Ciudad de México, 15/07/26 (Más).- Un conglomerado integrado por siete empresas obtuvo al menos 13 contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un monto de mil 495 millones de pesos durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas para el suministro de chalecos antibalas y equipo militar, de acuerdo con una investigación periodística.
La información fue publicada por El País, que documenta que las adjudicaciones se realizaron entre 2020 y 2024, periodo en el que el general Luis Cresencio Sandoval encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional.
La investigación sostiene que las empresas vinculadas entre sí participaron simultáneamente en diversos concursos públicos con el objetivo de aumentar las probabilidades de que alguna de ellas resultara ganadora.
Entre las compañías señaladas se encuentra Protective Materials Technology (Promatech), firma que en 2022 obtuvo un contrato por 319 millones de pesos para suministrar juegos de placas balísticas destinadas a chalecos antibalas. La empresa había sido señalada previamente por vender un departamento de lujo al entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a un precio inferior al valor comercial.
De acuerdo con la investigación, en la licitación donde Promatech obtuvo ese contrato participaron otras tres empresas, de las cuales al menos dos también formaban parte del mismo conglomerado empresarial.
Un mes después de la adjudicación, Promatech pagó 13 millones de pesos a PQ Servicios e Infraestructura, considerada la empresa matriz de la red, por la adquisición de fibras aramídicas plastificadas, material que debía entregar al Ejército para cumplir con el contrato.
El País asegura contar con la factura que acredita esa operación comercial, así como con documentos de registro mercantil que muestran que cinco de las siete empresas comparten socios y domicilios fiscales, mientras que las restantes mantienen relaciones comerciales y coincidencias en licitaciones que, según la investigación, constituyen indicios de una posible simulación de competencia, práctica considerada ilegal en los procedimientos de contratación pública.
El medio también señala que buscó la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las empresas involucradas. Según la publicación, la dependencia federal no respondió a los cuestionamientos sobre las medidas adoptadas para atender las presuntas irregularidades.
En tanto, la empresa Mex-Msf-Mco rechazó cualquier vínculo con PQ Servicios e Infraestructura y afirmó que únicamente coincidieron en procesos de licitación abiertos, sin mantener relación comercial o societaria alguna.
La investigación ubica el origen del conglomerado en 2008, cuando los hermanos Cesáreo José Quintana y José Eduardo Quintana fundaron la empresa México Montecitos. Posteriormente surgieron otras compañías como PQ Servicios e Infraestructura, Distribuidora Izztar y Distribuciones Orval, que, aunque presentan distintas razones sociales, comparten domicilios o vínculos entre sus accionistas y representantes, según los registros consultados por el diario.
El análisis de los procesos de contratación revela, de acuerdo con El País, diversas anomalías consideradas señales de alerta en materia de adquisiciones públicas. Entre ellas destaca que algunas empresas del grupo participaron de manera recurrente en licitaciones sin obtener contratos, mientras que en otros procedimientos únicamente una de las compañías cumplía con los requisitos técnicos, lo que le permitía obtener la adjudicación. Incluso, se documentan concursos en los que PQ Servicios e Infraestructura ganó por ser la única participante.
La investigación identifica al menos 13 procedimientos realizados entre 2020 y 2024 por la Sedena y la Guardia Nacional para adquirir placas balísticas, cascos antifragmento, equipo de campaña, viseras, gorras y otros insumos de protección. En esos concursos, sostiene el reportaje, las empresas vinculadas participaron de manera coordinada para concentrar contratos por mil 495 millones de pesos, recursos públicos destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.
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