Oaxaca, 02/05/25 (Más).- El asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Sandra Domínguez, ocurrido en abril de 2025, ha reavivado la alerta sobre la violencia que enfrentan activistas en Oaxaca, una de las entidades más letales para quienes defienden causas sociales en México. De acuerdo con el informe más reciente de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), de los 225 asesinatos de personas defensoras registrados en el país desde 2018, al menos 58 corresponden a activistas originarios de Oaxaca.
Sandra Domínguez, mujer mixe y activista, fue asesinada junto con su esposo Alexander Hernández. Ambos fueron localizados sin vida tras haber sido reportados como desaparecidos. Según declaraciones del activista Joaquín Galván, sus muertes fueron perpetradas por el crimen organizado, con presunta colusión de estructuras institucionales del gobierno estatal.
“Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Domínguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que lo facilitó”, señaló Galván en un comunicado difundido tras el hallazgo de los cuerpos.
El caso de Sandra se suma a un patrón persistente de violencia contra defensores de derechos humanos en Oaxaca. Educa ha documentado que las agresiones se concentran principalmente en regiones como la Mixteca, la Costa, la Sierra Sur, el Istmo y los Valles Centrales, con énfasis en la defensa del territorio y derechos políticos. Según su proyecto “Alas y Raíces”, desde diciembre de 2018, 58 defensores han sido asesinados y seis permanecen desaparecidos en el estado.
Uno de los casos recientes que generó indignación fue el asesinato de las hermanas triquis Adriana y Virginia Ortiz García, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), ocurrido el 6 de noviembre de 2024. Fueron asesinadas por sujetos que las atacaron en motocicleta. Ambas denunciaron el despojo de tierras y la desaparición de familiares desde 2007. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió una investigación y apoyo integral a los familiares, aunque hasta la fecha no se han reportado avances sustanciales.
Otro defensor asesinado fue Cristino Castro Perea, ambientalista de Barra de la Cruz e integrante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Fue acribillado el 28 de febrero de 2025, pese a que su comunidad fue reconocida como área natural protegida en 2023. Hasta ahora no hay responsables detenidos.
También fueron víctimas Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quienes fueron asesinados el 13 de febrero en Santo Domingo Petapa. Eran opositores al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un megaproyecto federal señalado por aumentar las agresiones contra defensores del territorio.
La vida de Sandra Domínguez estuvo marcada por su defensa activa de los derechos humanos. Litigó casos como el de Zayra Leticia Morales Loyola, joven desaparecida en Huajuapan; el feminicidio de Fanny Guadalupe López Nolasco, disfrazado de suicidio; y la suplantación de identidad de Pijy, una mujer indígena víctima de violación. Denunció en diversas ocasiones a funcionarios por la difusión de material íntimo sin consentimiento, entre ellos al delegado Donato Vargas Jiménez, cuyo paradero se desconoce.
La organización Educa subraya que los derechos más vulnerados en estos crímenes son los políticos y los relacionados con la defensa del territorio. Las cifras reflejan una problemática sistemática de violencia e impunidad, donde la presencia del crimen organizado, el desarrollo de megaproyectos y la negligencia institucional confluyen para colocar a Oaxaca como epicentro de agresiones letales contra defensores.
El asesinato de Sandra Domínguez permanece impune. Uno de los detenidos por su desaparición fue ejecutado y otra persona detenida resultó ser exelemento policial. Además, la familia ha denunciado campañas de criminalización y acoso por exigir justicia.
La vida de la activista mixe concluyó con violencia, pero su labor continúa resonando en las voces de quienes han denunciado su muerte como un crimen político. La demanda de justicia por Sandra, y por los 58 defensores asesinados en Oaxaca, persiste sin respuesta.
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