Nada hace EU para frenar envío de armas a México

A pesar de conocer el origen del armamento ilegal, el gobierno estadounidense sigue sin tomar medidas efectivas para frenar el tráfico

Ciudad de México, 15/07/25 (Más).- El Gobierno de Estados Unidos no ha adoptado medidas significativas para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, a pesar de que cada año se calcula que alrededor de 200,000 armas cruzan la frontera con destino a grupos criminales. Esta situación se mantiene sin cambios sustantivos en el contexto de la nueva administración de Donald Trump, cuya agenda prioriza el combate al fentanilo y la migración, pero no contempla acciones contundentes contra el flujo de armamento hacia territorio mexicano.

Un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana al Congreso mexicano, con datos recabados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, identificó que el 74% de las armas incautadas en México provienen de tres estados fronterizos: Texas, Arizona y California. Estos datos fueron confirmados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su más reciente informe publicado en enero de 2025, el cual también incluye a Nuevo México como un punto de salida del armamento ilegal.

El tráfico de armas ha sido reconocido por ambas administraciones, pero la falta de acciones concretas del lado estadounidense ha generado cuestionamientos sobre su compromiso para reducir este fenómeno. “Cuando Estados Unidos venga a decirle a México tienes que hacer más contra los carteles, el argumento debe ser: tenemos cinco años diciendo que las armas vienen de Texas y no vemos un reforzamiento de las acciones de control, no hay más presencia, no hay más retenes”, declaró Alejandro Celorio, quien coordinó la estrategia legal del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses.

La omisión estadounidense se hace más evidente ante la ausencia de datos públicos sobre operativos de revisión, despliegue de agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), o decomisos en los puntos fronterizos identificados. La información compartida por México únicamente ha servido para reforzar su narrativa en litigios internacionales, pero no ha derivado en acciones concretas por parte de su vecino del norte.

Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Justicia muestran que entre 2022 y 2023, el 73% del armamento rastreado y recuperado en México tuvo su origen en Texas, Arizona y California. Texas fue el principal punto de ingreso con un 43% del total, seguido de Arizona con 22%, cifras que coinciden con las reportadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el mismo periodo, el Gobierno mexicano decomisó 5,869 armas de fuego, 31,000 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas. La mayoría de este armamento fue localizado en estados con fuerte presencia de organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales han sido catalogadas como grupos terroristas por Donald Trump.

“El Gobierno de Estados Unidos sabe muy bien [de dónde vienen las armas] pero no lo acepta”, afirmó Celorio, quien ha insistido en que la trazabilidad del armamento sirve para mantener vigente el problema y eventualmente alimentar nuevas demandas contra los fabricantes. Sin embargo, la legislación estadounidense impide usar esta información como prueba en procesos judiciales contra las armadoras, lo que limita las posibilidades legales del Gobierno mexicano.

Desde la sociedad civil, también se ha señalado la falta de voluntad política en Washington. John Lindsay Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, advirtió que “el combate al tráfico de armas no está en su agenda”. En su opinión, las acciones emprendidas por la actual administración estadounidense apuntan en sentido contrario al combate de este delito.

Poland destacó que el presidente Trump ha planteado un recorte significativo al presupuesto de la ATF, incluyendo la eliminación de aproximadamente 540 inspectores, lo que representa dos tercios del total, además de una reducción del 25% en los fondos asignados a la corporación. El plan también contempla flexibilizar los requisitos para la compra de armas y destruir los registros de propietarios después de 20 años.

La falta de información detallada sobre la trayectoria de las armas representa una dificultad adicional para México, aunque su exposición pública ha sido considerada útil por especialistas, quienes sostienen que mantener visible el tema podría dificultar un fallo favorable para las armadoras por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

A pesar de estos elementos, las posibilidades de emprender nuevas acciones legales parecen limitadas. “No creo que el Gobierno de México vaya a demandar en Texas, es un Estado muy conservador”, señaló Celorio. La estrategia legal mexicana enfrenta no solo barreras jurídicas, sino también políticas, en una coyuntura en la que Estados Unidos mantiene una postura de mínima intervención ante el tráfico de armas hacia su vecino del sur.