Culiacán, Sinaloa, 25/07/25 (Más).- La mañana del jueves 25 de julio de 2024, un convoy de camionetas arribó al fraccionamiento campestre Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. En una de ellas viajaba Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, entonces prófugo más buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. En ese mismo lugar, a la misma hora, también se encontraba Héctor Melesio Cuén Ojeda, político sinaloense de larga trayectoria. Ambos, sin saberlo, protagonizarían el inicio de uno de los capítulos más violentos y desestabilizadores en la historia reciente del narcotráfico mexicano.
Zambada fue capturado esa tarde en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, tras haber sido forzado a cruzar la frontera por Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero Moreno’, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Cuén Ojeda fue asesinado en la finca donde, según la Fiscalía General de la República (FGR), se registró un enfrentamiento previo al secuestro del capo. Su cuerpo fue ingresado sin vida a una clínica particular de Culiacán cerca de la medianoche.
Desde entonces, ha pasado un año de guerra interna en el Cártel de Sinaloa, de crisis institucional en el Estado y de vacío legal en torno a los hechos ocurridos ese día. Ni el crimen de Cuén Ojeda ha sido esclarecido, ni se ha emitido sentencia contra Zambada García, quien permanece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) en Nueva York.

La ruptura en el Cártel: traición y guerra
El arresto de Zambada provocó una ruptura irreversible en el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su declaración firmada el 10 de agosto de 2024 desde prisión, ‘El Mayo’ fue emboscado por los mismos que lo convocaron a mediar una disputa entre el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y Cuén Ojeda sobre el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Zambada escribió que fue golpeado, encapuchado, atado y trasladado por la fuerza a una pista aérea, de donde fue llevado a Estados Unidos.
En el mismo operativo, dos de sus escoltas, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, desaparecieron. Ambos ingresaron con él a la finca y no han sido localizados desde entonces. El vehículo usado para transportar a Cuén Ojeda tras su asesinato pertenecía a un trabajador de la UAS.
Inicialmente, su muerte fue atribuida a un asalto en una gasolinera, versión sostenida por Fausto Corrales, quien lo acompañaba. La difusión de ese testimonio provocó la renuncia de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñonez.

El lugar de los hechos, Huertos del Pedregal, pasó en un año de ser un sitio de fiestas y celebraciones a un espacio desierto. Las palapas están abandonadas, las piscinas vacías y los inmuebles sin mantenimiento.
Según testimonios de residentes, desde aquella jornada nadie ha vuelto a rentar los espacios. “Los locales están solos y no nos recuperamos”, afirmó Ana Becerra, residente del lugar.
Proceso judicial en Estados Unidos
Desde su captura, Zambada permanece en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, bajo el número de registro 27102-511. Enfrenta 17 cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y delitos relacionados con crimen organizado.
En su primera audiencia, en septiembre de 2024, se declaró no culpable. La Fiscalía estadounidense y su defensa han negociado un acuerdo para evitar la pena de muerte, posibilidad vigente por la gravedad de los delitos.

El juez Brian Cogan, quien también presidió el juicio de ‘El Chapo’, ha otorgado prórrogas para que las partes continúen negociando. La próxima audiencia está prevista para el 25 de agosto de 2025. Mientras tanto, Zambada permanece bajo vigilancia federal sin que se haya emitido sentencia alguna.
El Gobierno de México solicitó la repatriación de Zambada para enfrentar órdenes de aprehensión en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta petición el 24 de julio: “Seguimos insistiendo, depende del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”. Hasta el momento, no se ha emitido respuesta oficial desde Washington.
Conflicto armado
Al interior del Cártel, la ausencia de ‘El Mayo’ provocó un conflicto armado entre su grupo y Los Chapitos. Desde septiembre de 2024, la violencia no ha cesado en Sinaloa. A la fecha, se reportan más de 1,700 homicidios dolosos, más de 2,000 personas privadas de la libertad, 6,000 vehículos robados y más de 3,000 familias desplazadas de comunidades rurales.
El día más violento fue el 30 de junio de 2025, con 30 asesinatos, entre ellos 4 cuerpos colgados y decapitados en un puente de Culiacán.

El trasfondo del conflicto está vinculado al control de la producción y distribución de fentanilo. Esta droga sintética, altamente rentable y adictiva, ha desplazado al cultivo tradicional de amapola y mariguana. La DEA estima que casi todo el fentanilo ilegal en Estados Unidos proviene de México, particularmente de Sinaloa.
La cadena de producción se basa en precursores químicos, en su mayoría enviados desde China, y elaborados en laboratorios clandestinos en zonas serranas o urbanas. De octubre de 2024 a julio de 2025, el Gobierno mexicano aseguró cerca de 100 laboratorios en los municipios de Culiacán, Cosalá y Elota.
La violencia ha provocado el cierre de más de 600 negocios en Culiacán. La vida nocturna desapareció y la percepción de inseguridad es la más alta del país, según datos del INEGI. La estrategia de seguridad federal ha desplegado hasta 12,000 militares en la entidad. Desde entonces, han sido detenidos casi 1,500 civiles y 105 abatidos en enfrentamientos.
La presencia militar, sin embargo, no ha frenado los homicidios, desapariciones ni bloqueos carreteros. De las víctimas registradas desde el inicio del conflicto, se cuentan 43 menores de edad y 44 agentes de seguridad.
El fin de una generación
La caída de Zambada marcó el fin de la generación de narcotraficantes surgida tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Sus contemporáneos, como Amado Carrillo, los Beltrán Leyva y los Arellano Félix, han muerto o están encarcelados. De esa vieja guardia solo Aureliano Guzmán Loera, hermano de ‘El Chapo’, permanece libre.
El vacío de poder ha sido ocupado por una nueva generación de narcos, caracterizados por el uso de redes sociales y propaganda. La violencia actual responde a esa nueva lógica. Sin pactos duraderos ni liderazgos únicos, la disputa se ha extendido por todo el estado.
Zambada fue también propietario de múltiples empresas legales, como la lechería Santa Mónica. Su figura, aunque ausente, aún se percibe en relatos urbanos. Hay testimonios de quienes aseguran haber coincidido con él en restaurantes de Culiacán, donde les pagaba la cuenta a cambio del silencio. Otros recuerdan su devoción religiosa en celebraciones patronales.
Un año después de su caída, su imagen persiste como símbolo de un orden criminal que ya no existe. El futuro legal de Zambada es incierto. La violencia que desató su captura, sin embargo, es ya parte de la cotidianidad en Sinaloa.
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