Y siguen matando gente

Por Francisco Ortiz Pinchetti

Lunes 23 de febrero. Libramiento Norponiente, Ramos Arizpe, Coahuila (Km 3): Un tráiler invade a exceso de velocidad el carril contrario y choca de frente contra un automóvil particular. Hay dos personas muertas y un herido de gravedad.

Lunes 23 de febrero. Carretera a García, Nuevo León: Un tractocamión tipo pipa impacta de forma lateral a un vehículo compacto en un cruce de alta peligrosidad. El percance deja una persona muerta.

Lunes 23 de febrero. Autopista Siglo XXI, Michoacán (Km 148): Un tráiler provoca un choque múltiple al invadir un carril en una zona de obras viales. Se reportan tres personas muertas y dos heridos.

Martes 24 de febrero. Circuito Exterior Mexiquense, Estado de México: Un tráiler cargado con varillas vuelca en una curva pronunciada debido al cansancio del operador y la falta de pericia. Se registran dos personas heridas de gravedad.

Martes 24 de febrero. Carretera Federal 57, San Luis Potosí (tramo Matehuala): Un tractocamión de doble remolque embiste por alcance a una camioneta familiar que circula a menor velocidad. Fallecen cuatro personas.

Miércoles 25 de febrero. Carretera México-Toluca (Km 38): El segundo remolque de un tráiler se desprende e impacta a dos vehículos particulares en la zona de La Escondida. Hay una persona muerta.

Miércoles 25 de febrero. Vía Corta a Santa Ana, Tlaxcala: Un tráiler con plataforma cargada de acero vuelca sobre un automóvil compacto que circula en el carril contiguo. El accidente cobra la vida de una persona y deja un herido prensado.

Jueves 26 de febrero. Autopista México-Puebla (Km 32): Un tráiler pierde los frenos e impacta la zona de la caseta de cobro de Chalco, embistiendo a tres vehículos en fila. Resultan dos personas muertas y cinco heridos.

Jueves 26 de febrero. Autopista México-Querétaro (Km 161): Un tráiler a exceso de velocidad provoca una carambola en el tramo de San Juan del Río al no poder detenerse a tiempo. Se contabilizan dos personas muertas y ocho heridos.

Jueves 26 de febrero. Puente El Puerto, Coyotepec, Estado de México: Un tráiler embiste una unidad de transporte escolar; el conductor de la unidad pesada abandona el vehículo y huye. Se notifican cuatro personas heridas.

Jueves 26 de febrero. Arco Norte, tramo Hidalgo: Un tractocamión se incendia tras chocar por alcance contra otro transporte de carga pesada durante la madrugada. Se registra una persona muerta por calcinamiento.

Jueves 26 de febrero. Autopista Veracruz-Córdoba (Km 15): Un tráiler de doble semirremolque pierde el control por falla mecánica e impacta un paradero de transporte público. Una persona muere y tres más resultan heridas.

Los anteriores son los casos registrados en los primeros cuatro días de esta semana en que se han visto involucrados tráileres. Únicamente están los que fueron consignados por los medios, no todos. Ninguno de ellos tiene relación con los actos vandálicos registrados en el país a raíz del abatimiento de «El Mencho». 

El saldo: 23 muertos y 34 heridos. En sólo cuatro días.

En repetidas ocasiones, desde este y otros espacios y a lo largo de décadas, me he referido a la situación crítica que representan los tráileres en las carreteras de México. He documentado el peligro de las unidades pesadas, la falta de regulación efectiva y la recurrente indolencia de las autoridades. Pasan los meses, pasan los años, y la situación se mantiene… o se agrava.

Hoy, circular por las vías federales implica un riesgo constante ante la saturación de unidades que operan bajo sus propias reglas. De verdad da miedo circular por las carreteras mexicanas; se ven colmadas por cientos y cientos de unidades que dictan su propia ley en el asfalto.

Lo que ocurre diariamente en nuestras autopistas no son sucesos fortuitos. Es la consecuencia de una cadena de factores que se gestan en consorcios de transporte, en el estancamiento legislativo y en la omisión de la vigilancia. Las cifras de 2025 indican que los percances con unidades de carga dejaron más de mil 400 muertes en vías federales, un promedio de casi cuatro decesos diarios.

Basta transitar por la carretera 57, la México-Querétaro o la de Puebla para constatar la situación. Los reglamentos establecen que estas unidades deben circular por el carril derecho; sin embargo, es habitual observar rebases constantes e invasión de carriles de alta velocidad por parte de vehículos de gran tonelaje. Esta saturación colma las carreteras, donde los tráileres «echan carreras» e invaden carriles de forma anárquica, reduciendo el margen de seguridad para los vehículos ligeros ante la mirada pasiva –y a veces cómplice– de la Guardia Nacional.

El caso de la configuración doblemente articulada, los “fulles”, es el factor más alarmante. México permite que estos convoyes de hasta 75.5 toneladas circulen de manera regular, mientras que en Estados Unidos el límite es de 36.2. Esta diferencia impacta directamente en la capacidad de frenado, convirtiéndolos en masas incontrolables.

Mientras en México se permiten esos “fulles”, proyectiles de hasta 31 metros de largo, en la Unión Europea la seguridad es la norma: países como Alemania, Francia y Austria prohíben la circulación generalizada de dobles remolques. En la mayor parte del continente europeo el límite es de 18.75 metros y 40 toneladas. Lo que allá es una restricción técnica para salvar vidas, en México es una concesión criminal a los intereses de los transportistas que convierte nuestras carreteras en zonas de sacrificios humanos.

A esto se suma la falta de mantenimiento que delata la avaricia de los propietarios. Según la SICT, la edad promedio del parque vehicular es de 19.2 años. Los transportistas operan unidades obsoletas con frenos agotados. Para el empresario, renovar la flota es un gasto; para el ciudadano, es una sentencia de muerte.

La abierta corrupción de los cuerpos policiacos agrava el escenario. La Guardia Nacional y las policías estatales han claudicado en su labor preventiva para convertirse en entes recaudadores de cuotas. La “mordida” permite que unidades con deficiencias mecánicas sigan circulando. La vigilancia no busca la seguridad, sino la recaudación ilícita que beneficia tanto al mal funcionario como al transportista que prefiere pagar un soborno que reparar su unidad.

En el ámbito legislativo, el avance es nulo. El tema ha dejado de estar en la agenda, desde hace cuando menos tres años. Hasta este febrero de 2026, al menos 12 iniciativas para prohibir el doble remolque permanecen congeladas en el Congreso. La indolencia de los legisladores tiene precio: el cabildeo de cámaras como Canacar y Concamin frena estas propuestas bajo el argumento de los costos logísticos. Para ellos, el negocio justifica la tragedia. La impunidad de la que gozan los propietarios es el verdadero motor de estos accidentes, amparada por un gobierno y legisladores que prefieren no tocar a los grandes consorcios.

Es un hecho que la tecnología y la normativa existen, pero no se aplican. Mientras no exista la voluntad política para enfrentar los intereses económicos que sostienen este modelo y no se limpie la corrupción en la vigilancia carretera, las vías de comunicación seguirán siendo escenarios de tragedia. Veremos si, frente a la contundencia de los datos, las autoridades deciden finalmente intervenir o si la inercia de la impunidad seguirá prevaleciendo… otra vez. Válgame.