Miami, 23/05/24 (Más / IA).- Un juez federal del Distrito Sur de Florida bloqueó temporalmente la aplicación de una ley estatal que tipifica como delito grave transportar inmigrantes indocumentados al estado.
La decisión pone en duda el futuro de una parte clave de la agenda migratoria del gobernador Ron DeSantis.
La ley, que entró en vigor en julio de 2023, ha resultado en arrestos de migrantes indocumentados que ahora enfrentan cargos de tráfico de personas.
El juez Roy K. Altman, designado por Trump, argumentó que la ley se extiende más allá de la autoridad del estado para realizar arrestos por violaciones de la ley federal de inmigración.
Altman también bloqueó temporalmente la ley porque, de lo contrario, los demandantes sufrirían daños irreparables, incluyendo la separación familiar, ya que las personas han decidido no cruzar las fronteras estatales para visitar a familiares por períodos indefinidos para evitar el arresto.
La decisión se produjo después de que en agosto se presentara una demanda federal por parte de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varios de sus miembros, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Legal de Pobreza del Sur y otras organizaciones de defensa.
El grupo alega que una disposición en la ley estatal, conocida como Sección 10, es “inconstitucionalmente vaga” porque no está claro quién sería criminalizado en virtud de la ley.
La demanda también argumentó que causaría un daño irreparable porque perjudicaría a las comunidades de inmigrantes, incluidas las familias y los trabajadores de estatus mixto, así como a las personas que los ayudan.
El demandante, un grupo con sede en Apopka que aboga por casi 12 mil trabajadores agrícolas de Florida, estimó que alrededor de 100 familias miembros que se fueron al final de la temporada de cosecha en mayo de 2023 no regresarían a Florida para evitar el riesgo de ser acusados de un delito grave.