Razones

Jorge Fernández Menéndez

A diez días de las elecciones comienzan a acumularse riesgos sobre el proceso electoral que no habíamos vivido desde la transición democrática que inició en los comicios de 1994, mientras, parece que asistimos a una cada vez más peligrosa regresión.

Estamos muy atentos a los debates, las confrontaciones, las incursiones presidenciales en el tema electoral y en la violencia que ensombrece todo el panorama. En los últimos 15 días, en 14 ocasiones el presidente López Obrador incursionó ilegalmente en el tema electoral; siguen los asesinatos, amenazas y agresiones a candidatos y equipos de campaña, en casi todos los casos con la más absoluta impunidad. Pero, sumado a todo eso, como nunca en las últimas elecciones, se ha presentado un problema clave: el INE no parece tener en esta ocasión la estructura de funcionamiento electoral necesaria para cumplir con todos sus compromisos el 2 de junio.

Desconcierta profundamente que, a menos de dos semanas de las elecciones, renunciaron o fueron despedidos mil 400 capacitadores electorales, cuya labor es central en cada una de las casillas. Ayer, el INE aprobó un mecanismo para tratar de cubrir más de 800 vacantes de supervisores y capacitadores electorales, debido a las renuncias y rotación de personal por la falta de sueldos competitivos e, incluso, la inseguridad en algunas zonas del país.

Es imposible que en tan corto lapso se pueda reemplazar esa capacitación, incluso recurriendo, como se dijo, a personal de base del propio INE, que me imagino que en la semana previa a las elecciones tendrá otras responsabilidades que cumplir. Los capacitadores se encargan de definir la ubicación e integración de casillas; la preparación y distribución de la documentación en las mesas; establecer los mecanismos de recolección; manejar el sistema de información, el operativo de campo del conteo rápido y el PREP en las instancias locales. Se dice que no es un tema generalizado, pero la verdad es que no queda claro cuál será su verdadera trascendencia a la hora de votar.

Porque, además, hay zonas del país donde será difícil instalar casillas o garantizar su adecuado funcionamiento por la presencia del crimen organizado o de grupos sociales que lo impedirán, lo que puede dificultar también la llegada de funcionarios o representantes de casilla. O zonas donde sean los propios criminales los que controlen las casillas. Llama profundamente la atención que el INE, que tanta experiencia tiene en este tipo de temas, no haya actuado con mucha anticipación ante estos desafíos y que, a días de las elecciones, se encuentre sin los capacitadores suficientes, supuestamente por falta de presupuesto.

Los mayores riesgos se encuentran en Chiapas, prácticamente en todo el estado; en por lo menos cuatro distritos de Michoacán (que ya tuvieron problemas graves en las pasadas elecciones); en todo Zacatecas; en las zonas de la montaña y la sierra de Guerrero, Morelos y el Estado de México; en áreas de Guanajuato y de Jalisco; en la franja fronteriza de Tamaulipas y BC; en zonas de Oaxaca.

Se ha dispuesto un fuerte operativo militar y de la Guardia Nacional de 200 mil elementos para garantizar la seguridad en la jornada electoral, lo que puede dar cierta tranquilidad, pero eso no solucionará los problemas estructurales que se pueden dar en el propio proceso.

¿En cuántos distritos podrían presentarse problemas? Recordemos que se dice que un tercio del territorio nacional estaría, de una u otra forma, bajo control o con fuerte presencia criminal. ¿Puede llegar hasta el 20% de las casillas? No lo creo, pero si se anula ese porcentaje de casillas se puede anular la elección; si la diferencia entre Xóchitl y Claudia es menor al cinco por ciento, muchos elementos que ahora parece imposible enarbolar (como la intromisión presidencial) podrían ser clave en una disputa poselectoral.

En medio de todo esto y ante el inevitable ambiente de sospechas que se genera, desconcierta también que el presidente López Obrador y la propia Claudia Sheinbaum insistan tanto en el tema del golpe de Estado técnico, supuestamente intentado por la oposición. Hay que insistir en un punto: no hay posibilidad ni intención alguna de golpe de Estado y, en todo caso, viendo cómo se ha movido el gobierno federal estos años, podríamos estar más cerca de un autogolpe, lo que, en lo personal, también creo poco posible.

Para que haya un golpe de Estado tiene que haber un derrocamiento del gobierno legítimo impulsado por un levantamiento militar, eso es válido desde el de Huerta, que derrocó a Madero, hasta los golpes de Pinochet o Videla, en los años 70, en Chile y Argentina, respectivamente. En todos esos casos, y en muchos más, es clave que las Fuerzas Armadas desconozcan el poder constitucional e impongan un gobierno por la fuerza, que puede estar encabezado por militares o civiles. Ese escenario no existe en el México de hoy.

Nunca, en el México contemporáneo, hubo una posibilidad o una hipótesis seria de un golpe de Estado, nunca las Fuerzas Armadas mexicanas operaron para desconocer el gobierno en turno. Las Fuerzas Armadas mexicanas son profesionales y cumplen con su deber: no han tenido la tentación de hacerse con el poder. Por supuesto que tampoco lo percibo ahora y no conozco a nadie que conozca a las Fuerzas Armadas que lo esté planteando.

Las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución y la legalidad y, mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa condición, lo respetarán y le darán su lealtad. Gane Claudia o gane Xóchitl.