Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 15/07/26 (Más).- El conflicto entre el PT y el Congreso del Estado escaló a un nuevo nivel este miércoles luego de que el presidente estatal de dicho partido, el diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, pidió la intervención del Congreso de la Unión para exhortar al legislativo local que no promueva acciones legales contra manifestantes, mientras él sí promovió el viernes un juicio político contra algunos diputados.
Mejía Berdeja presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo dirigida a la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, para que se abstenga de emitir declaraciones o promover actuaciones institucionales que puedan traducirse en la criminalización de la protesta social.
El planteamiento también pide evitar la utilización del derecho penal como mecanismo para inhibir las libertades de expresión, reunión y manifestación pacífica.
Mejía adelantó que el punto seguramente será aprobado en una sesión próxima.
Reclamó que las instituciones deben garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse y que las investigaciones penales o las advertencias sobre el uso de la fuerza pública pueden generar un ambiente de intimidación contra quienes expresen inconformidades políticas.
El origen inmediato del nuevo enfrentamiento se encuentra en las acciones legales impulsadas después de que simpatizantes del PT ingresaron a la tribuna del Congreso, golpearon las curules, profirieron insultos y confrontaron a integrantes de la Mesa Directiva al término de la sesión del 30 de junio.
La presidenta de la Junta de Gobierno confirmó que existen dos denuncias relacionadas con esos acontecimientos. La primera de la que se conocen detalles fue presentada por Mariana Alejandra Sánchez Simental, oficial mayor del Congreso, contra Antonio Flores Guerra por presunto hostigamiento y acecho.
La petición de Mejía a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión se produjo cinco días después de que el mismo dirigente petista informó que presentó una solicitud de juicio político contra integrantes del Congreso de Coahuila por el supuesto incumplimiento de una suspensión judicial relacionada con el diputado Antonio Flores Guerra, la omisión de legislar sobre la revocación de mandato del gobernador y las acciones legales derivadas de la protesta realizada por militantes del PT el pasado 30 de junio.
El boletín difundido el viernes por el dirigente petista coahuilense no proporciona una lista completa de los legisladores denunciados. Sin embargo, Mejía señaló directamente al diputado y dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Lostanau, a quien responsabilizó de impulsar la separación de Antonio Flores de sus funciones legislativas.
La solicitud de juicio político y el punto de acuerdo forman parte de la misma estrategia para llevar a instancias federales la confrontación sostenida por el PT con la mayoría del Congreso estatal, aunque se trata de procedimientos diferentes.
El primero busca establecer posibles responsabilidades políticas de legisladores locales y el segundo pretende que la Comisión Permanente emita un exhorto sin efectos jurídicamente obligatorios.
Sobre las denuncias presentadas por el lado del Congreso, Fraustro Dávila ha informado que el diputado Flores grabó con su teléfono a la funcionaria, la siguió y la intimidó dentro de las instalaciones legislativas.
La denuncia ya derivó en una orden de restricción contra Flores Guerra, quien hasta el martes no había sido localizado para ser notificado, según la información divulgada sobre el procedimiento.
Aunque inicialmente se informó que la Oficialía Mayor había promovido la denuncia por los hechos ocurridos dentro del recinto, posteriormente Fraustro precisó que la querella fue interpuesta por su titular como persona afectada y no por el Congreso como institución.
La presidenta de la Junta de Gobierno también confirmó una segunda denuncia vinculada con los incidentes del 30 de junio.
Hasta ahora no se han difundido oficialmente la identidad del denunciante, las personas señaladas ni los delitos investigados, aunque versiones periodísticas indican que se relaciona con los insultos y amenazas dirigidos contra legisladores, particularmente contra la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Marimar Treviño Garza.
Antes de que se confirmaran las denuncias, diputados y trabajadores del Congreso ya habían informado que recibían asesoría del equipo jurídico para determinar si procedían contra Antonio Flores, su hermana Tania Flores y algunos de los manifestantes. La posibilidad de emprender esas acciones se hizo pública desde el 4 de julio.
El Congreso también celebró de manera virtual su sesión del 7 de julio por motivos de seguridad.
Fraustro advirtió posteriormente que, si vuelven a registrarse hechos similares, se solicitará la intervención de la fuerza pública para mantener el orden dentro del recinto, aunque aseguró que los ciudadanos podrán continuar ingresando y manifestándose siempre que respeten el desarrollo de las sesiones.
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