Santiago Nieto, paladín del uso político de la Ley

Por Francisco Ortiz Pinchetti

Como estaba cantado desde hace semanas, el dedazo morenista cayó sobre la cabeza de Santiago Nieto Castillo como virtual candidato del oficialismo a la gubernatura de Querétaro. Con ello se opta por quien personaliza como pocos el uso del poder y de la ley con fines políticos que caracteriza a los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación y de su líder.

Ciertamente, las posibilidades electorales de este personaje, prototipo de la ambición y el oportunismo, son bien escasas en una entidad sólidamente gobernada por Acción Nacional, donde este partido mantiene una evidente hegemonía y una clara ventaja electoral. Todo apunta a que “Chago” Nieto, como lo conocen sus íntimos, deberá medirse en las urnas contra el actual presidente municipal panista de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, un perfil con alta aceptación ciudadana y un arraigo local incuestionable, lo que reduce la aventura morenista en Querétaro a un ejercicio de simulación política y a una derrota de antemano anunciada.

Nieto Castillo, nacido en San Juan del Río en 1973, encarna al político acomodaticio y sin escrúpulos que desde los aparatos de procuración de justicia y fiscalización convirtió las instituciones del Estado en herramientas de consigna y presión al servicio del poder presidencial. Su trayectoria refleja una ambición dispuesta a subordinar la legalidad a los intereses de su jefe político, para después reciclarse sin rubor en nuevas encomiendas y aspirar ahora a la gubernatura de Querétaro, bajo el amparo del régimen.

Su carrera política ilustra con precisión la intersección entre el aparato judicial, la academia y la burocracia del Estado mexicano. Abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, su recorrido se mueve entre el reconocimiento técnico como especialista en derecho electoral y los recurrentes claroscuros del uso faccioso de las instituciones.

Los cimientos profesionales de Nieto Castillo se consolidaron en el ámbito jurisdiccional. Su paso como magistrado electoral regional y presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó un dominio técnico de los contenciosos comiciales. Esa plataforma le valió en 2015 ser designado al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Su gestión en dicha fiscalía marcó un punto de inflexión mediático al integrar indagatorias contra estructuras de partidos y ventilar presiones del poder.

El fin de esa etapa ocurrió en octubre de 2017, cuando fue cesado por la entonces Procuraduría General de la República tras revelar públicamente que Emilio Lozoya lo habría presionado mediante cartas para exonerarlo en el escándalo de Odebrecht y el desvío de recursos hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo cual significaba una ruptura del sigilo ministerial.

Aquel episodio —vivido entre la denuncia de protecciones transexenales y el protagonismo mediático— lo catapultó como un perfil de confrontación frente al régimen priista, al que había servido varios años, allanándole el boleto de entrada a la órbita de lealtades de la autodenominada Cuatroté y su líder.

Con el arribo de la administración federal de 2018 encabezada por Andrés Manuel, el queretano asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde esa trinchera, convirtió el análisis del sistema financiero en un instrumento de extorsión, y presión política y fiscal contra adversarios políticos y exfuncionarios del pasado.

Esto se tradujo en acciones recurrentes como el bloqueo preventivo de cuentas bancarias sin orden judicial previa —utilizado tanto contra opositores de la vieja guardia, como el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, o el exmandatario de Chihuahua José Reyes Baeza, como contra críticos del ámbito judicial y universitario—, la filtración selectiva a medios de indagatorias en curso contra legisladores, y el uso de la información hacendaria para golpear sistemáticamente a redes políticas contrarias al régimen antes de que existieran sentencias firmes.

Durante el paso de don Santiago por la UIF y mientras Julio Scherer Ibarra se desempeñaba como consejero jurídico de la Presidencia, ambos personajes operaron en el centro del aparato de poder del régimen, coordinando de facto los hilos de la presión y revisión patrimonial contra adversarios. Aunque en el papel formaban parte de ámbitos distintos, en la práctica existía una cercanía operativa muy estrecha vinculada al uso político –y económicamente muy productivo– del sistema financiero y hacendario.

Esa misma convergencia, y evidente complicidad, los colocó después en el ojo del huracán tras las denuncias públicas —como las del abogado Juan Collado— que los vincularon con presuntas presiones, extorsiones, bloqueos y manejos discrecionales de expedientes desde el poder, un esquema que ambos rechazaron públicamente pero que nunca fue cabalmente investigado.

El paso de Nieto Castillo por la UIF concluyó abruptamente en noviembre de 2021, obligado a renunciar por el presidente mismo tras la polémica generada por las circunstancias suntuosas de su matrimonio en Guatemala. El episodio exhibió las contradicciones entre la narrativa de austeridad pregonada por el movimiento oficial y las prácticas de su círculo cercano.

Lejos de quedar marginado, sin embargo, el jurista encontró acomodo en la administración estatal de Hidalgo como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia estatal, donde operó carpetas locales antes de buscar una candidatura al Senado en 2024. Al no concretarse ese escaño, se incorporó al gabinete federal como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, posición desde la cual mantuvo interlocución con los sectores económicos hasta separarse del cargo para perfilar su retorno definitivo a su entidad natal y buscar la postulación rumbo a 2027, que ahora consigue.

Con su participación activa en el proceso interno para la candidatura estatal en Querétaro –llamada eufemísticamente “Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación”–, Nieto Castillo enfrenta el reto de articular una oferta competitiva en un bastión tradicionalmente adverso para la supuesta izquierda. Su perfil conjuga, eso sí, el conocimiento profundo de las estructuras del poder federal y el manejo de información sensible, aunque arrastra el desgaste propio de un funcionario cuyo paso por la administración pública ha estado constantemente flanqueado por la controversia y la polarización política.

Su postulación pareciera de entrada un premio a sus servicios nada honestos prestados a la causa y a su abyección ejemplar, aunque dadas las circunstancias políticas de la entidad queretana se antoja más bien como un infame sacrificio. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

ESCAPARATE. El sainete desatado por el intempestivo regreso y vergonzoso repliegue de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ha dado lugar a especulaciones sin cuento sobre las razones, las injerencias y sus consecuencias. A final de cuentas, el tortuoso episodio describe como pocos la naturaleza y características que definen al movimiento lopezobradorista que padecemos. ¡Telón!