Narcopolítica y soberanía

Por Leopoldo Maldonado

La violencia que padecen millones de mexicanas y mexicanos no puede entenderse sin hablar de la narcopolítica. Sin embargo, cada vez cuesta más nombrarla. En los últimos días, la conversación pública ha vuelto a agitarse por nuevos señalamientos provenientes de Estados Unidos contra actores políticos de alto nivel.

El caso de Sinaloa se mantiene en los titulares, a lo que se suman versiones sobre los gobernadores de Sonora y Tamaulipas. Todos han rechazado las acusaciones. Pero más allá del desenlace jurídico de cada caso, lo que asoma es algo que el país lleva demasiado tiempo evitando discutir y atender: la relación entre el poder político y el poder criminal.

La pregunta de fondo no es si debemos aceptar sin más lo que afirman autoridades extranjeras. La verdadera pregunta es por qué hablar de narcopolítica sigue siendo tan incómodo en México, incluso cuando la violencia marca la vida cotidiana de regiones enteras.

Porque la violencia no es sólo una suma de homicidios, desapariciones o extorsiones con la estela de dolor y miedo que dejan. Es también el resultado de arreglos de poder que permiten a las organizaciones criminales reclutar, matar, desaparecer personas, controlar territorios, influir en economías locales, intimidar autoridades e incidir, de manera cada vez más descarada, en procesos políticos.

Quien pierde su negocio por el cobro de piso no está pensando en geopolítica. Quien abandona su comunidad por amenazas, tampoco. Y la madre que busca a un hijo desaparecido difícilmente distingue entre un grupo criminal y una autoridad que decidió no actuar o que, de plano, es cómplice. Para millones de personas, la diferencia entre delincuencia organizada y poder público se vuelve irrelevante cuando ambos parecen coexistir sin consecuencias.

En ese contexto llamó la atención el discurso pronunciado el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Frente a las presiones y acusaciones provenientes de Estados Unidos, la mandataria reivindicó la soberanía nacional y denunció cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país. La defensa de la soberanía es legítima, puesto que ninguna democracia seria puede aceptar que otro gobierno pretenda determinar su destino.

Pero hay un riesgo cuando la soberanía se vuelve el centro de la conversación justo en el momento en que emergen preguntas incómodas sobre la penetración criminal en las estructuras políticas. Una cosa es rechazar el intervencionismo extranjero y otra, muy distinta, dejar de examinar los problemas internos que permiten que esos señalamientos encuentren eco.

La historia reciente de México está llena de advertencias. Tenemos municipios capturados por grupos criminales, candidaturas disputadas bajo amenaza, policías infiltradas, periodistas y activistas asesinados y desparecidos, comunidades enteras sometidas por actores armados. Pensar que todo ello ocurre sin conexiones con el mundo político exige una dosis extraordinaria de ingenuidad.

Basta ver lo sucedido el martes con la periodista Roxana Guzmán, sustraída de manera violenta de su domicilio en Nanchital, Veracruz; un caso que se suma a otras decenas ocurridas en el estado más letal contra la prensa en el país más mortífero del hemisferio.

Lo preocupante es que la discusión pública parece desplazarse cada vez más hacia el terreno de las disputas narrativas. Se debate quién tiene derecho a señalar, se discuten las motivaciones de quien acusa, se cuestiona la oportunidad política de las revelaciones, e incluso, la solvencia moral de las víctimas. Como lo consigné en la columna pasada (“El miedo a perder el relato”), la virulencia discursiva de la llamada 4T está rebasando límites, pues ahora se materializa en leyes y políticas que censuran y en procesos judiciales que entrañan la criminalización de voces críticas.

Tal vez esa sea la verdadera forma de invisibilización. No niega la violencia, más bien impide que la sociedad conozca los vínculos que la hacen posible, mediante una estrategia de comunicación oficial que se reduce a defender la soberanía y administrar percepciones, quedando las víctimas fuera del cuadro

Al final, la soberanía no se proclama desde una tribuna, sino que se ejerce por las personas de pie persona cuando viven sin miedo. Parece que nos sumimos en la falsa disyuntiva “o narcopolítica o intervencionismo extranjero”. Eso nos reduce a elegir verdugo y no hacernos cargo de nuestra viabilidad como país. Mientras tanto, en esta discusión, la justicia, verdad y reparación son omitidas y se mantienen como deudas pendientes para demasiados mexicanos.