Una década de impunidad

A más de diez años de los escándalos como La Estafa Maestra y Odebrecht, el SAT aún no logra recuperar más de 9 mil millones de pesos desviados por exfuncionarios, universidades y empresas fantasma. Intentos de cobro han fracasado por domicilios falsos, cuentas vacías y la evasión de los implicados

Redacción Más

A más de diez años de que estallaran algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, el Estado mexicano sigue sin lograr recuperar los recursos públicos desviados. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigentes procesos de cobro por más de 9 mil millones de pesos contra exfuncionarios, universidades y empresas fantasma implicadas en casos como La Estafa Maestra, Odebrecht y la red de compañías utilizadas por Javier Duarte en Veracruz. Sin embargo, los intentos de recuperación se estrellan una y otra vez contra muros de impunidad.

En febrero pasado, el SAT acudió al fraccionamiento Rincón de las Lomas, en Cuajimalpa, para entregar seis mandamientos de embargo dirigidos a Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en Sedesol y Sedatu, por un monto que supera los mil cien millones de pesos. El adeudo deriva de cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el contexto de La Estafa Maestra. Zebadúa, uno de los principales señalados en este esquema de triangulación de recursos, reportó como domicilio fiscal una lujosa residencia de más de 20 millones de pesos, en donde los notificadores no lograron avances en el cobro.

El caso de Zebadúa no es aislado. Las diligencias del SAT acumulan fracasos en todo el país ante la imposibilidad de encontrar activos, domicilios funcionales o siquiera representantes legales de las empresas involucradas.

La deuda pública que se busca recuperar supera los 9 mil 381 millones de pesos, una cifra que representa más del triple del presupuesto anual de la Conade o casi el doble del asignado al Instituto Nacional de Bellas Artes en 2025.

En la misma trama aparece Wistano Luis Orozco García, excoordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con un adeudo fiscal superior a los 1,462 millones de pesos. El SAT intentó infructuosamente localizarlo en una casa de Coyoacán. Sus créditos derivan de contratos irregulares con empresas como Grupo Comercializador Cónclave, una de las principales compañías utilizadas para desviar recursos bajo el esquema de La Estafa Maestra.

Cónclave, identificada como empresa fantasma desde 2017, aparece como receptora de fondos públicos provenientes de la UAEM, el ISSSTE y el Instituto Politécnico Nacional. Entre 2014 y 2016, recibió cientos de millones de pesos sin que existieran entregables comprobables. El SAT le reclama actualmente 1,761 millones de pesos, pero en su domicilio fiscal declarado en Polanco no se localizó actividad comercial alguna.

Otros casos muestran el mismo patrón. Corporación Colorado debe más de 264 millones; Diseños y Servicios Publicitarios HPW, 313 millones; LV Deips, 425 millones. Ninguna de estas empresas fue hallada en los domicilios fiscales registrados. Incluso se documentaron visitas del SAT a edificios en Iztapalapa, Ecatepec y Polanco donde no había rastro de las supuestas compañías. En varios casos, las cuentas bancarias estaban vacías o contenían montos irrisorios, como los 3 mil pesos localizados en la cuenta de Milbank.

En el caso Odebrecht, el SAT emitió en septiembre un mandamiento de ejecución contra su filial mexicana por 739 millones de pesos, resultado de sanciones impuestas por Pemex en 2019 por irregularidades en la refinería de Tula. La empresa abandonó su domicilio fiscal en Lomas de Chapultepec desde hace años. Además, el exdirector de la firma en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, recibió un requerimiento adicional por 1.5 millones de pesos. Su única cuenta localizada tenía apenas 3 mil pesos, que fueron congelados por Hacienda.

Los adeudos también se extienden al entorno del exgobernador Javier Duarte. Antonio Tarek Abdalá, exfuncionario clave en su administración, acumula deudas por 2,912 millones de pesos. Su caso, que inició con un pliego de mil millones en 2014, se ha multiplicado por las actualizaciones y recargos. Tarek fue uno de los operadores del esquema de empresas fantasma en Veracruz, revelado por Animal Político y MCCI en 2016, y que luego se amplió a una red de más de 400 compañías que desviaron más de 3,600 millones de pesos.

En paralelo, el SAT mantiene procesos abiertos contra firmas utilizadas en ese fraude, como Centro de Recursos de Negocios Cerene, con un adeudo de poco más de 3 millones, o Grupo Balcano, que debe 74 millones. En ambos casos, los domicilios fiscales eran casas particulares o predios vacíos. Servicios Oktagonales y Desarrolladores Mercalim también fueron señaladas, sin que se encontrara actividad o responsables a quienes cobrar.

Uno de los últimos intentos de recuperación fue la inmovilización de una cuenta bancaria de Inmobiliaria Roor, relacionada con el patrimonio oculto de Duarte. La cuenta tenía saldo cero. En el expediente quedó asentada la frase que resume años de simulación y negligencia: “Saldo disponible: cero pesos”.

A inicios de 2025, Moisés Mansur Cysneiros, identificado como operador financiero de Duarte, fue notificado de un adeudo por 199 millones de pesos por omisiones en el pago de ISR, IVA y otras contribuciones. Como en los demás casos, el cobro sigue pendiente.

Una década después del desfalco millonario del sexenio de Enrique Peña Nieto, los principales implicados siguen sin enfrentar consecuencias reales. La administración de Andrés Manuel López Obrador, que prometió justicia y reparación del daño, no logró concretar acciones efectivas. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la lucha anticorrupción, pero hasta ahora los resultados son marginales. La maquinaria institucional sigue sin funcionar frente a los responsables de los mayores saqueos al erario público mexicano. La impunidad, al menos en estos casos, sigue intacta.