Torreón, Coahuila, 12/03/26 (Más).- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito declaró improcedente el recurso de revisión promovido por 29 concesionarios de aguas que buscaban revertir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación orientada a proteger el Acuífero Principal de la Región Lagunera.
El litigio inició el 19 de septiembre de 2019 cuando un grupo de ciudadanos promovieron un juicio de amparo para proteger el acuífero de la laguna y garantizar el derecho humano a el agua.
En primera instancia su solicitud de amparo fue desechada, sin embargo impugnaron ante la Suprema Corte de justicia de la nación quien les dio la razón en 2022.
Para evitar que la resolución surtiera efecto, un grupo de concesionarios que explotan el agua del acuífero tramitaron un recurso ante el tribunal del octavo circuito, quien hoy, al desechar esa impugnación, dejó en firme la sentencia emitida por la Corte en 2022.
La resolución de la Suprema Corte, derivada del amparo en revisión 543/2022, reconoció que autoridades federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incurrieron en omisiones en la protección del acuífero de la Comarca Lagunera, pese a la situación de sobreexplotación que enfrenta este recurso hídrico.
Como parte de esa sentencia, el máximo tribunal ordenó a las autoridades adoptar medidas para preservar el acuífero, detener acciones que agraven la escasez del recurso y elaborar un programa conjunto para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento sustentable del agua en la región.
La resolución también establece que antes de otorgar nuevas concesiones o asignaciones de agua deberán realizarse evaluaciones de impacto ambiental que determinen la viabilidad sustentable de dichas autorizaciones.
En el pronunciamiento público sobre la resolución del tribunal colegiado, los promoventes del amparo, representados por Luis Pedroza y Gerardo Jiménez, reconocieron la actuación de las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma, al considerar que su decisión permite mantener vigente una sentencia orientada a proteger el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en la región lagunera.
Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por la postura del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, quien presentó un proyecto que proponía revocar la sentencia de la Suprema Corte. A su juicio, esa propuesta resultaba contraria al marco constitucional y legal aplicable.
En ese contexto, adelantaron que acudirán a los procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos del Tribunal de Disciplina Judicial para que se evalúe la actuación del magistrado conforme al marco institucional correspondiente.
Los promoventes también agradecieron el respaldo de académicos del Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del rector de la Universidad Iberoamericana Torreón y de más de dos mil personas que presentaron escritos de apoyo ante el tribunal colegiado para que la sentencia se mantuviera vigente. Según señalaron, ese respaldo refleja la importancia social, ambiental y jurídica de proteger el acuífero lagunero y garantizar el derecho humano al agua para la región.
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