Saltillo, Coahuila, 14/11/25 (Más).– La violencia intrafamiliar continúa en ascenso en Coahuila. De acuerdo con registros oficiales del boletín epidemiológico nacional y los reportes estatales de vigilancia sanitaria, durante el año 2025 se han acumulado 42,610 casos de violencia intrafamiliar, lo que representa un incremento de aproximadamente 5.5% respecto a los 40,388 casos registrados al cierre de 2024. Esta tendencia confirma que el problema no solo persiste, sino que se profundiza en la entidad.
El crecimiento sostenido de este fenómeno en la última década ha colocado a Coahuila como una de las entidades con mayor incidencia de violencia intrafamiliar por tasa poblacional a nivel nacional, ocupando el segundo lugar solo por debajo de la Ciudad de México. En 2024, se registraron 1,234 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que prácticamente duplica la media nacional estimada entre 650 y 700 casos por cada 100,000 habitantes.
A la semana epidemiológica más reciente del año en curso, correspondiente a los primeros días de noviembre, se reportaron 874 nuevos casos en una sola semana, lo que refuerza la tendencia creciente que ha caracterizado a este delito en los últimos años. Desde 2015 hasta 2025, la entidad ha acumulado cifras anuales cada vez más altas, pasando de 24,870 casos ese año, a superar los 42,000 casos al corte actual.
Cuando se analiza esta problemática desde la perspectiva de núcleos familiares, los datos son igualmente alarmantes. En 2024, la entidad reportó una tasa de 4,343 casos por cada 100,000 hogares familiares, tomando como base los datos del INEGI que estiman más de 930,000 hogares en el estado para 2025. Es decir, más del 4% de las familias coahuilenses habrían sido víctimas de violencia intrafamiliar en un solo año.
Este patrón de crecimiento no ha sido accidental ni aislado. Las cifras revelan un comportamiento continuo en la última década. Año tras año, el número de incidentes ha aumentado: 25,500 casos en 2016, 27,315 en 2017, 29,120 en 2018, y así sucesivamente hasta superar los 40 mil casos en 2024. Este aumento ha sido constante, sin retrocesos relevantes ni periodos de contención.
Además de la magnitud numérica, el problema adquiere mayor gravedad cuando se considera su impacto en el ámbito social. La violencia intrafamiliar no solo representa un delito, sino un fenómeno que se traduce en afectaciones emocionales, económicas y de salud para las personas involucradas, especialmente mujeres, niñas y niños, quienes son los grupos más vulnerables.
Las autoridades han reconocido que una fracción importante de los casos está relacionada con factores como el consumo de alcohol, drogas y conflictos económicos, lo que hace aún más complejo el abordaje institucional. Aunque existen programas de atención y prevención desde los sistemas DIF, la Fiscalía y los centros de justicia para mujeres, las cifras muestran que estos mecanismos no han sido suficientes para frenar la escalada.
Coahuila ha mantenido su posición entre los cinco primeros lugares del país en términos absolutos de casos reportados, compartiendo las cifras más elevadas con entidades como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México. Esto confirma que la entidad no solo tiene una alta tasa por habitante, sino también una gran cantidad de incidentes en números totales.
Diversos sectores sociales han alertado sobre la “normalización” de este tipo de violencia, especialmente en comunidades donde persisten estructuras familiares rígidas o dinámicas de poder marcadas por el machismo. En muchos casos, la violencia no es reportada por miedo, dependencia económica o falta de alternativas, lo que implica que las cifras reales podrían ser incluso mayores.
Los registros oficiales provienen de la vigilancia epidemiológica que realiza la Secretaría de Salud, tanto estatal como federal, a través de los servicios médicos, donde se reciben los reportes de lesiones y agresiones que, al ser clasificadas como violencia intrafamiliar, forman parte de las estadísticas del boletín semanal nacional.
La persistencia del problema también pone sobre la mesa la necesidad de una revisión profunda en las políticas públicas de atención familiar, justicia, salud mental y prevención de la violencia. Expertos consideran que el incremento anual sostenido debe ser tratado como una emergencia social, con enfoque interinstitucional, seguimiento comunitario y reformas estructurales que aborden las causas del fenómeno desde la raíz.
Si esta tendencia continúa, Coahuila podría cerrar el año 2025 con una cifra sin precedentes, superior a los 45 mil casos de violencia intrafamiliar, consolidando un nuevo máximo histórico. Esto no solo implicaría mayor presión para los servicios de salud, seguridad y justicia, sino también un reto para la reconstrucción del tejido social en miles de hogares de la entidad.
En este contexto, organizaciones civiles han comenzado a exigir al Congreso local y al Ejecutivo estatal mayores recursos para refugios temporales, servicios psicológicos y programas de prevención comunitaria. De igual manera, han señalado la urgencia de actualizar los protocolos de atención para que las víctimas no solo denuncien, sino reciban protección inmediata, atención integral y acompañamiento judicial efectivo.
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