Soberanía o impunidad, el caso de los agentes de la CIA en México

Un operativo en Chihuahua que dejó cuatro muertos, incluidos presuntos agentes estadounidenses, desató una polémica sobre la participación extranjera en México. La gobernadora María Eugenia Campos evitó aclarar quién autorizó la intervención, mientras el caso escaló a nivel federal. El episodio reaviva tensiones históricas entre cooperación en seguridad, soberanía nacional e impunidad

Chihuahua, Chihuahua, 25/04/26 (Más).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, eludió explicar por qué su gobierno permitió que presuntos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaran en un operativo contra bandas criminales en la sierra de Chihuahua, caso que reabrió la discusión entre cooperación binacional, soberanía nacional e impunidad.

La polémica se detonó después de que cuatro personas murieron el 19 de abril en un accidente vehicular en la sierra chihuahuense, tras un operativo relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Entre los fallecidos estaban dos funcionarios estadunidenses identificados como agentes de la CIA, además del director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez.

El caso escaló porque la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que agentes extranjeros no pueden participar en labores de campo dentro del país sin autorización federal, y señaló que cualquier colaboración de seguridad debe pasar por los canales institucionales del Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según reportes periodísticos, uno de los agentes estadunidenses habría ingresado como visitante y otro con pasaporte diplomático, pero ninguno tenía acreditación formal para intervenir en operaciones locales.

Campos Galván se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y ofreció entregar detalles del caso, pero posteriormente anunció una unidad especial de investigación sin aceptar preguntas ni aclarar quién autorizó la presencia de los estadunidenses. La indagatoria quedó a cargo de Wendy Chávez Villanueva, fiscal Especializada en Atención a Mujeres, subordinada del fiscal estatal César Jáuregui Moreno, uno de los funcionarios bajo escrutinio por la coordinación del operativo.

La versión inicial del gobierno estatal apuntaba a que los agentes participaban en tareas de capacitación, particularmente en el uso de drones. Sin embargo, reportes posteriores indicaron que los estadunidenses regresaban de una operación contra un narcolaboratorio, lo que colocó el caso en una zona más delicada: ya no como simple asistencia técnica, sino como posible participación operativa de una agencia extranjera en territorio mexicano.

La controversia exhibe una tensión permanente en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Por un lado, la presión del crimen organizado y el tráfico de fentanilo han empujado a ambos gobiernos a compartir inteligencia, tecnología y capacidades de investigación. Por el otro, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional imponen límites a la presencia y actuación de agentes extranjeros, precisamente para evitar que la cooperación derive en intervencionismo.

El problema no es nuevo. Durante la Guerra Fría, México fue un punto estratégico para la CIA por su cercanía con Estados Unidos, su relación con Cuba y su papel como refugio de exiliados latinoamericanos. Investigaciones históricas han documentado la importancia de la estación de la CIA en la Ciudad de México y la relación de agencias estadounidenses con estructuras de inteligencia mexicanas, como la Dirección Federal de Seguridad, creada en 1947 y disuelta en 1985 tras múltiples señalamientos de corrupción, espionaje político y vínculos con el narcotráfico.

Uno de los episodios más graves fue el caso de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara en 1985. Su muerte detonó la Operación Leyenda, una investigación que sacudió la relación bilateral y reveló la penetración del narcotráfico en corporaciones mexicanas de seguridad. El caso también alimentó durante décadas sospechas, acusaciones y versiones sobre zonas oscuras en la actuación de agencias de ambos países.

A ese historial se suma el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, quien investigaba nexos entre servicios de inteligencia, política y narcotráfico. También permanecen como capítulos sensibles las operaciones de contrainsurgencia, la vigilancia de opositores durante la Guerra Sucia y la participación de agencias estadounidenses en tareas de inteligencia en México bajo el argumento de combatir amenazas comunes.

Más recientemente, la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, en 2020, y su posterior devolución a México derivaron en reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de agentes extranjeros. Desde entonces, el discurso oficial mexicano ha insistido en que la cooperación es posible, pero debe estar subordinada a la soberanía nacional y a reglas claras.

Por eso, la muerte de los presuntos agentes de la CIA en Chihuahua no sólo abrió una investigación sobre un accidente o un operativo fallido. También reactivó una pregunta histórica: si México puede aceptar colaboración extranjera para enfrentar al crimen organizado sin permitir operaciones encubiertas fuera de control, y si la defensa de la soberanía servirá para esclarecer responsabilidades o para encubrir errores de autoridades locales.

El caso coloca a Chihuahua en el centro de una crisis institucional. La gobernadora deberá explicar si su administración solicitó apoyo directo de agentes estadounidenses, si informó al Gobierno federal y bajo qué marco legal se permitió su presencia en una operación de alto riesgo. Mientras tanto, el episodio deja una advertencia mayor: cuando la cooperación de seguridad ocurre en la sombra, la frontera entre soberanía vulnerada e impunidad compartida se vuelve cada vez más difícil de distinguir.