Notarios, en la mira

Por Francisco Ortiz Pinchetti

A diferencia de lo que ocurre en varias entidades de la República –en las que es facultad de los gobernadores el nombramiento de los notarios–, en Ciudad de México la patente se gana únicamente por la vía del concurso de oposición. Es la autoridad gubernamental de la capital la que debe convocar a concurso cuando exista una notaría vacante, ya sea por fallecimiento, renuncia o retiro del titular.

De acuerdo con la Ley del Notariado para la Ciudad de México, el procedimiento para nombrar a un titular y otorgarle la patente de notario es un proceso sumamente riguroso, que consta de varias etapas institucionales y de oposición. Ese procedimiento, que garantiza la capacidad y experiencia de los nuevos notarios, le ha dado a ese gremio un prestigio extraordinario y un rango profesional de primer nivel.

Los candidatos a la obtención de una notaría deben primero obtener la patente de aspirante al notariado. Para ello se requiere ser mexicano por nacimiento, tener entre 25 y 60 años de edad, contar con título y cédula profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y haber realizado al menos 12 meses de práctica notarial ininterrumpida bajo la tutela de un notario de la Ciudad de México.

La convocatoria a ese examen de los aspirantes es facultad de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de CDMX, que debe publicarla a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en diarios de circulación nacional o local. En esta convocatoria se especifican las notarías disponibles y los plazos para que los aspirantes con patente vigente se inscriban al examen de oposición.

El examen consiste en una evaluación dividida en dos pruebas (una práctica de redacción de un instrumento notarial y otra teórica) ante un jurado integrado por representantes de la autoridad y del Colegio de Notarios. La prueba práctica consiste en resolver un caso jurídico complejo redactando los documentos notariales correspondientes. La prueba teórica consiste de preguntas de los sinodales sobre derecho civil, mercantil, fiscal y notarial.

Un jurado —compuesto por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y magistrados, además de miembros del Colegio de Notarios— califica de forma inapelable el desempeño de los participantes. El sustentante que obtiene la puntuación más alta es declarado vencedor de la oposición para esa notaría específica. Una vez concluido el concurso y dictaminado el ganador, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México expide formalmente la Patente de Notario. Para poder iniciar formalmente el ejercicio de sus funciones, el nuevo notario debe todavía cumplir con trámites administrativos de instalación, rendir protesta de Ley, otorgar las fianzas correspondientes, registrar su sello y firma ante el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios, y abrir oficialmente su oficina dentro del plazo legal establecido.

Tal es el procedimiento que se ha seguido desde hace 80 años. Está vigente desde 1946, cuando se publicó la ley respectiva durante el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho.

Actualmente hay 27 notarías vacantes. Sin embargo, hace ya tres años que por razones desconocidas –y sospechosas– la Consejería Jurídica a cargo de la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes no convoca a un sólo concurso de oposición. Así se han acumulado ya más de una décima parte del notariado capitalino, compuesto por 250 notarías públicas autorizadas por la Ley.

Ese rezago inexplicable ha provocado natural inquietud entre los miembros del notariado. Crecen temores de que esa inmovilidad del Gobierno de Clara Brugada en la materia sea preludio de alguna acción en contra de su actual estructura y naturaleza. La reciente destrucción del Poder Judicial, con la supuesta “elección” de jueces y magistrados improvisados por “votación popular” de apenas un 13 por ciento del electorado (y a través en realidad del uso de los vergonzosos acordeones), es un antecedente más que preocupante.

Los fedatarios temen, y con toda razón, que se adopte un sistema similar al impuesto en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, mediante la Ley de Registros y del Notariado promulgada 16 de diciembre de 2021. Esa legislación establece que los notarios públicos no son abogados particulares que cumplen requisitos rigurosos y obtienen una patente tras un examen de oposición, sino funcionarios públicos nombrados y subordinados al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), un organismo dependiente… del Poder Ejecutivo.

Los temores de los notarios acerca del futuro de su profesión deben ser compartidos por todos quienes aspiramos todavía a la supervivencia de los pocos organismos autónomos que quedan en nuestro país, frente a las tentaciones autoritarias cada vez más evidentes del régimen morenista. Aterra el pensar que, como ha ocurrido con los jueces “electos”, ahora los notarios públicos sean empleados improvisados nombrados discrecionalmente por el o la Presidenta de la República.

Molesta también a los notarios, por otra parte, que se señale a las notarías públicas de la Ciudad de México como “careras”, debido al monto total que cobran a los ciudadanos en los trámites inmobiliarios. Es injusto. En realidad las notarías operan como agencias recaudadoras por mandato de ley. Entre el 80 y el 90 por ciento del dinero que los clientes les entregan se destina directamente al pago de impuestos federales y locales, que deben por supuesto enterar a la Tesorería de CDMX y al SAT, como el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) y el impuesto sobre la renta (ISR), además de los derechos registrales. Lo que el notario recibe estrictamente como honorarios profesionales representa sólo una fracción menor del costo total y se rige por un arancel oficial, no a su arbitrio. Debido a esto, el notario absorbe injustamente la fama de cobrar tarifas elevadas, cargando además con una severa responsabilidad solidaria ante la hacienda pública si los enteros fiscales no se realizan con absoluta precisión, lo que puede significarle multas y sanciones.

Lo que ocurre actualmente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio capitalino, en manos de Héctor Muñoz Ibarra, es otro “tema perturbador”, según los notarios: el número de “salidas sin registro” de escrituras, es decir los rechazos de registro para reales o supuestas irregularidades, se ha disparado en este gobierno de un promedio de 200 a tres mil mensuales, sin otra razón que la incapacidad… o la mala fe. Y eso auspicia, claro, la corrupción. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

CUANDO EL RIO… ¡TRUENA! Concedamos que la presidenta no tiene por qué saberlo, pero los periodistas entendemos muy bien lo que implica el que un diario como The New York Times publique en la portada de su sitio web global y en las secciones para América Latina una información firmada por cuatro de sus reporteros de planta, relativa a las investigaciones que según cinco fuentes no identificadas dos agencias de seguridad estadunidenses siguen a Andy López Beltrán y su amigo del alma, Amilcar Olán. No fue casual la reaparición furibunda de Andrés Manuel justo después de esa publicación. El expresidente sí sabe de qué se trata. Por supuesto.