Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 13/08/26 (Más).- El dirigente del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Evaristo Lenin Pérez Rivera, generó distancia con su aliado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno Estatal, al oponerse a la explotación de gas shale mediante el método de fractura hidráulica y cuestionar por qué Coahuila debería asumir los riesgos ambientales de una práctica que, aseguró, ha sido prohibida en 15 países.
“¿Por qué Coahuila debería arriesgarse?”, planteó el político acuñense en una publicación difundida este jueves en su página de Facebook, en la que advirtió que el fracking podría poner en riesgo los recursos hídricos del estado.
El posicionamiento resulta políticamente inquietante porque plantea un primer tema de distanciamiento con el PRI, con quien se espera comparta proyectos en la próxima legislatura local.
Sin embargo, en materia energética existe ahora una diferencia abierta entre los aliados. El gobierno estatal, encabezado por el priista Manolo Jiménez Salinas, promueve el proyecto denominado Gas Coahuila y sostiene que la explotación de gas no convencional puede generar inversiones, empleos y actividad económica en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.
Jiménez Salinas ha señalado que Coahuila cuenta con reservas, tecnología, inversionistas y agua tratada para desarrollar el proyecto. En abril afirmó que la entidad es el mejor lugar para la explotación de gas no convencional mediante fracking y que su administración reactivó un área de la Secretaría de Economía para impulsar el sector energético.
La revisión de antecedentes muestra que el rechazo de Lenin Pérez al fracking no surgió a partir de la actual discusión sobre Gas Coahuila. En septiembre de 2017, cuando era alcalde de Acuña, Pérez Rivera llamó a actuar con cautela ante la posible explotación del gas shale.
En ese momento reconoció que podía representar un detonante económico, pero advirtió sobre contaminación de mantos acuíferos, hundimientos y fracturas del suelo. Su postura entonces era precautoria y exigía una regulación estricta, aunque todavía no planteaba públicamente una prohibición absoluta.
Para 2018, su posición ya se había convertido en una oposición expresa. Como diputado federal participó en la conformación de la Alianza Coahuilense contra el Fracking y calificó la técnica como “un atentado al medio ambiente”, según consta en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.
Ese mismo año, junto con el diputado Raúl Gracia Guzmán, presentó una iniciativa para expedir una Ley Federal que prohibiera la fractura hidráulica. El proyecto buscaba proteger la salud, el medio ambiente y el derecho al acceso al agua. La propuesta fue presentada el 10 de octubre de 2018.
En diciembre de 2019 volvió a llevar el tema a la Cámara de Diputados. La iniciativa planteó incorporar el principio de precaución a la legislación ambiental y establecer expresamente en la Ley de Hidrocarburos que quedara prohibido el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales.
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