El 19 de febrero del 2006, a las 2:10 de la madrugada, una acumulación de gas al interior de la Mina 8 de Pasta de Conchos causó una explosión provocando a su vez un derrumbe en uno de los tiros que cobró la vida de 65 mineros, 63 aún yacen en la mina a pesar de la promesa del Presidente López Obrador del rescate de los cuerpos.
Por Katya González
Saltillo, Coahuila, MÁS. – En el 2006, María del Refugio, Cuquis como la llaman, se encontraba planeando una fiesta para celebrar sus 25 años de matrimonio con José Isabel Minjarez, quien trabajaba como minero en Pasta de Conchos.
“Vimos el salón, el conjunto y los anillos. El color de las camisas de mis hijos sería azul. Tenía una amiga que cosía y me dijo que ella haría mi vestido. Estaba todo planeado y todo se quedó”, recordó.
La madrugada del 19 de febrero de 2006 José Isabel se encontraba cubriendo el turno nocturno en la mina ocho y como cada mañana de domingo Cuquis preparó su ropa y el desayuno para después asistir juntos a misa, sin embargo, el tiempo pasaba y José Isabel no volvía a su hogar.
Sin tener noticia alguna, encendió la radio y escuchó que hablaban de un accidente en una mina ubicada en el ejido Santa María, en Sabinas, Coahuila.
“Cuando había un incidente se llevaban a los mineros a ayudar y pensé que había ido a apoyar en la mina accidentada”, explicó.
Más tarde familiares y compañeros de José Isabel arribaron a su domicilio y le confirmaron que la mina donde laboraban era la misma del siniestro del que hablaban.
“Yo no lo quería aceptar. Les decía que no era cierto, les decía que estaba equivocado, pero me decían que no, que era ahí y que lo vio una noche antes cuando entró”.
El 19 de febrero del 2006, a las 2:10 de la madrugada, una acumulación de gas al interior de la Mina Ocho de Pasta de Conchos causó una explosión provocando un derrumbe en uno de los tiros, aproximadamente a 200 metros de la plancha de descenso. La explosión causó quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que apenas lograron salir, mientras que 65 mineros quedaron atrapados, entre ellos José Isabel Minjarez, el esposo de Cuquis.
Las familias se enteraron a la mañana siguiente por vecinos, familiares o por las noticias, pues Grupo México, la empresa concesionaria de la mina, propiedad del empresario Germán Larrea, no avisó a los parientes de los afectados, sino que emitió un comunicado.
Desde seis años antes del siniestro, la mina ya había sido blanco de reportes de fallas de seguridad. La última inspección realizada al lugar en el 2004 arrojó 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, la mayoría eran urgentes.
El 21 de febrero, dos días más tarde, Cristina Auerbach, entonces asesora de Pastoral Laboral Nacional, acudió al llamado de un minero de la región para apoyar a las familias de los mineros atrapados.
“Arriba, en la plataforma, se podían observar a Javier Salazar (entonces secretario de Trabajo) y al personal de Grupo México, parados sobre la tierra en donde permanecen atrapados los 65 mineros. Y es así, los empresarios siempre están arriba y quienes bajan son los mineros”, mencionó.
Auerbach, ahora directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, explicó que la mina no contaba con ninguna medida de seguridad, ni siquiera con la llamada “cuerda de vida”: una cuerda anclada a la pared que permite a los mineros guiarse para salir del lugar cuando no tienen luz.
No obstante, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Pedro Camarillo Adame, señaló que la mina estaba sujeta a supervisión frecuente y que días antes de la explosión había cumplido con las 43 recomendaciones menores de ajuste de equipo, por lo que cumplía con las condiciones para operar de forma segura.
Evidencia recabada por la organización muestra que dentro de la mina había máquinas soldadoras que operaban ilegalmente debido a que incumplían los protocolos: no había buena ventilación en el área de trabajo, el equipo no era seguro y los trabajadores no vestían ropa protectora. Los viejos transformadores no funcionaban, por lo que no había electricidad. Tampoco funcionaba el sistema de ventilación y los telesillas para el transporte del personal eran inservibles.
A los cinco días del siniestro Grupo México declaró muertos a los mineros sin conocer aún su situación y ubicación exacta y, con base en un supuesto informe técnico y científico, señaló que no había “posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano”.
El 23 de junio de ese año se recuperó el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años; y el 1 de enero de 2007 fue rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo.
Según la Organización Familia Pasta de Conchos, las autopsias realizadas a los cuerpos encontrados revelaron que los trabajadores murieron por asfixia y no calcinados, como aseguraba la empresa.
Un año más tarde, el 5 de abril de 2007, Jueves Santo por la noche, Grupo México suspendió el rescate bajo el argumento de que el agua en la mina podía estar contaminada con hepatitis, tuberculosis y VIH, la cual podía contagiar a los rescatistas, ellos a sus familias y luego a poblaciones enteras, según comentó la organización.
Javier Lozano Alarcón, enviado por el entonces presidente Felipe Calderón, fue señalado por familiares y rescatistas de retrasar las labores y rechazar las propuestas de las brigadas y los trabajadores de la región «para no arriesgar a los vivos, para sacar muertos”.
