Ciudad de México, febrero 4. El juicio por el asesinato del activista ambiental Samir Flores Soberanes iniciará siete años después de su homicidio, tras más de una decena de aplazamientos y programado para comenzar el próximo 16 de febrero y concluir el 20 de febrero, justo el séptimo aniversario de su muerte, informa el portal de El País México acreditando la información original. El proceso judicial se llevará a cabo contra el único detenido identificado como uno de los supuestos autores materiales del homicidio ocurrido en 2019 en el estado de Morelos.
El asesinato de Flores fue una de las primeras muertes violentas de un activista medioambiental en México tras la llegada al poder de Morena, y su caso ha quedado marcado por la dilación de la justicia. Según el equipo legal que acompaña a la familia, se han programado cuatro sesiones del juicio. El único imputado enfrenta cargos por su presunta participación material en el crimen.
Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Ese día, tres hombres se estacionaron frente a su casa familiar y lo llamaron para negociar un anuncio en la radio comunitaria que él había fundado. Al salir de su vivienda, lo agarraron, lo arrastraron hacia un lugar oscuro y le dispararon tres veces, de las cuales dos balas impactaron en su cabeza. Flores era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto gubernamental que incluye dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
La viuda de Samir, Liliana Velásquez, ha expresado su frustración porque, a su juicio, el proceso se ha enfocado excesivamente en la parte material del crimen y no en quienes ordenaron el asesinato, conocidos como los autores intelectuales. Velásquez asegura que falta un testigo clave cuya declaración es fundamental para ampliar la investigación. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ha justificado los aplazamientos al argumentar que se necesitaba ubicar a testigos principales antes de avanzar con el juicio.
El caso de Samir Flores ganó atención nacional no solo por su violencia extrema, sino porque se produjo en un contexto de contradicción entre promesas de campaña y la acción de gobierno en torno a proyectos energéticos. Durante su campaña, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador se comprometió a frenar el Proyecto Integral Morelos, llegando a compararlo con poner “un cementerio nuclear en Jerusalén”. Sin embargo, una vez en el poder, defendió el proyecto y convocó una consulta ciudadana para definir su continuidad. A pesar del asesinato de Flores, ocurrido tres días antes de la consulta, esta se celebró con una participación de alrededor de 50 mil personas, menos del 2 por ciento del padrón convocado, y seis de cada diez votaron a favor del megaproyecto.
Durante los siete años que han transcurrido desde el homicidio, la investigación ha tenido al menos cuatro líneas principales de indagación: una vinculada con el crimen organizado, otra por un conflicto laboral con el ayuntamiento de Temoac, una tercera por un desencuentro en la zona relacionado con mover una escuela de lugar, y otra directamente relacionada con el Proyecto Integral Morelos y otras resistencias de las cuales Flores formaba parte activa. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Morelos, Puebla y Tlaxcala), organización social a la que pertenecía Flores, ha exigido en múltiples ocasiones que se llame a declarar a funcionarios políticos que estaban en el gobierno de Morelos durante los hechos.