Ciudad de México, 10/12/25 (Más).- El Senado de la República pospuso hasta febrero de 2026 la discusión sobre la creación de los llamados jueces sin rostro, una figura promovida por el oficialismo como parte de la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, que plantea reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, busca proteger la integridad de jueces que lleven casos relacionados con delincuencia organizada, pero ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y parte de la propia bancada de Morena por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
De acuerdo con el medio El País, fue el senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien logró frenar el avance del dictamen previsto para ser aprobado esta misma semana.
Corral, respaldado por un bloque del oficialismo crítico de la medida, logró convencer a la presidenta Sheinbaum de revisar el texto y proponer una redacción “excepcional y perfectamente reglada” que mitigue los riesgos señalados por organismos internacionales y sectores de la sociedad civil.
La iniciativa había generado divisiones al interior de Morena. Mientras que Corral y otros legisladores alertaban sobre la posibilidad de vulnerar garantías individuales al eliminar el derecho a un juicio ante un juez imparcial, el senador Adán Augusto López y otros líderes del partido presionaban por su aprobación inmediata. Finalmente, con la venia del Ejecutivo, se determinó aplazar la discusión para analizar una nueva versión del dictamen.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum fue sorprendida por preguntas sobre la inminente aprobación del tema en el Senado. “¿Se aprueba hoy?”, preguntó con desconcierto a su secretaria de Gobernación, antes de reafirmar que el objetivo de la figura es garantizar la seguridad de los jueces. Minutos después, se dio a conocer la cancelación oficial del debate parlamentario.
La propuesta ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que consideran que los jueces sin rostro violan principios fundamentales como la imparcialidad, competencia e independencia judicial. Aunque el dictamen menciona un intento por alinearse con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expertos aseguran que esta figura es incompatible con los estándares internacionales.
La oposición ha celebrado el freno a la reforma. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la redacción actual no tiene posibilidad de avanzar, y criticó que gobiernos de izquierda retomen prácticas autoritarias. “Es muy lamentable ver a la izquierda haciéndole el trabajo a la derecha”, dijo, aludiendo a casos como los de Alberto Fujimori en Perú y Nayib Bukele en El Salvador. Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó como un acierto la pausa en la discusión y llamó a una revisión a fondo.
El nuevo análisis del proyecto se retomará en enero, con la meta de tener una versión revisada lista para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. Mientras tanto, persiste el debate sobre el equilibrio entre la seguridad de los juzgadores y la preservación de los derechos fundamentales en el sistema judicial mexicano.
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