Fue así como el gobierno de Felipe Calderón suspendió la búsqueda de cuerpos y con ello, la posibilidad de un peritaje que deslindara responsabilidades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió denuncias de familiares de los mineros y emitió la Recomendación 26/2006, la cual determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Ese mismo año la Secretaría de Economía suspendió los derechos a Grupo México sobre Pasta de Conchos, pero no canceló la concesión y actualmente le sigue perteneciendo.
Según el testimonio de las viudas, tras el suceso, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, les asignó un ‘tutor’ a cada una de las viudas, el cual se encargaba de vigilar e informar al gobierno de sus próximos movimientos.
«Fueron los años más grises en la región carbonífera. El gobierno trataba muy mal a las viudas”, consideró Cristina Auerbach.
Elvira Martínez, viuda de Bladimir Muñoz, mencionó que el gobierno de Moreira amenazó a las familias de las víctimas condicionando la pensión si no tramitaban las actas de defunción, por lo que dio facilidades para la pronta emisión de los documentos que establecen muerte por “politraumatismo inmediato, explosión en interior de mina y derrumbe interior en la mina de forma accidental”, con fecha del 19 de febrero de 2006, según el acta en poder de este medio.
La organización asegura que Javier Lozano realizó los trámites con dichas actas sin considerar que los mineros cotizaron con triple salario en el IMSS desde que fueron declarados muertos y hasta abril de 2007.
El acuerdo cuya copia posee este medio de comunicación, establece que se cubriría el triple salario solicitado “por el tiempo que transcurra hasta antes que se reciba su indemnización y su pensión”. El documento tiene fecha del 27 de febrero de 2006 y está firmado por miembros del Comité de Familias Representantes de Mineros de la Sección 13 y de General de Hulla, así como por el ingeniero Rubén Escudero, gerente general de Unidad Pasta de Conchos, quien más tarde se encargó de que se realizara la modificación ante el IMSS.
En agosto de 2007 hicieron un plantón afuera de la STPS, donde permanecieron hasta finales de octubre con la exigencia de ser escuchados por Lozano Alarcón. De igual manera, el entonces presidente Felipe Calderón negó tres veces durante su mandato el derecho de audiencia a las familias.
“No estábamos enfrentando sólo a Grupo México, sino al Estado”, consideró Auberbach.
A partir del siniestro de Pasta de Conchos, las familias, unida como organización comenzaron a documentar los casos de negligencia de las empresas y “coyotes del carbón”, quienes lucran con la vida de los mineros de la región.
Cristina Auerbach asegura que la Región Carbonífera de Coahuila es una zona de sacrificio, pues un conteo realizado por OFPC arrojó que al menos 153 mineros murieron en la entidad desde 1996 hasta finales de 2022.
“Los mineros, si no mueren en grupos, se muere uno o dos o tres y ni siquiera son nota, no importan”, opinó Cristina Auerbach.
LA PROMESA DE LÓPEZ OBRADOR
En enero del 2012, Trini Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero fallecido en Pasta de Concho, se presentó en un mitin de López Obrador celebrado en Torreón.
Al calor de la campaña por la Presidencia de México, Obrador prometió de manera pública que una vez en el poder reactivaría el rescate suspendido por el gobierno de Felipe Calderón y Grupo México.
Luego de ganar la Presidencia, López Obrador ordenó que se organizara un Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, el cual quedó instalado en el 2019.
Dicho comité es encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con participación de diversas dependencias del gobierno y de las familias y sus representantes, las cuales como primer paso llevaron a cabo mesas de trabajo en donde fue establecida una ruta crítica del rescate. Esta incluye metodología técnica, modelos de rescate, licitación, fallo, inicio y supervisión de trabajos.
Doña Trini opina que es la última oportunidad para recuperar los restos de su hijo Raúl para depositarlos en el camposanto y así tener un lugar para llevarle flores.
El 25 de agosto de 2020, la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, propuso a las viudas obtener una suma de dinero a cambio de la cancelación del rescate, que costaría al gobierno 2 mil millones de pesos y comenzó a organizar a las mujeres para que firmaran una petición de acuerdo.
Sin embargo, Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS, le hizo llegar cartas, al presidente Andrés Manuel, escritas a mano por los familiares de los mineros, para pedir que cumpliera su palabra de llevar a cabo el rescate.
Finalmente, el presidente dio a conocer que se llevarían a cabo ambas cosas: indemnización y rescate, además de un memorial por los mineros de Pasta de Conchos.
Este 19 de febrero de 2024, se cumplirán 18 años del siniestro que cobró la vida de 65 mineros, de los cuales 63 aún yacen en la mina a pesar de ser un caso emblema del presidente López Obrador, pues las labores de recuperación presentan un atraso considerable.
El pasado 19 de enero, el mandatario visitó la región y durante una reunión con los familiares señaló que espera que antes de que termine su mandato se logre encontrar los restos de los trabajadores, pero en caso de que haya complicaciones dejaría los fondos necesarios para que sigan los trabajos, por lo que las familias no pierden la esperanza.
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