Ciudad de México, 21/04/26 (Más).- El sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México enfrenta un deterioro profundo y una crisis estructural, de acuerdo con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, elaborado por la organización Causa en Común, que expone fallas en el registro, identificación forense y coordinación institucional a nivel nacional.
En tanto, Amnistía Internacional advirtió sobre el deterioro de los derechos humanos en México durante 2025 e hizo especial énfasis en la crisis de desapariciones.
El documento analiza la evolución de las desapariciones en el país desde 2006 hasta 2025 y advierte tres etapas: un incremento sostenido entre 2006 y 2011; una aparente estabilidad entre 2012 y 2015; y un repunte crítico a partir de 2016, con cifras récord en 2024 que alcanzaron 12 mil 759 casos.
Entre los estados más afectados se encuentran Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Baja California, con incrementos significativos en los últimos años.
En marzo de 2026, el gobierno federal realizó una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta más de 130 mil casos acumulados.
Sin embargo, el informe advierte que 36% de los registros carecen de datos mínimos, 31% presentan indicios de actividad posterior a la desaparición y solo 33% están plenamente verificados, de los cuales menos de 3% cuentan con carpeta de investigación activa, lo que evidencia un subregistro y debilidades en la investigación oficial.
El reporte también señala la crisis forense en el país, entre 2020 y 2025 se han documentado más de 3 mil hallazgos de fosas clandestinas en registros independientes, principalmente en Jalisco, Sonora y Guanajuato.
No obstante, la capacidad de identificación es limitada: miles de cuerpos permanecen sin identificar y persiste un rezago de millones de solicitudes periciales pendientes, lo que agrava la acumulación de restos sin clasificación.
Colectivos de búsqueda han asumido un papel central en la localización de personas desaparecidas, aunque enfrentan riesgos constantes y casos de agresiones.
El informe documenta que decenas de integrantes han sido asesinados o desaparecidos durante estas labores, mientras persiste la falta de un programa nacional de exhumaciones y un banco forense plenamente operativo.
Respecto a las reformas recientes, el análisis señala que, aunque se han aprobado cambios legales que incluyen una Plataforma Única de Identidad, la CURP biométrica y nuevas bases de datos forenses, estas medidas carecen de financiamiento suficiente y no fortalecen a las fiscalías ni a las comisiones de búsqueda, lo que limita su impacto real.
Finalmente, el informe advierte que instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda operan con recursos insuficientes, falta de lineamientos y debilidad operativa, mientras las fiscalías enfrentan colapso técnico y rezagos millonarios en análisis periciales.
Ante ello, Causa en Común concluye que la crisis de desapariciones en México constituye una tragedia de gran magnitud que requiere una política estatal integral y no solo ajustes administrativos.
Alerta Amnistía Internacional por crisis
Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México durante 2025, con preocupación por la crisis de desapariciones, el aumento de asesinatos de defensores y periodistas, así como la vulnerabilidad de migrantes y personas desplazadas por la violencia.
En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, la organización señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.
Según el documento, el año pasado el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024, frente a 30 del año previo. En el ámbito ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente, seis más que en 2023.
En materia de prensa, Amnistía Internacional retomó datos de la organización Artículo 19, que documentó el asesinato de siete periodistas durante el año en represalia por su labor informativa, además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio, más del doble que el año anterior.
El informe también puso énfasis en la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.
Señaló que, ante la magnitud del problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera sistemática o generalizada en el país.
En el ámbito migratorio, la organización denunció extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes en las carreteras contra personas migrantes y refugiadas que cruzan México, además de dificultades para acceder a salud, educación y empleo.
Amnistía destacó, además, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58,800 solicitudes de asilo durante 2025, principalmente de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Haití.
Otro foco de alerta fue el desplazamiento forzado interno. Un informe citado de la Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129% en 2024 respecto al año anterior, con al menos 28.900 personas desplazadas, principalmente en los estados de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Pese a este panorama, el reporte destacó algunos avances, como la disminución de la pobreza multidimensional al 29.6% de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados del país durante 2025. Con información de EFE
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