Ayotzinapa vive; la lucha sigue

La investigación de la desaparición de los 43 normalistas dio un nuevo giro con la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, acusado por la FGR de ordenar el ocultamiento de videos clave de la noche de Iguala. Dos testimonios protegidos obtenidos en 2026 lo vinculan con la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia que mostraban uno de los autobuses utilizados por los estudiantes

Ciudad de México, 08/08/26 (Más).- La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, abrió una nueva etapa en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 12 años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara por presuntamente ordenar el ocultamiento y desaparición de videos de seguridad considerados evidencia clave sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el reportaje publicado por El País, la investigación contra Aguirre avanzó durante 2026 a partir de dos testimonios protegidos que apuntaron hacia el exmandatario como responsable de ordenar la desaparición de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

El primero, obtenido en enero, confirmó la existencia de los videos y señaló a la persona que presuntamente los sustrajo para entregárselos al entonces gobernador; el segundo, presentado en mayo, sostuvo que Aguirre convocó a funcionarios estatales de alto nivel para ordenar la eliminación de evidencia relacionada con los hechos.

La FGR sostiene que las grabaciones mostraban al autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban estudiantes de Ayotzinapa, cuando fue interceptado por corporaciones policiales frente al Palacio de Justicia de Iguala. Para las investigaciones, ese material constituye una de las últimas evidencias visuales conocidas de un grupo de los normalistas antes de su desaparición.

Aguirre fue detenido el 6 de agosto de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y posteriormente ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. La acusación incluye delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, mientras la Fiscalía sostiene que el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación planeada desde la estructura estatal.

La detención ocurrió semanas antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes y representa un giro respecto de la situación que Aguirre mantuvo durante los gobiernos anteriores. En septiembre de 2019, el exgobernador había comparecido ante la FGR en calidad de testigo y durante años no fue imputado formalmente por los hechos ocurridos durante su administración.

El exmandatario también había participado en reuniones con familiares de los estudiantes y autoridades federales. En 2019 fue convocado a un encuentro con padres y madres de los normalistas por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Sin embargo, su situación jurídica cambió con la reapertura de la línea de investigación relacionada con las grabaciones del Palacio de Justicia.

La existencia de esos videos había sido documentada desde años atrás. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo conocimiento de las grabaciones en 2015, después de que una magistrada de Iguala y la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero señalaran que las cámaras habían registrado los acontecimientos. El grupo solicitó a la entonces Procuraduría General de la República investigar el paradero del material, pero las grabaciones no fueron localizadas.

La investigación actual también está relacionada con la detención, en mayo de 2025, de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta intervención en el ocultamiento de las grabaciones. Aguirre negó entonces haber conocido los videos o haber dado instrucciones sobre el manejo de ese material probatorio.

El caso se remonta a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. El saldo incluyó 43 normalistas desaparecidos, seis personas asesinadas y decenas de heridos. La investigación oficial presentada en 2014 y conocida como la «verdad histórica» sostuvo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, una versión posteriormente cuestionada y desacreditada por investigaciones científicas y por el GIEI.

Las pesquisas posteriores revelaron además la existencia de reuniones de alto nivel celebradas los días 7 y 8 de octubre de 2014, en las que participaron funcionarios federales y estatales. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa señaló que en esos encuentros se habría diseñado una versión de los acontecimientos destinada a cerrar rápidamente la investigación y contener la presión pública.

Durante los años siguientes, el caso derivó en nuevas investigaciones sobre funcionarios y mandos involucrados. En agosto de 2022 fue detenido el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señalado por delitos relacionados con la investigación del caso. Mientras tanto, Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, permanece en Israel, donde México ha solicitado su extradición.

En marzo de 2026, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar 853 folios militares faltantes correspondientes a 2014. Los documentos fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y son considerados relevantes para reconstruir las circunstancias de la desaparición de los estudiantes.

La investigación también ha generado nuevas confrontaciones respecto de la participación del Ejército. En julio de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 208VG/2026, en la que sostuvo que no existió participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en los ataques, aunque reconoció la existencia de procesos penales abiertos contra militares por conductas individuales. Organizaciones civiles cuestionaron esa conclusión.

En paralelo, los familiares de los 43 normalistas han mantenido sus movilizaciones y exigencias de justicia. En junio de 2026 convocaron a nuevas jornadas de protesta en la Ciudad de México para denunciar los retrasos en las investigaciones y exigir que las autoridades esclarezcan el paradero de los estudiantes.

La detención de Aguirre también tiene una dimensión política para Guerrero, entidad que celebrará elecciones para renovar la gubernatura en junio de 2027. El exmandatario mantiene influencia política principalmente en la región de Ometepec, de donde es originario, y durante los últimos años impulsó la organización Izquierda Progresista Guerrerense, que se preparaba para participar en el próximo proceso electoral.

En 2010 rompió con el PRI después de que ese partido eligiera a Manuel Añorve como candidato a la gubernatura y posteriormente fue postulado por el PRD, en alianza con otras fuerzas políticas. Ganó las elecciones de enero de 2011 y permaneció en el cargo hasta octubre de 2014, cuando solicitó licencia tras la presión política derivada de la desaparición de los normalistas.

Ahora, casi 12 años después de la noche de Iguala, la investigación vuelve a colocar a un exgobernador en el centro del proceso judicial. Para los familiares de los estudiantes, quienes señalaron que la FGR no les notificó previamente sobre la detención, el procedimiento puede representar un avance si las acusaciones se sostienen con pruebas y se desarrolla conforme a derecho.

El expediente Ayotzinapa continúa abierto con líneas de investigación sobre autoridades civiles, fuerzas de seguridad, integrantes del crimen organizado y funcionarios señalados por ocultamiento o manipulación de evidencias. La detención de Aguirre coloca nuevamente la responsabilidad de funcionarios estatales de la noche de Iguala bajo escrutinio judicial, mientras las familias mantienen la exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

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