El Callejón

10/09/26

Por Juan Ciudadano

Amenazas

Hay una regla no escrita en política: quien quiera dedicarse a esa actividad debe tener la piel gruesa, muy gruesa, como de elefante.

Los políticos viven de la exposición pública, hablan, opinan, prometen, cobran del erario y toman decisiones que afectan a los ciudadanos, de tal manera que inevitablemente serán criticados, cuestionados, caricaturizados y hasta ridiculizados.

Si no soportan eso, se equivocaron de oficio.

Luis Fernando Salazar, senador coahuilense por Morena, resultó muy sensible.

Luego de que el periodista Enrique Acevedo difundiera un reportaje relacionado con la senadora morenista Julieta Ramírez, Salazar decidió entrar al pleito y publicó una frase que, tratándose de un senador de la República, resulta particularmente grave:

“Vamos a ir tras de ti”.

Después borró el mensaje, explicó que se refería a proceder por las vías legales y terminó ofreciendo disculpas por la manera en que expresó su inconformidad.

Pero las palabras no regresan a la boca después de pronunciarlas y mucho menos cuando provienen de alguien con poder político. Una cosa es desmentir una publicación, presentar datos, documentos y ejercer el derecho de réplica, y otra muy distinta advertirle a un periodista: “vamos a ir tras de ti”.

En México esas frases no son cualquier cosa, aquí ejercer el periodismo puede costar la vida. Reporteros han sido amenazados, desaparecidos y asesinados durante décadas, por eso un senador debería medir perfectamente el significado de sus palabras.

Tampoco tranquiliza demasiado que después se diga que todo se resolverá “por la vía legal”.

Los procesos judiciales son también en mecanismos de hostigamiento, hay quienes los utilizan de mala fe para desgastar periodistas, obligarlos a contratar abogados, acudir a audiencias, gastar dinero y perder meses defendiéndose de demandas por supuestos daños a la imagen.

No basta con que, después de meses o años, un juez determine que el político no tenía razón.

Ya es tiempo de modificar la legislación para castigar severamente a quienes amenacen periodistas desde el poder y también para imponer sanciones ejemplares cuando se demuestre que una demanda o denuncia fue utilizada deliberadamente para censurar o intimidar.

Quien abuse de los tribunales para callar a la prensa debería pagar las consecuencias.

Porque hay políticos muy singulares: les encanta cobrar como políticos, viajar con cargo al erario, tener influencias, salir en fotografías como políticos. Pero cuando llega una crítica periodística quieren ser tratados como delicadas flores de invernadero.

No señores, la crítica viene incluida en el paquete.

Y hay otra vieja regla del oficio periodístico que los políticos deberían conocer: el que se mete con uno, se mete con todos.

Cuando un personaje público amenaza a un comunicador, inevitablemente despierta el interés de los demás. Así que no sería extraño que, después del episodio con Enrique Acevedo, otros reporteros comenzaran a revisar con lupa la trayectoria pública, las decisiones, los antecedentes políticos y el desempeño de Luis Fernando Salazar.

Y entre las muchas cosas que legítimamente puede revisar el periodismo está también seguir la pista del dinero: declaraciones patrimoniales, evolución de bienes, contratos, relaciones empresariales, intereses económicos y cualquier información pública que permita saber si el discurso y el patrimonio caminan por la misma banqueta.

No porque exista de antemano una irregularidad, precisamente para saber si existe o no. Así funciona el periodismo.

Los delincuentes comunes intimidan amparados en una pistola. Los de cuello blanco pueden hacerlo utilizando cargos, influencias, abogados y recursos. En ambos casos la desigualdad frente al periodista es enorme.

Amenazar desde arriba es muy fácil. Defenderse desde abajo no.

Quien quiera los beneficios del poder debe aceptar también sus costos, entre ellos, uno elemental:

Aguantar vara.

Para eso necesitan piel de elefante. No cutis de bebé.