Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 06/03/2026.- El gobierno municipal de Torreón venció en la Suprema Corte al Gobierno del Estado en una primera etapa procesal de una controversia presentada contra los resultados de auditoría de las cuentas públicas de 2022 y 2023.
El Estado intentó bloquear la controversia constitucional presentada por la administración torreonense contra los resultados de auditorías, sin embargo, el máximo órgano jurisdiccional del país falló a favor del municipio lagunero por lo que continúa el proceso contra los señalamientos derivados de la revisión de las cuenta públicas.
El área jurídica del Municipio de Torreón presentó el 4 y 5 de septiembre del año pasado dos controversias constitucionales en las que impugna, en síntesis, diversos preceptos de la Constitución de Coahuila y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización, así como los resultados de auditoría de las cuentas públicas de 2022 y 2023, que en conjunto suman 478 millones de pesos en observaciones.
Poco más de un mes después, el 13 de octubre, el Gobierno del Estado presentó un recurso de reclamación contra la controversia relativa a la cuenta pública de 2023 (la número 207/2025), y el 25 de noviembre promovió otro recurso de reclamación contra la segunda controversia, relacionada con la cuenta pública de 2022 (la 190/2025). En adición, el Congreso del Estado siguió el mismo camino y también presentó un recurso de reclamación contra la primera controversia el 30 de octubre. No existe constancia pública de que haya presentado uno contra la segunda.
Al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se admitiera la controversia promovida por Torreón, el Gobierno del Estado argumentó únicamente que el funcionario que la presentó por parte del municipio —el Subsecretario de Asuntos Jurídicos— no contaba con legitimación o representación suficiente para promoverla.
Aunque los registros del Poder Judicial acreditan que el Congreso del Estado también intervino en el caso, no se especifica cuál fue el argumento que presentó para impugnar la controversia.
Esta semana, el miércoles 4 de marzo, la SCJN resolvió rechazar la reclamación del Gobierno de Coahuila al considerar, entre otros argumentos, que sí existe una base normativa suficiente para que el Subsecretario Jurídico de Torreón promoviera la controversia. Además, señaló que en materia de controversias constitucionales cualquier duda debe resolverse a favor del acceso a la justicia, y no utilizar formalismos como una barrera para impedir el análisis del caso.
Hasta ahora no existe una resolución sobre el reclamo presentado por el Congreso de Coahuila; sin embargo, el expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama para que elabore el proyecto de resolución correspondiente.
El revés legal para el Gobierno del Estado, que representa un triunfo para el Municipio de Torreón, no significa que la administración municipal haya ganado el fondo del litigio. La decisión de la Corte únicamente establece que la controversia tiene suficiente relevancia constitucional para ser revisada y analizada de fondo.
Aunque el recurso promovido por el Congreso estatal aún no ha sido resuelto, ello no impide que el caso continúe su curso en la Corte.
En ese sentido, el máximo tribunal puede continuar con la instrucción del expediente, recibir pruebas, escuchar alegatos y preparar el análisis del fondo del asunto, sin que el recurso pendiente represente un obstáculo para avanzar en el proceso.
En el fondo del litigio, el principal argumento del Municipio de Torreón es que el Estado de Coahuila, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y con el respaldo del Congreso local, rebasó los límites de la fiscalización superior e invadió la esfera de autonomía municipal.
De manera más específica, el municipio sostiene que la revisión no se limitó a examinar las cuentas públicas, sino que la fiscalización se extendió a evaluar o calificar decisiones que, según su postura, corresponden al ámbito propio de gobierno y administración municipal.
La propia descripción del expediente muestra que el municipio no sólo cuestiona los montos observados, sino también la base normativa y los actos concretos mediante los cuales se realizó la revisión.
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado sostiene que el proceso de fiscalización tuvo sustento legal, que existió soporte documental y que los dictámenes emitidos están vinculados a los informes correspondientes.
Según los documentos del caso, la ASE argumenta que el municipio está reinterpretando o cuestionando actos de auditoría que, desde su perspectiva, se realizaron conforme a la ley.
Los resultados de las cuentas públicas de Torreón correspondientes a 2022 y 2023 generaron controversia pública debido a los montos observados: 149.3 millones de pesos en el primer caso y 329.56 millones de pesos en el segundo.
El tema ha sido abordado con frecuencia por medios de comunicación y por actores políticos de oposición, quienes han cuestionado la falta de denuncias derivadas de dichas observaciones.
En medio de la polémica, el Gobierno de Torreón decidió cambiar a su tesorero en junio del año pasado, algunos meses antes de presentar las controversias constitucionales ante la Suprema Corte.
Hasta el momento no se ha fijado una fecha para la audiencia en la que se analice y resuelva de fondo el caso.
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