señaló que Goros II presentaba deficiencias particulares en la atención de varios de estos grupos, además de insuficiencias en programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

El entonces gobernador Rubén Rocha Moya respondió a las observaciones sobre la atención de la población vulnerable al señalar que el informe sería turnado a la Secretaría de Seguridad Pública para dar seguimiento a las recomendaciones. A nivel nacional, el diagnóstico de 2023 reportó que 11 entidades se encontraban en la zona de calificaciones más bajas, mientras que Querétaro obtuvo la puntuación más alta, con 8.61, y Tabasco la más baja, con 4.27.

Antecedentes de fugas, armas y sanciones limitadas

Un diagnóstico realizado en 2017 por la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, después de la fuga de cinco internos identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa, ya había señalado que algunos detectores de metales no se utilizaban o permanecían apagados, los arcos de revisión eran insuficientes y el número de custodios no correspondía a las necesidades del centro.

El documento también identificó la falta de inhibidores de señal para teléfonos celulares, venta y consumo de drogas al menudeo, visitas conyugales fuera de horario y ausencia de protocolos adecuados para revisar a los visitantes. En ese momento, el penal contaba con 103 elementos de custodia, cifra considerada insuficiente frente a la población penitenciaria.

Entre las recomendaciones se planteó capacitar y contratar más custodios, mejorar sus condiciones salariales, fortalecer los controles de acceso y trasladar a internos de alta peligrosidad a centros federales. Sin embargo, las fugas y los incidentes violentos continuaron en años posteriores. En septiembre de 2018, dos reclusos escaparon vestidos como policías, mientras que en octubre de 2019 decenas de internos huyeron durante los acontecimientos violentos conocidos como el primer Culiacanazo.

La fuga de 2018 también quedó registrada en investigaciones relacionadas con dos custodios que presuntamente facilitaron uniformes y abrieron puertas para que los internos atravesaran seis filtros de seguridad. De acuerdo con los antecedentes publicados, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación en agosto de ese año, pero los dos trabajadores fueron destituidos posteriormente por no presentarse a laborar durante tres días consecutivos.

Un recuento de las actas de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, publicado en 2021, señaló que el organismo había sancionado a 11 custodios penitenciarios: 10 fueron destituidos y uno recibió una suspensión temporal. Sin embargo, ninguna de esas sanciones correspondía específicamente a actos de corrupción por permitir el ingreso de objetos prohibidos, según la revisión de los expedientes difundida en ese reporte.

Cuatro de los trabajadores fueron separados después de dar positivo en exámenes toxicológicos para metanfetamina y anfetamina; otros seis fueron dados de baja por ausencias injustificadas, y uno fue suspendido por descuido y negligencia luego de disparar accidentalmente su arma y lesionarse. El informe también señaló que, pese a las fugas y los decomisos, no se habían iniciado procedimientos administrativos específicos para establecer responsabilidades por el ingreso de armas y otros artículos ilegales.

La publicación documentó además que, después de una fuga ocurrida en 2017, no se establecieron sanciones administrativas relacionadas con los privilegios que tenía Esparragoza Monzón dentro del penal. En el caso de la evasión de 51 internos ocurrida en octubre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública destituyó al director del centro, pero la revisión de las actas de la Comisión de Honor y Justicia no encontró propuestas para investigar las posibles responsabilidades del personal penitenciario.

Los testimonios de agentes estatales citados en esos antecedentes indicaron que algunos internos presuntamente recibían avisos sobre la realización de cateos, lo que les permitía ocultar armas y objetos prohibidos antes de las inspecciones. En distintos operativos se localizaron armas blancas, drogas y celulares, mientras que en otras revisiones se encontraron armas de fuego y bebidas alcohólicas.

Homicidios y sobrepoblación en 2026

La violencia continuó durante 2026. De acuerdo con información publicada el 7 de junio de ese año, durante la madrugada del domingo 31 de mayo se registró un ataque con armas punzocortantes hechizas en el módulo 7 de Aguaruto, que dejó siete internos muertos, incluido uno de los presuntos agresores, y otro lesionado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que dos internos habrían participado en el ataque. La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que uno de los presuntos responsables estaba entre las personas fallecidas y que el otro permanecía con vida. La investigación comenzó bajo la clasificación de homicidio en riña, pero posteriormente fue reclasificada como homicidio doloso, conforme avanzaron las diligencias ministeriales.

Después de la agresión, elementos del Grupo Interinstitucional realizaron un operativo en el que aseguraron siete teléfonos celulares, 10 cargadores para dispositivos móviles, siete puntas metálicas y cuatro cajas de navajas para afeitar. La Fiscalía indicó que investigaba cómo ingresaron o fueron elaborados los objetos punzocortantes utilizados en los homicidios.

