Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 04/06/26 (Más).- La violencia digital afecta a una de cada cinco mujeres en México, cifra que motivó a diputados de Coahuila a exhortar a diversas autoridades federales y estatales encargadas de la atención del problema a ponerse las pilas y capacitar a agentes de ministerios públicos, policías y personal encargado de prevenir, investigar y atender estos delitos.
Un dictamen, presentado por la Comisión para la Igualdad y No Discriminación del Congreso del Estado, aprobado hoy ordena exhortar a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal para que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como con autoridades estatales, impulse acciones permanentes de capacitación en materia de violencia digital con perspectiva de género.
La propuesta no crea nuevas sanciones ni modifica leyes penales, pero sí apunta a que quienes reciben denuncias, investigan agresiones y atienden a víctimas cuenten sean capaces. Esto es que dispongan de herramientas técnicas y conocimientos actualizados para actuar frente a delitos que se cometen por medios digitales, muchas veces de forma anónima, rápida y con alto impacto emocional.
El propio dictamen aterriza el exhorto en datos. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del Inegi, una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia digital en México, lo que representa aproximadamente 10.6 millones de mujeres. La proporción nacional de ciberacoso fue de 22.2% en mujeres y 19.6% en hombres.
Aunque la diferencia porcentual general entre hombres y mujeres no parece tan amplia, el contraste aparece en el tipo de agresión. El documento señala que 29% de las mujeres recibió insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas, frente a 13.9% de los hombres. Además, 27.5% de las mujeres recibió contenido sexual, contra 15.8% de los hombres.
Es decir, la violencia digital contra mujeres no sólo se expresa como mensajes molestos o ataques en redes sociales, sino también como agresiones sexualizadas que invaden la intimidad, dañan la imagen personal y pueden convertirse en mecanismos de control, intimidación o humillación pública.
Los efectos emocionales también muestran una carga diferenciada. Entre las mujeres que sufrieron ciberacoso, 61.1% reportó enojo, 39.7% desconfianza y 34.5% miedo. En los hombres, esos efectos también aparecen, pero con menor intensidad en algunos rubros: 55.4% reportó enojo, 33% desconfianza y 16% miedo.
El dictamen recuerda que el ciberacoso tiene una característica especialmente agresiva, ya que este delito puede ocurrir las 24 horas del día, los siete días de la semana. A diferencia del acoso físico o presencial, la víctima no necesariamente puede alejarse del entorno de agresión, porque ésta puede continuar en redes sociales, teléfonos celulares, plataformas de mensajería, cuentas falsas o espacios digitales donde se difunde contenido sin consentimiento.
La definición legal retomada en el documento señala que la violencia digital incluye la exposición, distribución, difusión, exhibición, transmisión, comercialización, intercambio o publicación de imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento, cuando eso cause daño psicológico, emocional, en la vida privada o en la imagen de la persona.
Pero el problema ya no se limita a la difusión de fotografías o videos íntimos. El dictamen también advierte sobre nuevas formas de agresión vinculadas con la inteligencia artificial, como la creación de imágenes sexualizadas, videos manipulados o deepfakes que simulan contenido sexual sin consentimiento.
Con base en datos de Naciones Unidas, el documento señala que 9 de cada 10 usuarias han presenciado ataques en línea contra otras mujeres; que 70% de quienes han sufrido violencia digital han enfrentado ciberacoso reiterado; y que 95% de los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres.
En ese contexto, el exhorto plantea que las autoridades deben estar capacitadas no sólo en perspectiva de género, sino también en herramientas digitales, preservación de evidencia, atención sensible a víctimas, identificación de agresores, uso de protocolos y actuación institucional que no revictimice.
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