Usan la FGR para censurar a Mexicanos contra la Corrupción

La Fiscalía General de la República mantiene activa una investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por presuntas irregularidades en el cobro de una pensión post mortem otorgada tras la muerte de su esposo en 2004

Redacción Más

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que mantiene activa una investigación penal contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de atribuciones, derivado del cobro de una pensión post mortem otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004.

El caso, conocido como el expediente Márquez Padilla, fue judicializado desde el mes de septiembre de 2025, aunque su origen data de varios años atrás y ha cobrado nuevo impulso en el actual contexto político.

Según lo publicado por Infobae, la FGR aclaró que la indagatoria no se abrió recientemente, sino que forma parte de un proceso en curso que fue judicializado a finales del tercer trimestre de este año.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público Federal explicó que se encuentra en revisión la integración del expediente, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se haya llevado conforme a derecho. “El Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente», expresó la FGR en su cuenta oficial.

Esta investigación se inscribe en un contexto de tensión entre el Gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil que han denunciado presiones y uso político de las instituciones del Estado.

Tanto María Amparo Casar como MCCI han señalado que este caso representa un ejemplo de persecución política, debido a las constantes críticas que la organización ha emitido contra la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T). Casar ha sido una de las voces más visibles en temas de combate a la corrupción y rendición de cuentas.

El origen del conflicto se remonta al año 2004, cuando César Márquez Padilla, esposo de la académica y entonces trabajador de Pemex, falleció el 7 de octubre tras una caída desde el piso 12 del edificio A de la sede central de la paraestatal. Los peritajes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinaron en su momento que la causa fue un suicidio. Apenas doce días después, el 19 de octubre, fue solicitado el pago de la pensión post mortem, la cual comenzó a ser entregada a Casar desde enero de 2005.

Durante casi dos décadas, la pensión se pagó sin objeción. Sin embargo, en 2024, Pemex decidió suspender el pago, argumentando inconsistencias en el procedimiento mediante el cual se concedió la prestación. Ante esta medida, María Amparo Casar acudió a los tribunales y logró que un juez federal ordenara, de forma provisional, la reactivación de los pagos mientras no existiera una resolución firme que anulara su derecho. A partir de ese momento, el conflicto escaló a las vías civil, administrativa y laboral, y ahora ha ingresado a la esfera penal.

El resurgimiento del caso coincidió con declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su conferencia matutina acusó públicamente a Casar de haber obtenido “de manera no convencional” la pensión de su esposo, lo que desencadenó una nueva serie de acciones desde la FGR. La apertura formal de la investigación incluyó señalamientos no solo contra la presidenta de MCCI, sino también, según algunas versiones periodísticas, contra dos de sus hijos, quienes habrían tenido alguna participación en los trámites que permitieron obtener o mantener la pensión.

El caso ha sido interpretado por diversos analistas y defensores de derechos civiles como un ejemplo del uso de la justicia con fines políticos, especialmente porque se dirige contra una figura crítica del gobierno y al frente de una organización que ha documentado posibles actos de corrupción en los niveles más altos de la administración pública. MCCI, desde su fundación, ha promovido investigaciones periodísticas y jurídicas que han incomodado a distintos sectores del poder político.

A la fecha, el expediente continúa su curso legal y se encuentra en etapa de revisión. El proceso judicial ha derivado en audiencias penales, incluyendo una citación para María Amparo Casar ante un juez en el Reclusorio Oriente, donde se espera que responda formalmente a la imputación que se le hace. De forma paralela, se ha reportado que al menos dos exfuncionarios de Pemex también están siendo investigados en relación con este caso, lo que podría ampliar el alcance de la causa penal.

El fondo del caso –la legalidad o no del otorgamiento y mantenimiento de la pensión– deberá ser resuelto en tribunales y con base en pruebas documentales, periciales y administrativas. Dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso y de la jurisdicción que emita el fallo final, la imputación contra Casar podría confirmarse o ser rechazada.

Mientras tanto, el asunto ha captado la atención nacional e internacional, pues se discute tanto la validez de la pensión como el momento político en que se reabre el caso, lo que ha alimentado la percepción de que las instituciones están siendo utilizadas para inhibir voces críticas. La resolución de este expediente podría tener implicaciones más allá del ámbito jurídico, al colocarse en el centro del debate sobre el respeto al Estado de derecho y la independencia de las autoridades judiciales en México.