Londres, 22/05/24 (Más / IA).- El Tribunal Superior de Gran Bretaña dictaminó que son ilegales las nuevas regulaciones que otorgan a la policía del Reino Unido más poderes para intervenir en las protestas.
El grupo de campaña por las libertades civiles Liberty emprendió acciones legales contra el gobierno británico por una ley aprobada el año pasado que redujo el umbral de lo que se considera una “interrupción grave” de la vida comunitaria causada por una protesta.
La Ley de Orden Público de 2023 amplió la definición de “perturbación grave” de perturbación “significativa” y “prolongada” para individuos o una organización a “más que menor”.
Las autoridades introdujeron estos cambios mediante un proceso llamado instrumento estatutario, que enfrenta menos escrutinio, después de que el Parlamento los rechazara anteriormente.
Estas medidas se dirigieron a activistas ambientales que han organizado protestas disruptivas en los últimos años en autopistas y carreteras concurridas en el Reino Unido y más allá para crear conciencia sobre la urgencia del cambio climático.
La entonces secretaria del Interior, Suella Braverman, dijo a los legisladores el año pasado que estas medidas permitirían a la gente común conducir o ir a trabajar a tiempo sin obstrucciones por lo que ella llamó una “minoría egoísta”.
Sin embargo, los críticos argumentan que este cambio fue parte de una preocupante restricción del derecho a protestar.