Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 29/09/2026 (Más).- La diputada Magaly Hernández Aguirre cuestionó la atención que brinda la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU) a las denuncias e inconformidades que se presentan en los planteles educativos, al señalar que la falta de una respuesta oportuna puede provocar que los conflictos escalen hasta generar situaciones mayores.
La legisladora señaló que, en uno de los casos recientes, padres de familia ya habían acudido ante autoridades educativas para exponer su inconformidad y solicitar atención, pero al no obtener una respuesta que consideraran oportuna, recurrieron a la toma de una carretera como medida de presión.
“Cuando desde un inicio ellos hicieron lo que correspondía. Sin embargo, al no ver respuesta oportuna por parte de Secretaría, esto se sale fuera de control”, expresó Hernández Aguirre.
Ante esta situación, hizo un llamado a la SEDU y al resto de las autoridades involucradas para que las denuncias reciban seguimiento desde el momento en que son presentadas, independientemente de si se realizan de manera anónima o directamente por los afectados.
La diputada cuestionó que las denuncias anónimas puedan generar una respuesta inmediata, mientras que aquellas presentadas personalmente no siempre tengan el mismo seguimiento.
“Cuando hay una denuncia anónima a través de una llamada, sí van inmediatamente a hacer una averiguación previa. Pero cuando hay una denuncia de manera personal, no lo hay; ahí es la incongruencia”, señaló.
Hernández Aguirre también planteó la necesidad de fortalecer la supervisión de las escuelas, pues consideró que la falta de recorridos constantes puede impedir que las autoridades conozcan oportunamente las situaciones que se presentan al interior de los planteles.
Otro de los temas que abordó fue el de los casos de picaduras de garrapata registrados en la escuela Miguel Hidalgo, asunto que, recordó, ya había sido planteado mediante exhortos desde el Congreso del Estado para solicitar acciones de fumigación en los planteles educativos.
La legisladora explicó que los padres de familia que buscan realizar labores de fumigación deben atravesar un proceso de autorización, lo que puede retrasar las acciones. Señaló que, debido a los trámites requeridos, pueden transcurrir semanas antes de obtener una respuesta, pese a tratarse de una situación que requiere atención.
“Yo le repito, en ocasiones tenemos que tener desafortunadamente un deceso para que se tomen de verdad medidas específicas para este tipo de problemas”, manifestó al referirse a la necesidad de actuar de manera preventiva ante este tipo de situaciones.
Hernández Aguirre también señaló que la presencia de perros y gatos en los alrededores de las escuelas representa un factor que debe atenderse con responsabilidad por parte de los propietarios, debido a que algunos animales ingresan a los planteles pese a las medidas que puedan adoptar los docentes.
La diputada agregó que los maestros no pueden asumir por sí solos determinadas decisiones relacionadas con estos problemas, particularmente cuando existen procedimientos administrativos que deben cumplirse para realizar acciones como las fumigaciones o suspender actividades escolares.
Además, se refirió a los lineamientos relacionados con el uso de teléfonos celulares en las escuelas, cuya aplicación está prevista para el 3 de noviembre. En este caso, cuestionó que las disposiciones establezcan obligaciones para los docentes, pero no definan con claridad las sanciones que podrían aplicarse a los alumnos que incumplan las reglas de manera recurrente.
Explicó que un maestro puede retirar temporalmente el teléfono de un alumno y entregarlo al finalizar la jornada, pero existe incertidumbre sobre las medidas que pueden adoptarse cuando el comportamiento se repite, por lo que consideró necesario que las autoridades educativas establezcan con precisión cómo deberán actuar los trabajadores de la educación.
“Si hay un lineamiento y un acuerdo de ley, tiene que haber también una sanción para ello”, sostuvo Hernández Aguirre, al señalar que no debería dejarse exclusivamente en manos de cada comunidad educativa la responsabilidad de determinar las consecuencias ante el incumplimiento de las disposiciones.
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