Por Leopoldo Maldonado
En México se está construyendo un nuevo régimen con más vigilancia, más poder militar, más censura. Este proceso no ha ocurrido de golpe, sino a través de una secuencia calculada de reformas legales, decisiones judiciales y maniobras políticas que, en conjunto, están desmontando el sistema democrático desde dentro.
El martes y miércoles pasados, la Cámara de Diputados aprobó un paquete legislativo profundamente alarmante. Entre las reformas más graves están las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y otras normas clave que regulan la inteligencia civil y militar.
Con estas reformas, se legaliza la vigilancia estatal sin necesidad de control judicial, abriendo la puerta a que el Ejército y otras autoridades realicen tareas de inteligencia en secreto, sin autorización de un Juez, sin notificación a la persona afectada y sin mecanismo alguno de supervisión externa. Asimismo pone a disposición de las autoridades todos nuestros datos resguardados por las instancias públicas, y obliga a los sujetos privados a facilitarlos.
Estas leyes no sólo vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia. También contradicen criterios constitucionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se rompe, de manera abierta, con los principios del debido proceso y se normaliza el uso del aparato estatal para espiar, controlar y silenciar.
Pero esto va más allá del espionaje. Lo que se está consolidando es un modelo de país en el que las Fuerzas Armadas no sólo vigilan sino también construyen, administran, controlan y deciden sobre bienes públicos. Hoy el Ejército gestiona aeropuertos, aduanas, obras públicas y tareas de seguridad civil. Ahora se le otorga capacidad operativa como agencia de inteligencia. La militarización ya no es un proceso oculto, sino una política de Estado declarada.
Este poder, cerrado por naturaleza y ajeno al escrutinio civil, se coloca ahora en el centro del aparato gubernamental. Sin auditorías, ni contrapesos, ni transparencia. En los hechos, se está construyendo un poder paralelo con inmunidad total.
Mientras el poder militar y la vigilancia se expanden, la crítica es asediada. Ya denunciamos en la columna de la semana pasada cómo en Puebla y Campeche se legaliza la censura y se castiga a quienes disienten. A nivel federal, el INE y el Tribunal Electoral emiten resoluciones que terminan censurando opiniones ciudadanas, especialmente durante los procesos electorales, bajo una mala utilización e interpretación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Así se construye un régimen de control. Por un lado, censura legalizada; por el otro, vigilancia sin freno. Al fondo, un poder militar que no le rinde cuentas a nadie y un régimen político sin contrapesos.
Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla. ¿O cuáles han sido los resultados positivos en los últimos quince años en materia de seguridad por la compra y uso indiscriminado de softwares espía, como Pegasus?
El peligro no es hipotético. Ya lo estamos viviendo. El periodismo crítico ha sido espiado, y desacreditado. Hay agresiones físicas, campañas de desprestigio y procesos judiciales amañados. Los tribunales –capturados políticamente– reducirán el margen para disentir sin represalias. Con las nuevas reformas, cualquier voz incómoda puede ser clasificada como amenaza a la “seguridad nacional” y ser espiada. O para no ir lejos, puede considerarse como “ofensiva” o “insultante” para castigarla.
Este modelo nos afecta a todas las personas, no sólo a periodistas o activistas. A quienes no se afecta, en un Estado infiltrado por la criminalidad organizada, es a quienes se supone que realmente deben ser investigados y enjuiciados. Se coarta el derecho a expresarse, a informarse, a exigir cuentas. Afecta la privacidad, la intimidad y, sobre todo, el derecho a no ser tratado como enemigo por ejercer ciudadanía democrática.
No es alarmismo. Estamos atestiguando una mezcla peligrosa de censura institucional, vigilancia militar y concentración del poder. El momento exige todo lo contrario a lo que este proyecto político hegemónico pretende. Más vigilancia ciudadana sobre las autoridades, no más vigilancia de las autoridades sobre la ciudadanía. Más debate, más transparencia, más control civil sobre el poder armado.
Porque una vez que la censura se vuelve oficial, la vigilancia masiva se legaliza y el Ejército se convierte en árbitro de todo, ya no hay camino fácil de regreso.