Durante la administración federal anterior, un promedio de 27 personas al día fueron blanco de presiones delictivas con distintos fines. La organización Causa en Común advierte que datos oficiales subestiman magnitud del problema
Ciudad de México, 08/11/24 (Más / IA).- Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México registró un aumento significativo en el número de víctimas de extorsión, que creció un 59 por ciento en comparación con el sexenio anterior, según el informe de la organización Causa en Común. El estudio, publicado el pasado 6 de noviembre, reporta un total de 56,607 víctimas de este delito en los últimos seis años, lo que representa un promedio de 27 personas extorsionadas diariamente.
La ONG señala que los datos oficiales podrían subestimar la magnitud real del problema, pues se estima que solo el 7 por ciento de los casos de extorsión son denunciados. Además, en algunas entidades los registros de extorsión aparecen inusualmente bajos, lo que sugiere posibles problemas en el reporte de estos delitos.
El propio López Obrador admitió en julio de 2024 que la extorsión fue un problema que su administración no logró reducir. Desde Palacio Nacional, expresó que, a diferencia de otros delitos graves como el secuestro, que logró disminuir un 70 por ciento, la extorsión se mantuvo como “una asignatura pendiente”.
La extorsión se caracteriza por forzar a una persona a entregar dinero o realizar alguna acción en contra de su voluntad, mediante amenazas o coacción. Existen diversas modalidades de extorsión que afectan a sectores específicos de la población. En estados como Tabasco y Veracruz, el crimen organizado ha llegado a extorsionar a padres de familia para permitir que sus hijos continúen asistiendo a la escuela. En Guerrero, los grupos delictivos exigen pagos a transportistas y dueños de pequeños negocios, mientras que en Michoacán los productores de limón y aguacate enfrentan esta problemática desde hace años.
El impacto social de la extorsión es profundo, pues genera un clima de inseguridad y desconfianza en las comunidades afectadas, donde las víctimas y sus familias se sienten obligadas a ceder a las demandas de los extorsionadores ante el temor de sufrir represalias. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por controlar la inseguridad, la extorsión continúa siendo uno de los delitos más difíciles de erradicar, afectando a millones de mexicanos y mexicanas en todo el país. La creciente incidencia de este delito destaca los retos de seguridad pública que enfrentan tanto las autoridades locales como federales y que sigue afectando a sectores vulnerables de la sociedad.
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