El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, consideró que los hechos reflejaban deficiencias estructurales del sistema penitenciario y cuestionó que las dinámicas criminales pudieran imponerse dentro de una prisión. También señaló que se habían destinado recursos adicionales para el sector, con poco más de 100 millones de pesos etiquetados para el sistema penitenciario durante 2026.

Calderón Quevedo planteó la necesidad de valorar el cierre de Aguaruto y la construcción de un nuevo centro con criterios modernos de seguridad. Sostuvo que los operativos y decomisos no habían impedido que los internos consiguieran armas o fabricaran objetos punzocortantes con materiales disponibles dentro de las instalaciones.

A los problemas de seguridad se suma la sobrepoblación. Estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal citadas en la publicación del 7 de junio indicaron que Aguaruto tenía capacidad para mil 885 internos, pero albergaba a 2 mil 295 personas, de las cuales mil 494 enfrentaban procesos o condenas del fuero común y 801 correspondían al fuero federal.

La misma información señaló que los otros centros penitenciarios estatales presentaban niveles de ocupación inferiores a su capacidad: El Castillo, en Mazatlán, operaba al 70 por ciento; Goros II, en Los Mochis, al 66 por ciento, y el centro penitenciario de Évora, en Angostura, al 90 por ciento. Aguaruto era el único que rebasaba su capacidad instalada.

Denuncias de tortura y deficiencias en la atención penitenciaria

La CNDH ha documentado deficiencias en Aguaruto mediante el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Entre 2014 y 2024, el centro obtuvo calificaciones reprobatorias en seis años no consecutivos, mientras que su puntuación más alta fue de 6.76 en 2024.

Las evaluaciones registraron problemas relacionados con las condiciones materiales e higiénicas de las instalaciones, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las actividades ilícitas y las deficiencias en los procedimientos disciplinarios. También señalaron limitaciones en los mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a los derechos humanos.

A estas observaciones se sumaron denuncias de familiares de internos por presuntos actos de tortura durante las revisiones efectuadas por autoridades de seguridad. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, informó que familiares señalaron golpes, inmersión de la cabeza en agua y descargas eléctricas contra personas privadas de la libertad.

El 22 de octubre de 2025, Loza Ochoa dio a conocer que alrededor de 45 familiares habían acudido al organismo para exponer presuntas violaciones a los derechos humanos durante los operativos. El funcionario pidió a las autoridades investigar los señalamientos y actuar ante la gravedad de las prácticas denunciadas. Las acusaciones corresponden a testimonios que deben ser esclarecidos por las instancias competentes.

En paralelo, trabajadores penitenciarios manifestaron inconformidad por cambios de adscripción y decisiones administrativas. En octubre de 2025, custodios protestaron contra la instrucción de trasladar a 24 elementos a centros penitenciarios de Los Mochis y Mazatlán, al señalar presunto hostigamiento laboral, falta de apoyo de sus superiores y dificultades económicas para cumplir con las comisiones.

Irregularidades también en otros centros penitenciarios

Los problemas de control no se limitan a Aguaruto. En el penal Goros II, ubicado en Los Mochis, se denunció la presunta venta de pases y credenciales para ingresar como visitante. El caso derivó en un proceso penal contra un ex trabajador del área de credencialización identificado como Alberto, acusado de cohecho y posteriormente absuelto.

Según los antecedentes judiciales publicados, varios visitantes señalaron inicialmente que el ex trabajador les cobraba por pases temporales y credenciales permanentes, con cantidades que iban de 100 a 2 mil pesos. Durante el procedimiento judicial, sin embargo, los testigos se retractaron y manifestaron que habían sido presionados para declarar en su contra con el propósito de conservar el acceso al penal.

El acusado recibió un auto de formal prisión en julio de 2019 y fue absuelto en noviembre de 2023. En mayo de 2026, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificó la sentencia absolutoria, al considerar que las pruebas no contenían señalamientos concretos que acreditaran su responsabilidad. El desenlace del caso evidencia la necesidad de distinguir entre las denuncias iniciales y los hechos que finalmente pueden probarse en los tribunales.

Los antecedentes del sistema penitenciario sinaloense abarcan distintas administraciones y centros de reclusión. Las evaluaciones de la CNDH, los expedientes de Asuntos Internos y los reportes de decomisos y homicidios describen problemas persistentes de seguridad, supervisión, atención a grupos vulnerables y gobernabilidad.

La investigación de los presuntos sobornos, la determinación de responsabilidades por el ingreso de objetos prohibidos, el esclarecimiento de los homicidios y la atención a las denuncias de tortura permanecen entre los asuntos que deben resolver las autoridades competentes. Mientras tanto, Aguaruto continúa bajo escrutinio por la reiteración de fugas, privilegios documentados, presencia de armamento y episodios violentos que ponen en cuestión la eficacia de los controles penitenciarios.